Un año después de la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), otros grupos guerrilleros y paramilitares se disputan el control de varias zonas del país afectando los derechos humanos de la población civil colombiana; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que ha publicado hoy.

En Continúan los años de soledad se analizan los escasos efectos que el Acuerdo de Paz colombiano, firmado el 24 de noviembre de 2016, está teniendo en la vida de decenas de comunidades indígenas y afrodescendientes en el departamento del Chocó, donde el 60% de los residentes son víctimas registradas del conflicto armado.

El Acuerdo de Paz se concibió para poner fin a un conflicto armado entre las partes de más de 50 años y que ha causado la muerte de más de 220.000 colombianos y colombianas y el desplazamiento de casi 7 millones de personas.

“Aunque haya disminuido el número de muertes de civiles desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC, el conflicto armado sigue siendo en gran medida una realidad para millones de personas en todo el país”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“En departamentos como el Chocó, la presencia del estado es débil y comunidades enteras han quedado a merced de otros grupos guerrilleros y paramilitares. Todavía queda mucho por hacer para que el proceso de paz suponga alguna diferencia real en la vida de las personas.”

“Colombia se encuentra en una gran encrucijada. Si el gobierno no aprovecha esta oportunidad para proteger a las comunidades que llevan tanto tiempo sufriendo el terror de los grupos armados,  el futuro seguirá siendo sombrío. Lo que deberían hacer las autoridades es garantizar la aplicación adecuada del Acuerdo de Paz así como la adopción de medidas adicionales que consigan que los otros grupos guerrilleros y paramilitares dejen de aterrorizar a la gente.”

Amnistía Internacional visitó varias localidades del departamento del Chocó, en el oeste de Colombia, una zona rica en recursos que sufre los ataques de grupos armados, y habló con miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes sobre cómo afectaba  sus vidas la lenta implementación del Acuerdo y la presencia de otros grupos armados en su territorio, aunado a la ausencia del Estado. Algunas conclusiones de nuestra investigación:

• Miles de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares por temor a los diversos grupos armados que actúan en la zona. Las comunidades indígenas y afrodescendientes internamente desplazadas están especialmente expuestas, ya que han tenido que dejar atrás sus medios de subsistencia sin protección ni apoyo del Estado.
• En algunos casos, las comunidades se desplazaron a zonas peligrosas situadas en las proximidades, con frecuencia a alojamientos abarrotados, sin acceso a agua corriente, sin comida suficiente y sin perspectivas de volver a sus territorios.
• Defensores y defensoras de los derechos humanos y dirigentes comunitarios que han denunciado los abusos han sido amenazados o incluso asesinados. Una de las víctimas más recientes es Aulio Isaramá Forastero, gobernador indígena del Chocó, presuntamente asesinado por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) la noche del 24 de octubre.
• También hay informes sobre la persistencia de la violencia de género en la zona, aunque muchas mujeres y niñas temen hablar públicamente de los abusos.

*“Si [el Acuerdo de Paz] fuera veraz, no habría grupos armados en nuestra tierra. El gobierno llega a un acuerdo con las FARC pero, ¿qué pasa con el ELN, y con los paramilitares? El propio ejército, cuando acude al territorio, hace daño a la población indígena”, dijo una indígena que ha sufrido desplazamiento forzado en el Chocó.

El 2 de mayo de 2002, casi 120 civiles, en su mayoría menores de edad, perdieron la vida en una de las peores masacres que se han cometido durante una confrontación armada entre las FARC y los paramilitares por el control de territorios, en el municipio de Bojayá, en el Chocó. Las organizaciones locales culpan también a las autoridades por no haber hecho caso de los numerosos informes de abusos procedentes de las comunidades locales años antes de la masacre.

Quince años después, las comunidades siguen estando a merced de los grupos armados, entre ellos el ELN y los grupos paramilitares, y se sienten abandonadas por el Estado, que no ha tomado medidas suficientes para garantizar su seguridad frente a los grupos que actúan en la zona y que no se repitan los abusos.

“Las múltiples dificultades que entraña implementar este Acuerdo de Paz no pueden servir de excusa al Estado para no tomar medidas encaminadas a hacerlo efectivo y a mantener a salvo a la población civil”, ha manifestado Salil Shetty.

“La única forma de garantizar que no vuelvan a cometerse estos crímenes, es aplicar debidamente todas las medidas incluidas en el Acuerdo de Paz dirigidas a proteger a las víctimas. Invertir más recursos en las unidades responsables de proteger a la población local, investigar los abusos y reconocer públicamente que los grupos paramilitares continúan activos en la zona serían primeros pasos muy acertados.”