El nuevo gobierno de Colombia debe garantizar la independencia del sistema de justicia del país, permitiéndole que haga comparecer ante la justicia a los responsables de los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el largo conflicto armado que afecta a Colombia, ha declarado hoy Amnistía Internacional.Juan Manuel Santos tomará posesión como presidente de Colombia el 7 de agosto, tras su arrolladora victoria en la segunda vuelta de las elecciones, el 20 de junio."Para que quienes cometen abusos contra los derechos humanos respondan ante la justicia, también es necesario que se adopten medidas urgentes para poner fin a los homicidios y amenazas contra testigos, abogados, jueces, defensores y defensoras de derechos humanos y fiscales que intervienen en casos de derechos humanos", ha declarado Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional.Un informe de la ONU sobre Colombia hecho público este año concluía que en los últimos 15 años habían perdido la vida al menos 300 personas que participaban en investigaciones judiciales.Amnistía Internacional ha documentado los homicidios, en su mayoría a manos de paramilitares, de al menos ocho defensores y defensoras de derechos humanos y 39 sindicalistas durante 2009."El nuevo gobierno tiene la oportunidad de alejarse de la hostilidad que mostraba el gobierno saliente hacia los defensores y defensoras de derechos humanos y de poner fin a la cultura de impunidad que ha permitido que quienes cometen abusos eludan la acción de la justicia", ha afirmado Marcelo Pollack.Amnistía Internacional también ha pedido al gobierno que resista a la tentación de menoscabar la capacidad de los tribunales civiles de investigar a personal de las fuerzas de seguridad implicado en violaciones de derechos humanos, algo que sugirió hace apenas unos meses el gobierno saliente.En los últimos años, las fuerzas de seguridad colombianas han estado implicadas en miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles. La mayoría de los perpetradores aún no han sido juzgados por estos homicidios."Si el nuevo gobierno desea realmente acabar con la impunidad, debe poner fin a la campaña del gobierno anterior para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia, que ha enjuiciado con éxito a algunas personas vinculadas a los paramilitares que cometen violaciones de derechos humanos", ha manifestado Marcelo Pollack."También se ha de condenar a los grupos guerrilleros por sus ataques contra la población civil. Estos grupos deben adoptar medidas de una vez por todas para poner fin a los abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario que cometen sus combatientes."La situación que viven los pueblos indígenas, así como la de los afrocolombianos y campesinos sigue siendo crítica.Amnistía Internacional ha documentado el homicidio de al menos 114 indígenas en 2009, a manos de la guerrilla, las fuerzas de seguridad y los paramilitares."El creciente aumento de los homicidios de líderes de comunidades desplazadas, que hacen campaña por la devolución de las tierras que les han robado los grupos paramilitares, ha suscitado especial preocupación, y hay que adoptar medidas urgentes para proteger a estos líderes", añadió Marcelo Pollack."El nuevo gobierno debe dejar claro asimismo que la defensa de los derechos humanos no constituye una amenaza para la seguridad del Estado. Una declaración pública inmediata en la que se reafirme la legitimidad de la labor de los defensores y defensoras de estos derechos contribuiría a mitigar el temor de que estos activistas sigan sufriendo hostigamiento y estando sin protección".El nuevo gobierno debe garantizar también que se refuerza el programa de protección para defensores y defensoras de derechos humanos, del Ministerio del Interior, a fin de asegurar su eficacia.La actuación del gobierno del presidente Álvaro Uribe se vio empañada por sus reiterados esfuerzos para desprestigiar a los defensores vinculando falsamente la labor a favor de los derechos humanos con el apoyo a los grupos guerrilleros, lo que puso en peligro la seguridad de estos defensores y menoscabó su capacidad para defender los derechos humanos.Amnistía Internacional también pide:• Que el nuevo gobierno anuncie rápidamente un plan con objetivos, parámetros de referencia y un calendario, para implementar todas las recomendaciones en materia de derechos humanos formuladas hace tiempo por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los órganos de vigilancia de los tratados y procedimientos especiales de la ONU, así como los formulados por el sistema interamericano de derechos humanos.• Que el nuevo gobierno garantice la renovación del mandato íntegro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que expira a finales de octubre de 2010.• Que los grupos guerrilleros y las fuerzas de seguridad respeten el derecho de la población civil a no verse involucrada en las hostilidades. Todas las partes del conflicto vienen siendo responsables de abusos como homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas o secuestros y desplazamientos forzosos.