Américas: Los Estados pueden vencer al COVID-19 adoptando programas de vacunación que cumplan 10 imperativos de derechos humanos
El comienzo de la vacunación contra la COVID-19 ha generado esperanza en una región que ya atravesaba múltiples crisis de derechos humanos, muchas de ellas agravadas por la pandemia. Un año después del inicio de los confinamientos en América Latina y el Caribe, los gobiernos deben aprovechar la oportunidad de la vacunación para reducir las desigualdades, no para aumentarlas
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Ante las elecciones presidenciales y legislativas previstas en varios países de la región en 2021, el informe advierte que las presiones políticas y la corrupción podrían afectar el acceso a las vacunas y el derecho universal a la salud. Asimismo, insta a los gobiernos a realizar amplias consultas a la hora de diseñar sus programas de vacunación y a garantizar que ni los grupos de riesgo —como el personal sanitario y las personas de edad avanzada— ni los grupos discriminados y marginalizados —como la población de pueblos Indígenas, afrodescendiente, migrante y refugiada o las personas privadas de su libertad— se queden atrás en la recepción de vacunas.
En un escenario electoral en el país, los planes de vacunación no deben ser usados con fines políticos. La salud es un derecho humano que en ninguna circunstancia debe ser socavada por la política. Estos planes deben ser transparentes, para lograr un proceso de vacunación justo, oportuno y adecuado.
Marina Navarro, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Perú
Amnistía Internacional pide a los Estados que garanticen el acceso a la información y la transparencia, ya que son fundamentales para un programa de vacunación adecuado. Las empresas farmacéuticas, aunque están suministrando vacunas esenciales, también han socavado la transparencia de las negociaciones con los países de la región, con posibles repercusiones en el acceso universal a las vacunas. Además de realizar más de dos docenas de entrevistas, la organización solicitó a 17 países datos concretos de las negociaciones y contratos de sus gobiernos con empresas farmacéuticas. Aunque siete respondieron a la solicitud, sus respuestas no fueron completas.
“En el contexto de la escasez mundial de suministros de vacunas, la transparencia y la rendición de cuentas sobre el diseño y la producción, adquisición y distribución de las vacunas son primordiales. Las empresas farmacéuticas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos con arreglo al derecho internacional, que requiere a los agentes privados a adoptar medidas proactivas para prevenir violaciones de derechos humanos, a compartir su conocimiento y tecnología para que el número de dosis de vacunas disponibles sea el máximo posible, y a trabajar conjuntamente para garantizar acceso inmediato a unas vacunas vitales a las personas que corren mayor riesgo frente a la COVID-19 en todos los países”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.
Al momento de redactarse este informe, 13 países de la región habían hecho públicos sus programas nacionales de vacunación. Muy pocos habían consultado con personas expertas, comunidades y sociedad civil durante la fase de diseño, y algunos no habían tenido en cuenta a las poblaciones de riesgo. Aunque los programas de estos 13 países dan prioridad a la vacunación del personal sanitario que trabaja en primera línea, Amnistía Internacional ha recibido informes de México, Perú y Brasil según los cuales se está vacunando a personal hospitalario administrativo o directivo antes que a trabajadores y trabajadoras en primera línea que tratan directamente con pacientes de COVID-19. Solo seis países tienen registros razonablemente actualizados —desglosados por género, profesión, ubicación y otros datos— sobre el número de trabajadores y trabajadoras de la salud que han contraído la COVID-19 durante la pandemia. Varios países enfrentan una grave escasez de personal sanitario: el número de personas médicas y enfermeras per cápita es muy inferior al umbral que la OMS considera como mínimo necesario para ofrecer servicios de salud básicos en los países más pobres del mundo.
“Las escandalosas deficiencias en dotación de personal, registro y protección del sector sanitario en América Latina demuestran una vez más que el crecimiento económico en muchos países no se ha traducido en el fortalecimiento de derechos sociales ni en un sistema de atención de la salud más robusto. No puede haber un potente esfuerzo de vacunación si no se protege bien al personal sanitario y los sistemas de salud”, ha afirmado Erika Guevara Rosas.
Si bien muchos gobiernos han prometido públicamente que las vacunas de COVID-19 serán gratuitas para toda la población, solo nueve de los 17 países incluidos en el informe lo han confirmado formalmente en sus programas oficiales o han aprobado la normativa correspondiente. Mientras tanto, miembros del sector privado de varios países han intentado comprar vacunas directamente a los fabricantes, posiblemente creando planes de vacunación paralelos que socavarían la equidad en su administración.
“Los Estados deben cumplir su deber de garantizar que las vacunas sigan siendo gratuitas en el lugar donde se prestan los servicios de salud. Los gobiernos deben prohibir por ley su compra directa por particulares y considerar la posibilidad de sancionar a individuos y organizaciones privadas que eludan el programa de vacunación nacional u obstruyan indebidamente las medidas del Estado para garantizar un acceso equitativo a las vacunas. Las poblaciones en situación de mayor riesgo necesitan la vacuna primero”, concluye Erika Guevara Rosas.
Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con Duncan Tucker: +52 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org
Perú: Cecilia Niezen +511 997945826, c.niezen@amnistia.org.pe
