Las prácticas evidenciadas en el nuevo informe Cali: En el epicentro de la represión —que incluyen uso de armas letales contra manifestantes, uso excesivo e ilegítimo de armas menos letales como gases lacrimógenos, detenciones ilegales y torturas— son un reflejo de cientos de denuncias hechas por manifestantes, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y demuestran un modus operandi llevado a cabo a lo largo del país, dijo Amnistía Internacional hoy.

“Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas. Bajo la justificación del restablecimiento del orden, cientos de personas sufrieron lesiones terribles y decenas de jóvenes perdieron la vida. Lo acontecido en Cali es la manifestación de la respuesta violenta de las autoridades y los verdaderos objetivos detrás de esta represión: infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen vivir en un país más justo”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, se encuentra en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno y donde proliferan los actores armados diversos que continúan dejando miles de personas desplazadas y asesinadas. Es la segunda ciudad con mayor población Afrodescendiente en Latinoamérica y se caracteriza por la desigualdad, la exclusión y el racismo estructural. Este contexto ha sido el detonante de que Cali concentre el mayor número de protestas, pero también de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión.

Desde el 28 de abril, se han presentado manifestaciones multitudinarias en Cali, en el marco del “Paro Nacional”. En esta ciudad se concentran las más graves denuncias de la represión violenta sufrida por jóvenes manifestantes a manos de la fuerza pública y de grupos de civiles armados, y las autoridades continúan restringiendo el derecho a la protesta pacífica hasta la fecha.

Amnistía Internacional realizó una exhaustiva verificación digital de material audiovisual, que da cuenta del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de agentes de Policía Nacional, en particular, de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Asimismo, la organización documentó actos de paramilitarismo urbano cometidos por civiles armados, quienes acompañaron a agentes de la Policía Nacional y, con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos. 

El informe analiza tres acontecimientos específicos que acumularon diversos casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en Cali. El primero ocurrió el 3 de mayo, cuando, en una incursión denominada “Operación Siloé”, agentes de Policía Nacional, en conjunto con agentes del ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia (GOES), usaron armas letales, como fusiles Tavor 5.56 mm, contra manifestantes pacíficos. Esa noche se registraron al menos tres muertes por herida de arma de fuego, incluyendo la del joven Kevin Agudelo, cientos de personas lesionadas y varias detenciones arbitrarias. 

El segundo evento analizado fue el ataque contra la Minga Indígena, llevado a cabo por civiles armados, en presencia de agentes de la Policía Nacional el 9 de mayo. Ese día resultaron heridas 11 personas indígenas, entre ellas la defensora de derechos humanos indígena Daniela Soto.

Por último, se presentan los hechos ocurridos el 28 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional usaron fuerza excesiva en coordinación con civiles armados y atacaron a los manifestantes en el barrio aledaño a la Universidad del Valle. Ese día una decena de jóvenes manifestantes, entre ellos Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, fueron golpeados y detenidos por civiles armados, quienes luego los entregaron a la Policía Nacional. Álvaro y Sebastián denunciaron haber sido sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos durante esa detención ilegal.

En el caso de Siloé, se recurrió de forma ilegítima y excesiva al uso de gases lacrimógenos – incluso contra manifestantes pacíficos que no tenían por donde dispersarse, a través de Venom, un sistema inapropiado para ser usado en operaciones de mantenimiento del orden público.

Los hechos documentados no fueron aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento por parte de las autoridades colombianas, quienes han respondido a la protesta con estigmatización, criminalización, represión policial ilegal y militarización. Cuando el presidente Iván Duque decretó la militarización de varias ciudades del país, incluyendo Cali, el 28 de mayo, lejos de dar un mensaje de diálogo, avivó las protestas al mandar a las calles cuerpos militares con más de seis décadas de formación para el conflicto armado.

Ante el anuncio de movilizaciones para el 20 de julio y la celebración de la Asamblea Nacional Popular, integrada por personas, colectivos y movimientos del Paro Nacional, en diferentes ciudades del país, incluyendo Cali, la Gobernación del Valle del Cauca dictó medidas restrictivas de movilidad de transporte y/o personas para ingresar al departamento del 16 al 22 de julio, limitando así el derecho a la protesta pacífica.

El informe destaca las recientes observaciones de la visita a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y llama al Estado a cumplir con sus recomendaciones, así como a cooperar con y no obstaculizar la labor del recientemente creado Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia de la CIDH.

El informe insta a las autoridades colombianas a dar con prontitud una orden inequívoca de detener la represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad. Esto incluye la interdicción del uso de armas letales como medio de dispersión de multitudes y el uso de gases lacrimógenos contra reuniones pacíficas y/o de forma que implique un riesgo de causar daños excesivos e injustificados —de acuerdo con las 30 reglas para el uso de sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley que Amnistía Internacional publicó esta semana.

Asimismo, se deben iniciar investigaciones diligentes, independientes e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto del Paro Nacional, concretamente, en la ciudad de Cali y los casos presentados en el informe, tomando en cuenta todas las responsabilidades dentro de la línea de mando de la fuerza pública, así como en la participación de personas civiles armadas con su tolerancia. No debe prevalecer la impunidad ante estos graves delitos.

El 12 de julio Amnistía Internacional solicitó información sobre los tres casos documentados en el informe al Ministro de Defensa, al Director General de la Policía Nacional y al Fiscal General de la Nación, a fin de recibir sus comentarios en un plazo de diez días e incluirlos en el informe. El 23 de julio el Juez 158 de Instrucción Penal Militar envío su respuesta con información sobre investigaciones iniciadas bajo esa jurisdicción. Al 23 de julio, fecha de cierre del informe, no se ha recibido respuesta de las demás autoridades.

El 19 de julio el presidente Duque presentó públicamente “el proceso de transformación integral de la Policía Nacional” que, según indicó, tiene como sus pilares la priorización del enfoque de derechos humanos. A pesar de este anuncio, el 20 de julio Amnistía Internacional recibió reportes de agentes del ESMAD haciendo uso ilegal de la fuerza durante las protestas en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, resultando en varias personas manifestantes heridas.

“En Amnistía Internacional esperamos que el proceso de reforma policial, anunciado por el presidente Duque, no sea solo una promesa de papel, sino que incluya las reformas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 y un cambio en el modus operandi represivo de la Policía Nacional frente a las manifestaciones pacíficas”, dijo Erika Guevara Rosas.