Mañana 8 de mayo, la Sala de Apelaciones de Ica decidirá si ratifica la absolución de los defensores ambientales Oscar Mollohuanca Cruz, exalcalde de Espinar, Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario, expresidente y exvicepresidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE). Ellos fueron absueltos en primera instancia en julio de 2017 por el Primer Juzgado Unipersonal de Ica al considerar, entre otros, que existió insuficiencia probatoria para acreditar los hechos.

“Es momento que se deje de usar el sistema de justicia para perseguir a las personas valientes que defiendan el medio ambiente en Perú. En lugar de silenciar sus voces con reiterativos procesos infundados es urgente la creación de políticas que les protejan y reconozcan su labor”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.

Amnistía Internacional insta a las autoridades peruanas a asegurarse de que el sistema de justicia penal garantice la presunción de inocencia, el debido proceso y que no sea utilizado para intimidar, hostigar o silenciar el derecho a defender derechos humanos.

La organización tiene serios indicios para considerar que los líderes comunitarios, Oscar Mollohuanca Cruz, Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario, están siendo procesados penalmente por su rol como defensores de derechos humanos y su participación en las protestas de Mayo de 2012 para exigir la modificación de los compromisos asumidos con las comunidades campesinas, derivados de la operación de la mina Tintaya, ampliación Antapaccay.

Tras acceder a algunos de los audios de las audiencias dentro del debate oral y público, Amnistía Internacional no pudo encontrar prueba alguna presentada por la Fiscalía que vinculara a las personas defensoras de derechos humanos con el crimen de secuestro o coacción. El fundamento de las acusaciones de la fiscalía se restringían únicamente a testimonios de los propios agraviados y de otras personas que entraron en contradicciones, y de personal policiaco que admitió que no constató directamente la información presentada en el acta e incluso señaló que su fuente de información eran “infiltrados” en la marcha.

Como ha señalado en su reciente informe “Una receta para Criminalizar: personas defensoras del ambiente, el territorio y la tierra en Perú y Paraguay”, Amnistía Internacional expresa su preocupación por el uso indebido del sistema de justicia para hostigar y silenciar el trabajo de las personas defensoras del derecho al medio ambiente en Perú. Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades peruanas a abstenerse de utilizar el derecho penal contra los y las defensoras como una forma de criminalizar la defensa de los derechos humanos e identifique los procesos penales abiertos en su contra donde no hay base para continuarlos, y los archive o solicite a los jueces respectivos, su cierre por falta de fundamento. Asimismo, insta al Estado a adoptar una política pública de protección de las personas defensoras de derechos humanos, según los compromisos internacionales adoptados por el Estado y lo dispuesto en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.