Lima, 26 de septiembre de 2025. A vísperas del Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se conmemora el 28 de septiembre, el Estado peruano sigue obstaculizando el derecho de niñas y mujeres, víctimas de violación sexual, al aborto terapéutico, aun cuando sus vidas están en riesgo. Además, sigue incumpliendo el dictamen del Comité de los Derechos del Niño de la ONU sobre el caso Camila, niña indígena víctima de violación desde los 9 años, a quien se le obligó a continuar un embarazo, siendo revictimizada y criminalizada por las autoridades que debían protegerla. Entre otros puntos, el dictamen demanda al Estado la despenalización del aborto en todos los supuestos de embarazo infantil, y que garantice el acceso de niñas embarazadas a servicios de aborto seguro.

Lejos de ello, Amnistía Internacional sigue registrando casos en los que el derecho al aborto terapéutico de niñas y adolescentes víctimas de violación sexual, cuyas vidas están en riesgo, se otorga a discreción, por presión pública, o se limita por consideraciones religiosas, morales, temor a represalias, entre otras causas.

Según cifras oficiales, el año pasado 1 080 niñas de 14 años y menos se convirtieron en madres, entre ellas una menor de 11 años. Ese mismo año se atendieron en los centros de emergencia mujer 12 183 casos de violación sexual a mujeres, la mayoría contra niñas y adolescentes. A pesar de estos indicadores, en ese periodo solo se entregaron 2 768 kits de emergencia para casos de violencia sexual, lo cual muestra que el Estado incumple sus obligaciones frente a las víctimas.

Esta situación está enmarcada en un escenario de retrocesos normativos en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con el reciente debilitamiento de la guía de procedimiento para el aborto terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal, protocolo para hacer efectivo el derecho al aborto terapéutico en el país. A ello se suma el avance en los últimos años de propuestas antiderechos que, bajo premisas de promover la protección del embarazo, de la madre gestante, del niño por nacer, exponen a niñas y mujeres a más violencias.
 
"En el Perú, miles de niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual y obligadas a enfrentar embarazos forzados. Negarles el acceso al aborto seguro no solo vulnera sus derechos sino que constituye un trato cruel e inhumano. La respuesta del Estado no puede seguir siendo la indiferencia, la revictimización o la criminalización. En lugar de imponerles más violencia, su deber es protegerlas y garantizar sus derechos para que puedan vivir con dignidad y decidir sobre su futuro", sostuvo María Paz de la Cruz, coordinadora de Campañas de Amnistía Internacional Perú.

Este 28 de septiembre Amnistía Internacional se suma a las movilizaciones en diferentes regiones del país para exigir la despenalización del aborto en todos los casos de embarazo producto de una violación sexual, así como un protocolo específico para los casos de embarazo infantil. Estos son pasos fundamentales para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres en el país y vidas libres de violencias, asegurando acceso a servicios de aborto seguro y a educación sexual integral.