La deportación de un ex general acusado de tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidos durante el conflicto armado interno de El Salvador debe servir de oportunidad al Estado salvadoreño para cumplir con su obligación de investigar los casos de violaciones graves de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado.

El general Eugenio Vides Casanova, director general de la Guardia Nacional de El Salvador entre 1979 y 1983, fecha en que se convirtió en ministro de Defensa (ocupó este cargo hasta 1989), fue deportado de Estados Unidos a El Salvador después de que un juez de inmigración de Florida resolviera en febrero de 2012 que debía ser devuelto a El Salvador por su participación en las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado interno del país (1980-1992).Sin embargo, la Ley de Amnistía de 1993 (Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz), que al día de hoy continúa vigente, niega el acceso a la justicia a las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante los 12 años de conflicto armado (1980-1992), en los que murieron más de 75.000 personas.A pesar de la existencia de esta ley, en el año 2000, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador dictó una sentencia en la que declaraba que la Ley de Amnistía no es aplicable en los casos de protección y defensa de derechos fundamentales. Además, de acuerdo al Procurador para la Defensa de los Derechos Humano de El Salvador, el incumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional ha sido uno de los factores que han permitido la impunidad sufrida por las víctimas.En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de El Salvador garantizar que la Ley de Amnistía no constituyera un obstáculo para la investigación, determinación, enjuiciamiento y eventual sanción de los sospechosos de ser penalmente responsables.La Ley de Amnistía de El Salvador no está en conformidad con el derecho internacional, y constituye una afrenta a las miles de víctimas de abusos contra los derechos humanos y sus familias. Ya es hora de derogarla y permitir que todos los casos de tortura, violación, homicidio y desaparición forzada que se cometieron durante el conflicto de la década de 1980 sean investigados, y que todos los sospechosos de ser penalmente responsables comparezcan ante la justicia.