El pasado 14 de enero, el Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, anunció que se estaría por firmar un contrato de exploración y explotación de los bloques petroleros 79 y 83, ubicados en la provincia amazónica de Pastaza, en el este de Ecuador. El Pueblo Kichwa de Sarayaku ha denunciado que la concesión de los bloques 79 y 83 afectaría los territorios de las Nacionalidades Kichwa y Sapara, incluidas alrededor de seis mil hectáreas de su territorio. La comunidad afirma asimismo que la decisión del gobierno de Ecuador se llevó a cabo sin que los pueblos indígenas afectados tuvieran la oportunidad de ser consultados de manera libre, previa e informada, conforme a los estándares internacionales.
Amnistía Internacional recuerda al Estado ecuatoriano que tiene la obligación de realizar una consulta previa, de acuerdo con estándares internacionales, antes de tomar ninguna medida que pudiera afectar los derechos de pueblos indígenas, tal y como lo señaló La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de 2012. Hasta la fecha, Ecuador no ha comenzado el proceso para desarrollar una ley de consulta según estándares internacionales, tal y como exigía la sentencia.
Amnistía Internacional recuerda al Estado ecuatoriano que tiene la obligación de realizar una consulta previa, de acuerdo con estándares internacionales, antes de tomar ninguna medida que pudiera afectar los derechos de pueblos indígenas, tal y como lo señaló La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de 2012. Hasta la fecha, Ecuador no ha comenzado el proceso para desarrollar una ley de consulta según estándares internacionales, tal y como exigía la sentencia.