El año de 1998 fue para las mujeres salvadoreñas un parteaguas en el ejercicio de sus derechos humanos. En ese año, el Estado salvadoreño decidió retroceder, y mientras la mayoría de países alrededor del mundo se encaminaban hacia la liberalización de la leyes restrictivas del aborto, la legislación penal salvadoreña dejó de contemplar causales bajo las cuales el aborto no constituía un delito y lo penalizó totalmente, sin ninguna excepción. El impacto de la penalización total del aborto en El Salvador, trasciende la esfera individual y alcanza la vida familiar-afectiva.