Ilustraciones de la campaña 'Stop Torture' de Amnistía Internacionales que muestran algunos instrumentos cuyo uso para torturar ha sido documentado en diversos países del mundo. Con motivo del reciente 30º aniversario de la Convención contra la Tortura de la ONU, Amnistía Internacional pide a los Estados que no obstaculicen los esfuerzos para prevenir esta práctica atroz y cumplan el compromiso de erradicarla que han contraído en virtud del derecho internacional.
Aunque han ratificado la Convención 156 Estados, sigue habiendo un gran número de países que practica la tortura y dificulta los esfuerzos encaminados a su prevención, vigilancia, investigación y enjuiciamiento.
"Es indignante que la aborrecible práctica de la tortura siga estando viva en tantos Estados. Demasiados gobiernos se esfuerzan por ocultar esta práctica y entorpecer a quienes tratan de prevenirla", declaró Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
"Los Estados deben prevenir y castigar el uso de la tortura, y permitir la vigilancia independiente y efectiva de todos los centros de detención."
Falta de cooperación y denegación de acceso
La adopción de la Convención contra la Tortura hace tres decenios incluyó la creación del Comité contra la Tortura, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención por los Estados. Estos deben facilitar cada cuatro años información sobre las medidas que han adoptado para aplicar la Convención. Aunque muchos han cumplido esta obligación, 27 Estados no han informado nunca y otros 44 se han retrasado en la presentación de su informe.
Del mismo modo, sólo 76 Estados han ratificado un tratado crucial, el Protocolo Facultativo de la Convención, que hace posible que tanto los observadores de la ONU como los nacionales visiten los centros de detención.
El mes pasado, Azerbaiyán impidió el acceso a los observadores a pesar de que ha firmado el Protocolo.
El relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes también ha tenido dificultades para acceder a centros de reclusión y ha sufrido los impedimentos de las autoridades. Uzbekistán, donde la tortura es una práctica generalizada y habitual, ha ignorado las reiteradas peticiones de que expida una invitación al relator para que visite el país. En 2014, Tailandia y Bahréin aplazaron dos visitas previstas. Durante la reciente visita a Gambia, se le negó el acceso a determinadas partes de un centro de detención.
Además, el relator especial tuvo que declinar una invitación de Estados Unidos para que visitara el centro de detención de Guantánamo después de que el gobierno estadounidense impusiera ciertas condiciones, como no entrar en determinadas zonas ni hablar con los detenidos en privado.
La campaña Stop Tortura de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional lleva luchando más de 50 años para erradicar la tortura. Este año ha lanzado una campaña global en la que pide a los gobiernos que apliquen realmente salvaguardias efectivas contra la tortura y otros malos tratos, como el acceso sin demora de los detenidos a abogados, familias y tribunales, la vigilancia de los interrogatorios, inspecciones independientes de todos los centros de detención, investigaciones independientes y efectivas de las denuncias de tortura, el enjuiciamiento de los sospechosos y la reparación debida para las víctimas.
La campaña se centra en cinco países donde la tortura es persistente y Amnistía Internacional considera que los cambios en el ámbito nacional permiten lograr mejoras significativas: México, Filipinas, Marruecos y el Sáhara Occidental, Nigeria y Uzbekistán.
Cambios positivos
Aunque queda mucho camino que recorrer, ya hemos presenciado algunos cambios positivos en algunas cuestiones pendientes.
El Senado filipino abrió una investigación sobre torturas policiales al día siguiente de que Amnistía Internacional presentara su informe Above the Law: Police Torture in the Philippines, el 4 de diciembre.
En noviembre de 2014, el gobierno marroquí ratificó el Protocolo Facultativo; ahora dispone de 12 meses para crear un mecanismo nacional efectivo para vigilar los centros de detención.
En Nigeria, un proyecto de ley que penaliza la tortura ha llegado ya hasta el Senado en su tramitación ante el poder legislativo.
Gracias en parte a la presión de Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo aprobó en octubre una resolución en la que pedía a Uzbekistán que erradicase la tortura y permitiera una visita del relator especial de la ONU.
"Desde la presentación de nuestra campaña Stop Tortura en mayo de 2014, Amnistía Internacional ha movilizado a un millón de personas para que actúen contra la tortura. Confiamos en que juntos podamos contribuir a obligar a los gobiernos a que cumplan las promesas que hicieron hace 30 años. Haremos todo lo posible para que los torturadores respondan de sus actos y para poner fin a esta práctica atroz de una vez", declaró Salil Shetty.