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El 22 de mayo de 2020, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, amplió hasta el 30 de junio la vigencia de las medidas estrictas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, que incluyen aislamiento y toques de queda. Esas medidas dejaron a muchas personas, incluidas muchas personas refugiadas de nacionalidad venezolana, sin protección, sin poder pagar el alquiler y en peligro de ser desalojadas de sus hogares. La falta de protección del derecho a la vivienda implícita en la respuesta del gobierno a la COVID-19 hace que muchas personas peruanas y venezolanas corran un mayor riesgo de sufrir violaciones de sus derechos a la vivienda y a la salud. Instamos a poner fin a los desalojos y a tomar medidas urgentes en favor de las personas refugiadas y de quienes viven en condiciones de pobreza.
Información adicional
El 14 de marzo de 2020, el gobierno peruano liderado por el presidente Martín Vizcarra declaró el estado de excepción por la pandemia de COVID-19. Entre las medidas adoptadas para evitar la propagación del virus, se cuentan un aislamiento estricto y un toque de queda, así como otras restricciones del derecho a la libre circulación. En el Perú, donde la mayoría de la población trabaja en la economía informal, esas medidas han afectado gravemente a la capacidad de las personas para acceder a productos básicos y mantenerse al día con el pago del alquiler. Más de 1,2 millones de personas perdieron su empleo entre febrero y abril solamente en Lima por el impacto económico de las medidas para combatir a la COVID-19.
Según ACNUR, 5,1 millones de personas han huido de Venezuela en los últimos años en busca de protección internacional. De esas personas, más de 861.000 están en el Perú y afrontan un acceso limitado a la figura del asilo, así como diversos obstáculos para regularizar su situación migratoria (y un obtener permiso de trabajo) en el país.
Aunque el Perú ha incluido a algunos grupos vulnerables en su plan de respuesta a la COVID-19 (con beneficios como subsidios especiales y planes sociales), lamentablemente no ha tomado ninguna medida sobre el derecho a la vivienda ni sobre la situación especial de las personas refugiadas y migrantes en el país. El único marco jurídico válido aplicable a la situación de la vivienda en este contexto consta de reglamentos antiguos, como el Código Civil y una casuística anticuada, que no reflejan la realidad actual. Además, ese marco se aplica de una forma inadecuada y a veces ni siquiera se aplica (por ejemplo, cuando se hacen desalojos sin orden judicial).
Según Carlos Scull, representante de la Asamblea Nacional venezolana en el Perú, alrededor de 55.000 familias venezolanas corren actualmente peligro de ser desalojadas.Amnistía Internacional ha leído con preocupación numerosas informaciones de los medios de comunicación sobre desalojos de personas venezolanas y pertenecientes a otros grupos vulnerables, por no pagar el alquiler como consecuencia del impacto económico de medidas relacionadas con la COVID-19.
Aunque el presidente Martín Vizcarra mencionó la necesidad de incluir a las personas de nacionalidad venezolana en los planes de ayuda de su gobierno, las medidas adoptadas en ese sentido han sido insuficientes y no cubren de ninguna forma sustancial los desalojos forzados y arbitrarios ni los casos de acuerdos de alquiler informales, que son frecuentes en el país. Eso deja a la población en peligro de sufrir desalojos y verse obligada a incumplir las medidas de cuarentena, ya que muchas de esas personas no tendrían dónde ir tras un desalojo.
La Defensoría del Pueblo delPerú ha señalado la urgencia de proteger a la población de nacionalidad venezolana en el país e integrarla en una respuesta más inclusiva para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia.
La falta de protección de las personas de nacionalidad venezolana que buscan refugio en el Perú también fuerza a muchas de esas personas a decidir si quieren quedarse en esas circunstancias adversas o prefieren retornar a Venezuela, atravesando el norte del Perú, Ecuador y Colombia y en muchos casos a pie, pese a que las fronteras están cerradas y las medidas de aislamiento restringen la libre circulación. Distintas fuentes señalan que entre 20.000 y 33.000 venezolanos y venezolanas han regresado a su país de diferentes maneras.
La alarmante falta de protección de las personas venezolanas en América durante la pandemia de COVID-19 motivó el 26 de mayo la realización de una Conferencia de Donantes organizada por la Unión Europea y España, en un intento de “movilizar recursos para ayudar a la población desplazada y las principales comunidades de acogida, abordar la deteriorada situación creada por la COVID-19 y posibilitar un compromiso mayor y mejor coordinado de los actores clave”, según la UE.
Amnistía Internacional ya ha expresado su preocupación por la situación de las personas de nacionalidad venezolana que retornan a su país, dados los mecanismos de cuarentena forzada vigentes en Venezuela, la estigmatización de las personas retornadas por parte de las autoridades de Venezuela y el riesgo de que esas personas sufran violaciones de sus derechos humanos fundamentales en estas circunstancias terribles.