Lima, 23 de febrero de 2021. En el marco de las Elecciones Generales 2021 que, se realizarán el 11 de abril, Amnistía Internacional Perú hace pública una carta abierta a las candidatas y los candidatos pidiendo colocar la protección de los derechos humanos en el centro de las propuestas de política.
"Vivimos una crisis sanitaria, social y de legitimidad política sin precedentes, que nos muestra que los derechos de las personas no han estado en el centro de las políticas, y pone luces sobre décadas de exclusión social y desprotección de los grupos más vulnerables. Esto tiene que cambiar. Quienes resulten electos deben desplegar todos los recursos disponibles para garantizar la salud, la vida y la integridad de las personas". Dice Marina Navarro, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
La agenda básica, presentada por Amnistía Internacional, demanda poner énfasis en los siguientes puntos:
En un contexto de pandemia, Amnistía Internacional exhorta a los candidatos y las candidatas en estas Elecciones Generales a incorporar y priorizar en sus propuestas de campaña estos temas de derechos humanos, y de ser electas o electos, a que desplieguen todos los esfuerzos y recursos para hacerlos cumplir cabalmente.
De manera particular, y dada la gravedad de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, nuestros nuevos gobernantes deben garantizar que desplegarán los recursos suficientes para proveer de manera oportuna e integral los servicios y medicinas para la prevención y acceso a tratamiento en salud de todas las personas, a fin de salvaguardar el derecho a la salud. “Nadie debería morir por falta de oxígeno, camas hospitalarias o tratamiento médico. Asegurar el derecho a la salud implica que las autoridades maximicen todos los esfuerzos y destinen todos los recursos disponibles para la provisión oportuna a los servicios de salud”, sostuvo Navarro.
Con respecto a las vacunas contra la COVID-19, Amnistía Internacional exhorta a candidatas y candidatos, en caso sean electos, a garantizar que los acuerdos con las empresas farmaceúticas y los planes de vacunación sean públicos, de fácil acceso, y que incluyan a todas las personas, independientemente de su situación migratoria.