Los grupos de familias, integrados también por numerosas personas jóvenes y niños y niñas pequeños, que huyen de la violencia, la pobreza y la persecución en Centroamérica no son un fenómeno nuevo.

Desde hace varios años, numerosas personas han abandonado Honduras, El Salvador, Guatemala y otros países huyendo hacia el norte, en dirección a Estados Unidos.

Se juntan en grupos para realizar el peligroso y extenuante viaje a través de México. Algunas viajan con sus hijos e hijas. Muchas buscan obtener protección como refugiadas en Estados Unidos o México.

No obstante, el clima hacia las personas migrantes y refugiadas se ha deteriorado drásticamente bajo el gobierno de Trump, que ha separado a niños y niñas de sus padres y madres solicitantes de asilo,amenazado con cerrar la frontera sur a las personas centroamericanas y propuesto pagar millones de dólares al gobierno mexicano para que expulse a migrantes irregulares, entre otras políticas hostiles.

 

La BBC informó de que, el 12 de octubre de 2018, unas 160 personas se reunieron en una estación de autobuses de la ciudad hondureña de San Pedro Sula para emprender su largo viaje hacia el norte; un viaje que llevaban más de un mes planeando.

Cuando el grupo se puso finalmente en marcha durante la madrugada del 13 de octubre, ya se habían unido a él al menos otras 1.000 personas. El grupo continuó aumentando y entró en México el 19 de octubre. Desde entonces, muchos otros grupos lo han seguido.

 

Las estimaciones varían considerablemente, pues hay personas que regresan a sus casas mientras otras se unen a grupos existentes o forman grupos nuevos.

Es difícil calcular el tamaño total de las distintas caravanas que actualmente atraviesan México en dirección al norte. Según cálculos de Amnistía Internacional del 12 de noviembre basados en declaraciones oficiales, estimaciones de municipios, organizaciones internacionales y la sociedad civil, el número total de personas que forman las caravanas es de entre 8.000 y 10.000.

Organizaciones internacionales especializadas en derechos de la infancia han calculado que al menos una de cada cuatro personas integrantes de la primera caravana que entró en México era un niño o niña.

Muchas personas migrantes y refugiadas han optado por formar caravanas, en lugar de atravesar México solas, porque temen ser secuestradas por traficantes de personas, caer en manos del crimen organizado o los cárteles de la droga, o sufrir abusos por la policía o el ejército.

 

Estas caravanas están formadas por personas que por diferentes razones se han visto obligadas a abandonar sus hogares y a sus familias. Son personas que huyen en busca de un lugar más seguro en el que vivir: estudiantes, pequeños comerciantes, mujeres y hombres que trabajan como panaderos, conductores de autobús, vendedores de periódicos o camareros, padres y madres con hijos e hijas pequeños.

Muchas toman la desoladora decisión de marcharse en lugar de vivir con el terrible temor de ser la siguiente víctima de la violencia. Honduras, por ejemplo, tiene uno de los mayores índices de asesinatos de América Latina y del mundo. Su índice de asesinatos es un 800% más alto que el de Estados Unidos.

Otras personas se van tras ser amenazadas de muerte por negarse a pagar la extorsión a redes delictivas violentas, conocidas como “maras”, que controlan el territorio y los recursos en países como El Salvador y Honduras. En estos países pequeños, de apenas el tamaño de los estados de Nueva Jersey y Arizona, respectivamente, es especialmente difícil escapar del control de las maras.

La ausencia de protección gubernamental, la pobreza y la precariedad son otros factores que impulsan a la gente a abandonar sus hogares.

 

Tanto si hacen el camino a pie como si toman un autobús o se suben a un camión haciendo autoestop, las personas centroamericanas se enfrentan a un penoso viaje de varias semanas y varios cientos de kilómetros para llegar a Estados Unidos.

Con la prisa de avanzar, varias personas se resbalaron desde vehículos a los que se habían subido y fueron atropelladas, según informes.  En varios momentos, también se han enfrentado a gas lacrimógeno de las fuerzas de seguridad y a amenazas de deportación por gobiernos regionales. Algunas han sido devueltas a sus países contra su voluntad, a menudo infringiendo el derecho internacional.

Las quemaduras del sol, la deshidratación y la falta de agua potable y saneamiento son riesgos constantes. En un estadio deportivo de Ciudad de México que ha ofrecido una escala a miles de personas, muchas han solicitado tratamiento para ampollas en los pies, infecciones respiratorias, diarrea y otras dolencias.

Las difíciles condiciones han movido a algunas de las comunidades más pobres de México a realizar acciones inspiradoras, como abrir sus puertas a las personas migrantes y refugiadas, ofrecerles cobijo, tratamiento médico y donaciones. En Ciudad de México, centenares de empleados y empleadas municipales y de personas voluntarias les han entregado alimentos, agua, pañales y otros productos básicos.

 

Desde su elección en 2016, el presidente Trump ha demonizado de forma habitual a las personas solicitantes de asilo tachándolas de “delincuentes” o las ha acusado de aprovecharse de “vacíos legales” del sistema de inmigración —en referencia al proceso de asilo— y ha amenazado con tomar una serie de medidas hostiles para “pararlas”, incluida la construcción de un muro a lo largo de sus 3.200 kilómetros de frontera con México.

Sin embargo, en la práctica, el gobierno ha intentado desmantelar el sistema de asilo estadounidense mediante la adopción de políticas y prácticas que incluyen las expulsiones masivas ilegales de solicitantes de asilo en la frontera con México; la disgregación ilegal de miles de familias mediante la separación de los hijos e hijas de sus progenitores; la limitación de los lugares y tiempos en que se puede solicitar asilo y el creciente recurso al uso de la detención arbitraria e indefinida de personas que buscan protección.

Todas estas prácticas infringen el derecho internacional.

En virtud del derecho internacional, toda persona que llegue a suelo estadounidense o intente entrar en territorio estadounidense para solicitar asilo debe ser autorizada a hacerlo, y a que su caso sea examinado por las autoridades. Estados Unidos no puede prohibir la entrada de solicitantes de asilo de ciertos países, y no puede devolver a personas a países en los que su vida o su seguridad podrían correr peligro.

Las autoridades de Estados Unidos deben poner fin al tratamiento hostil de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo y dejar de ver como una amenaza a quienes integran las caravanas. Se trata de un desplazamiento de personas y familias que, de la primera a la última, merecen seguridad.