El 4 y el 8 de octubre, Rosario Huayanca Zapata y el padre José Manuel Miranda Azpiroz, defensor y defensora peruanos de los derechos humanos, recibieron una serie de amenazas de muerte. La policía no les ha ofrecido protección, y sus vidas pueden correr peligro.
No se requieren más acciones. Conseguimos el objetivo http://www.amnistia.org.pe/2012/12/03/ica-brinda-proteccion-a-defensores-de-ddhh/
El 4 de octubre, el hermano de
Rosario Huayanca Zapata recibió una llamada telefónica en la que, según los informes, un desconocido pidió hablar con Rosario Huayanca Zapata. Cuando el hermano le dijo que Rosario no vivía allí, el hombre respondió: "dígale a Rosario Huayanca Zapata que llamó la muerte", y colgó.Ese mismo día, el guardia de seguridad de la oficina del Comité de Derechos Humanos (CODEH) en la región de Ica, Perú, encontró un sobre bajo un banco en la zona de espera de la oficina. El sobre iba dirigido a Rosario Huayanca Zapata y el
padre José Manuel Miranda Azpiroz. En su interior había cuatro balas y el siguiente mensaje (reproducido aquí textualmente): "este es un aviso la prosima va al cuerpo, I también para el padre $30, mil ote mueres".El 8 de octubre, otros familiares de Rosario Huayanca Zapata -incluido su hermano- recibieron nuevas llamadas telefónicas. En una de ellas, un hombre que quería hablar con Rosario Huayanca dijo: "su cabeza esta comprada y la van a matar".Rosario Huayanca Zapata y el padre José Manuel Miranda Azpiroz creen que las amenazas están relacionadas con su trabajo en el Comité de Derechos Humanos. Han denunciado las amenazas ante la policía, y parece que se ha abierto una investigación. Sin embargo, la policía se ha negado a ofrecerles protección porque no han podido identificar a la persona responsable de las amenazas.
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Señor DoctorWILFREDO PEDRAZA SIERRAMinistro del InteriorDe nuestra consideraciónLe escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por la situación de la periodista Rosario Huayanca Zapata y el Padre José Manuel Miranda Azpiroz, integrantes del CODEHICA (Comité de Derechos Humanos de Ica), quienes han recibido una serie de amenazas de muerte, como llamadas telefónicas y la entrega de varias balas en un sobre.El CODEHICA es una prestigiosa institución de derechos humanos que recientemente ha denunciado una serie de hechos graves en los que estarían involucradas autoridades locales y grupos empresariales.Le instamos señor Ministro a disponer que la Policía Nacional tome las medidas necesarias para que se investiguen estas amenazas y que Rosario Huayanca y José Manuel Miranda reciban protección adecuada, conforme a sus propios deseos; Queremos recordar a las autoridades peruanas que los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen derecho a llevar a cabo sus actividades sin restricciones injustas y sin temor a represalias. Durante las anteriores gestiones en el Ministerio del Interior, lamentablemente, los ataques desde las Fuerzas Policiales hacia los defensores de derechos humanos han sido frecuentes: tenemos el caso de Jaime Borda y Romualdo Ttito, integrantes de la Vicaría de Sicuani, detenidos arbitrariamente y golpeados en el mes de mayo; de la abogada Genoveva Gómez, de la Defensoría del Pueblo de Cajamarca ha sufrido maltratos físicos en la Primera comisaría de esta región y de Marco Arana, quien también sufrió una arbitraria detención y golpes violentos el 4 de julio.Esperemos que desde su despacho se marque una actitud diferente para que las Fuerzas Policiales para garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos como Rosario Huayanca y José Manuel Miranda.Atentamente,
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Información adicional
Amnistía Internacional siente preocupación por los abusos contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. Estos defensores y defensoras son agentes fundamentales para la promoción de los derechos humanos de todas las personas. Trabajan sobre una amplia variedad de cuestiones, por diversas vías y en diversos ámbitos para buscar justicia, dignidad y derechos humanos para todas las personas. Sea cual sea el enfoque específico de su trabajo, merecen pleno reconocimiento, respeto y protección de sus derechos. El Estado tiene la responsabilidad de adoptar todas las medidas necesarias para protegerlos, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de 1998.