"Los delitos de quienes llevaron a cabo estos abusos, los ordenaron o se beneficiaron de ellos, aun cuando se trate de personas dedicadas al mundo de los negocios o a la política, no pueden ni deben descartarse de un plumazo."El modelo de justicia transicional que el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acordaron el año pasado contribuirá a garantizar en cierta medida verdad, justicia y reparación a algunas de las víctimas del conflicto.Sin embargo, muchas de sus disposiciones parecen incumplir el derecho y las normas internacionales relativos a los derechos de las víctimas. Por ejemplo, las penas previstas para quienes admitan responsabilidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad no reflejan la gravedad de tales delitos. Asimismo, la definición de la responsabilidad de mando podría permitir a muchos jefes de la guerrilla y de las fuerzas de seguridad eludir la acción de la justicia en casos de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por sus subordinados.Colombia ha avanzado mucho desde sus años más violentos. Sin embargo, continúan cometiéndose abusos y violaciones de derechos humanos contra comunidades marginadas, en particular contra las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como contra defensores y defensoras de los derechos humanos, como líderes comunitarios, sindicalistas y activistas del derecho a la tierra."La mayoría de estos ataques, muchos de ellos atribuidos a grupos paramilitares que continúan activos pese a su supuesta desmovilización hace un decenio, no se producen en el contexto de combates y a menudo son consecuencia de intereses económicos. Muchas de esas comunidades expuestas a sufrir ataques son precisamente las que luchan contra la explotación de sus tierras y territorios por negocios mineros, de infraestructura, industriales y agroindustriales", ha explicado Erika Guevara-Rosas.Poner fin a las hostilidades entre las fuerzas de seguridad estatales y las FARC podría no contribuir mucho a acabar con tales ataques si las autoridades no toman medidas efectivas para combatir a los grupos armados que atacan a civiles y llevar ante la justicia a quienes les prestan apoyo desde la administración del Estado, la política y el mundo empresarial."Para que un acuerdo de paz sea efectivo y duradero debe también aplicarse en estrecha consulta con las personas, grupos y comunidades que se han visto afectadas por este conflicto sangriento durante decenios. De lo contrario, será poco más que meras palabras sobre el papel", ha añadido Erika Guevara-Rosas.Los derechos humanos en Colombia en 10 cifras7,9 millones: víctimas del conflicto armado, casi la mitad de ellas mujeres. (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, septiembre de 2016)6,9 millones: víctimas de desplazamiento forzado. (UARIV)267.000: homicidios relacionados con el conflicto, en su mayoría de civiles. (UARIV)4.392: víctimas de posibles ejecuciones extrajudiciales registradas por la Fiscalía General de la Nación (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, marzo de 2016).46.386: víctimas de desaparición forzada (UARIV).29.622: secuestros (UARIV).11.062: víctimas de minas terrestres antipersonal y artefactos explosivos no detonados (UARIV)8.022: niños y niñas soldados utilizados por los paramilitares y la guerrilla. (UARIV)63: defensores y defensoras de los derechos humanos víctimas de homicidio en 2015, entre ellos líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Cincuenta y dos en los nueve primeros meses de 2016. (Programa Somos Defensores).20: miembros de sindicatos víctimas de homicidio en 2015 (Escuela Nacional Sindical).