El anuncio de un acuerdo de cese al fuego entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno colombiano constituye un paso adelante histórico en los esfuerzos por lograr una paz justa y sostenible en Colombia. Las negociaciones de paz deben garantizar que todos los responsables de abusos y violaciones graves de derechos humanos rinden cuentas. Así lo ha declarado Amnistía Internacional.

“Colombia está dando un paso más hacia el final de cinco décadas de conflicto armado que han destrozado millones de vidas”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Es imperativo que todas las partes enfrentadas cesen los ataques a civiles y otros delitos de derecho internacional, y que, durante las negociaciones de paz, las partes den prioridad a los derechos humanos y la rendición de cuentas.”

El cese al fuego se ha firmado para un periodo de cuatro meses, después del cual el gobierno colombiano y el ELN empezarán a debatir un posible acuerdo de paz.

La noticia se ha dado a conocer al mismo tiempo que se recibe nueva información sobre una creciente actividad paramilitar en zonas controladas históricamente por grupos guerrilleros, incluidos el ELN y las FARC (las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano hace casi un año.

Amnistía Internacional ha documentado la manera en que los enfrentamientos armados entre el ELN, los grupos paramilitares y las fuerzas del Estado en el departamento del Chocó, en el oeste de Colombia, han provocado un deterioro de la situación humanitaria de los pueblos indígenas wounaan y embera desde que se firmó el acuerdo de paz en noviembre de 2016.

El mes pasado, una mujer indígena murió al verse atrapada en el fuego cruzado. También se ha recibido información sobre reclutamiento forzado de niños indígenas, desplazamiento forzado y confinamiento, así como sobre la presencia de minas terrestres que han herido de gravedad a varios miembros de la comunidad.

“Todo acuerdo de paz que se alcance con grupos guerrilleros será inútil a menos que las autoridades colombianas garanticen que los grupos paramilitares dejan de actuar en el país. La disolución de los grupos paramilitares y el garantizar el pleno respeto de los derechos humanos deben ser una máxima prioridad en la agenda del gobierno colombiano”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas.