Amnistía Internacional celebra los históricos acuerdos alcanzados por Estados de la región en temas de igualdad de genero, derechos sexuales y derechos reproductivos, entre otros temas; durante la Primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, que culminó el 15 agosto en Montevideo, Uruguay, luego de cuatro días de debate, en los que participaron unas 250 personas de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional.El documento de resolución ratifica los principales compromisos y acuerdos internacionales de derechos humanos y en particular el Programa de Acción de El Cairo a la vez que plantea importantes avances en la región.Entre los avances claves en esta región en donde cinco países penalizan el aborto en toda circunstancia, esta el reconocimiento explícito a que la experiencia de algunos países demuestra que la penalización del aborto provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos, todo lo cual aleja a los Estados del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.En este sentido, hubo un mensaje contundente a los Estados a considerar modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos. Asimismo, un llamado a asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados.Es significativo también que la región haya logrado un consenso general para el reconocimiento del respeto a la orientación sexual e identidad de género. Igualmente notable es el reconocimiento a los derechos sexuales como derechos independientes de la reproducción, aclarando que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia.Los Estados receptaron también las postergadas demandas de las mujeres indígenas de la región, comprometiéndose a integrar el enfoque participativo e intercultural en los programas de educación integral para la sexualidad que deben generar, así como en los servicios de salud sexual y salud reproductiva.Asimismo, el Estado debe garantizar el acceso universal a estos servicios de salud sexual y salud reproductiva y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, respetando el principio de confidencialidad y privacidad para que los jóvenes tomen decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su orientación sexual. Estos últimos deben ser también de calidad y amigables para adolescentes y jóvenes; sin dudas una conquista fundamental de jóvenes de la región que se han movilizado intensamente alrededor de esta Conferencia. En América Latina y el Caribe una de cada cuatro personas es joven.En este sentido, se reafirmó explícitamente que niños, niñas, jóvenes y adolescentes son "sujetos de derecho y actores de desarrollo" y su situación fue uno de los ejes del debate en Montevideo. Especial preocupación se expreso por el embarazo en la adolescencia, un fenómeno creciente en la región, especialmente entre adolescentes de grupos desaventajados. En este sentido, los Estados se comprometieron a dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado en adolescentes y otras medidas para mitigar las posibles violaciones de derechos humanos de adolescentes embarazadas.En relación a la violencia contra las mujeres, los Estados ratificaron su compromiso de combatir y eliminar todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres, incluida la violencia intrafamiliar, el asesinato de mujeres por razones de género y el femicidio/feminicidio. Esto es importantísimo en una región en donde la violencia por razones de género esta alcanzando proporciones de epidemia.
Los Estados reafirmaron que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte integral de los derechos humanos y su ejercicio es esencial para el goce de otros derechos fundamentales y para alcanzar las metas internacionales de desarrollo y de eliminación de la pobreza. También volvieron a remarcar que las inequidades en la región son inaceptables, reconociendo la discriminación múltiple a la que se enfrentan algunas mujeres y niñas que además son indígenas, afrodescendientes o viven en la pobreza. En igual sentido, los Estados reafirmaron que la mortalidad materna es una afrenta a los derechos humanos y reconocieron que las muertes maternas en su abrumadora mayoría son prevenibles. Así, los Estados se comprometieron una vez mas a eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando en el conjunto de prestaciones integrales de los servicios de salud sexual y salud reproductiva medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro; entre las que se destacan la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta.
Los acuerdos fueron celebrados por representantes de más 50 organizaciones, redes internacionales y nacionales de 30 países que forman parte de la Articulación de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe Cairo +20 presentes en Montevideo. Se valoró haber contado con un espacio regional de debate con amplia participación de la sociedad civil y en el cual no quedó duda de la necesidad de acabar con las desigualdades de género como requisito fundamental para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Si estos acuerdos se cumplen vamos a estar en una región mucho mas justa donde los Derechos Humanos van a ser una realidad para muchísimas mujeres y niñas que hoy no se sienten dueñas de sus cuerpos ni de las decisiones sobre su sexualidad y reproducción. En este sentido Amnistía Internacional remarca la importancia de este compromiso político y hace un enfático llamado a los Estados a actuar en consecuencia. Especialmente importante es el compromiso de asignar recursos para llevar a cabo los compromisos, así como el reconocimiento expreso a la importancia de generar mecanismos claros de seguimiento y rendición de cuentas con participación de la sociedad civil en toda su diversidad.
Información de Contexto: La Primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de America Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica de Naciones Unidas para America Latina y el Caribe (CEPAL) fue preparatoria para la Conferencia Mundial Cairo +20, prevista para septiembre de 2014 en Nueva York. Allí confluirán representantes de todas las regiones y se revisará el cumplimiento de las metas del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que se acordó en 1994 en El Cairo. La agenda de esa Conferencia incluye derechos sexuales y reproductivos y morbilidad materna, igualdad y equidad de género, familia y bienestar social, urbanización y migración interna, migración internacional, adolescentes y jóvenes, discapacidad y pueblos indígenas.
Aquí puede leerse el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo: http://www.eclac.org/prensa/noticias/comunicados/0/50700/2013-595-Consenso_Montevideo_PyD.pdf