La última alerta temprana emitida el 24 de enero por la Defensoría del Pueblo advierte que en los municipios de Bojayá, Medio Atrato (Chocó) y Vigía del Fuerte (Antioquia) persiste y se agudiza el riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario debido a la “alta probabilidad de confrontación armada en territorio de las comunidades afrocolombianas pertenecientes al Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato –COCOMACIA y los resguardos indígenas de estos municipios”.
Hace 16 años la masacre de Bojayá marcó la historia violenta de Colombia cuando miles de personas fueron víctimas de un enfrentamiento entre las FARC y grupos paramilitares, sin que el Estado haya tomado medidas para evitarlo. Bojayá representa un caso emblemático de la falta de protección del Estado que comunidades que habitan en zonas de conflicto armado. En su momento, la Defensoría también emitió diversas alertas evidenciando la desprotección de comunidades afrodescendientes e indígenas del municipio, sin que el Estado tuviera una respuesta adecuada lo que dejó en estado de vulnerabilidad a las comunidades.
Actualmente, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, el conflicto armado ha recrudecido en esta zona. Las cifras de asesinatos, y desplazamientos forzados, entre otras violencias surgidas tras la firma del Acuerdo de Paz son evidencia de la re-victimización que vive esta zona. Con el anuncio de suspensión de la negociación entre el ELN y el gobierno anunciado hoy, las comunidades temen que el conflicto se intensifique en el departamento, poniendo en grave riesgo su vida e integridad.
Amnistía Internacional, en su reciente informe “Continúan los años de soledad: Acuerdo de paz y garantías de no repetición en El Chocó”, advirtió que el contexto de exclusión, olvido e invisibilidad de este territorio por parte del Estado Colombiano refuerza las condiciones de vulnerabilidad de estas comunidades, sin que medie una respuesta institucional integral, más allá de lo meramente militar.
Comunidades que habitan estas zonas han denunciado a Amnistía Internacional que estructuras paramilitares actúan en connivencia con el Estado, y esto ha permitido su reacomodación en la coyuntura de implementación territorial del Acuerdo de Paz.
“El Estado debe tomar medidas urgentes para que una masacre como la ocurrida en Bojayá en 2002 no se vuelva a repetir en Colombia. Las confrontaciones entre el ELN, grupos paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado continúan amenazando directamente a pueblos indígenas y afrodescendientes del país. La organización hace un llamado urgente para que se tomen medidas inmediatas de protección. Las poblaciones que viven en medio del conflicto armado exigen una respuesta integral del Estado. Esta grave situación no se puede invisibilizar bajo el manto de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC”, dijo Erika Guevara Rosas. Directora para las Américas de Amnistía Internacional.