Por Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía InternacionalQuizá la Guerra Fría haya terminado oficialmente, pero para muchas personas en Cuba y en Estados Unidos es como si los relojes se hubieran detenido hace décadas.En Estados Unidos, los intentos de dejar de lado el obsoleto embargo económico han dado escasos resultados. Y, en Cuba, basta apenas con teclear el nombre de una defensora de los derechos humanos disidente, como Laritza Diversent Cambara, en cualquier motor de búsqueda de Internet para ver que la censura y la propaganda de la época de la Guerra Fría están más vivas que nunca.Al igual que ha sucedido con miles de disidentes más en los últimos 50 años, Laritza es descrita públicamente una y otra vez como "criminal", "mercenaria anticubana", "líder antirrevolucionaria" o "subversiva".Laritza es la directora del Centro de Información Legal (Cubalex), un grupo que proporciona asistencia jurídica y de derechos humanos independiente a todas las personas en Cuba, incluidas las que se encuentran encarceladas injustamente por el único motivo de expresar de forma pacífica opiniones contrarias a las del régimen de los hermanos Castro.Se supone que, en Cuba, ser una persona defensora de los derechos humanos no es delito, pero bien podría serlo. La labor legítima que Laritza realiza la ha convertido en blanco de una campaña de difamación tan cruel que, en 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que se tomaran medidas cautelares para protegerles a ella y a otros integrantes de Cubalex. Los medios de comunicación en Cuba, todos progubernamentales, la han calumniado en decenas de artículos en los que la acusan de liderar una contrarrevolución, tratar de destruir a su país e incluso engañar a su esposo.
Muchas otras personas han tenido peor suerte aún: han habido muchos casos de activistas que han terminado entre rejas por hablar públicamente sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, tan solo en enero de este año hubo más de 1.400 detenciones arbitrarias de manifestantes y activistas.No obstante, cuando, en algunas horas, Barack Obama se siente a la mesa con Raúl Castro, también él tendrá algunos esqueletos en el armario que deben ser desempolvados.Estados Unidos tiene mucho que explicar respecto a la protección y el respeto de los derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a esta incipiente y poco afianzada relación.Al seguir manteniendo obstinadamente un embargo económico ya obsoleto cuyo único objetivo es perpetuar la retórica de la Guerra Fría de "ellos" frente a "nosotros", Estados Unidos está contribuyendo a impedir que la población cubana disfrute plenamente de los derechos humanos más básicos a la salud y la educación. Durante décadas, la restricción de las exportaciones de medicamentos y otros artículos esenciales sólo ha servido para perjudicar a las personas normales y corrientes que viven en Cuba.Esta perjudicial retórica bélica sigue cobrándose un alto costo, y los únicos que pierden son los ciudadanos y ciudadanas de a pie. Es precisamente por eso por lo que tanto Estados Unidos como Cuba necesitan desperadamente cambiar de mentalidad si quieren que el histórico apretón de manos que ocupará las portadas de la prensa en todo el mundo tenga un significado real y duradero, más allá de un efímero gesto de relaciones públicas políticas.Pero también es imprescindible que tanto Obama como Castro aprovechen esta oportunidad para hablar de algunas de las cuestiones de derechos humanos que ambos países, quizá sorprendentemente, tienen en común, y para encontrar maneras de abordarlas.Pensemos, por ejemplo, en las prisiones.Hay más semejanzas de lo que parece a simple vista entre el centro de detención estadounidense en la base naval de la bahía de Guantánamo, en el este de Cuba, y las prisiones en las que permanecen recluidos activistas y disidentes cubanos en la isla.Ambos están rodeados de secreto. En Guantánamo, al igual que en las prisiones cubanas, a las familias rara vez se les entregan documentos claros que indiquen el por qué de la detención de sus familiares. Los detenidos de Guantánamo permanecen recluidos allí sin cargos, mientras que, en Cuba, las personas privadas de libertad por sus opiniones políticas a menudo no son acusadas de ningún cargo y permanecen recluidas durante largos periodos en "prisión provisional". A los observadores independientes y a las organizaciones internacionales se les niega un acceso significativo a las instalaciones (a Amnistía Internacional sólo se le ha permitido acceder a determinados sectores de Guantánamo, y no se le ha permitido llevar a cabo investigaciones en las prisiones de Cuba).El acceso a juicios justos está también severamente restringido en ambos lugares. El sistema, plagado de defectos, de comisiones militares de Guantánamo es tan carente de imparcialidad que lo que sucede allí apenas se puede denominar justicia; por su parte, en Cuba, el proceso judicial obliga a las personas detenidas a ser representadas por abogados aprobados por el Estado.Y los dos gobiernos insisten en que actúan del lado correcto de la ley: el presidente Obama, con sus promesas de cerrar el centro de detención y trasladar a los allí recluidos al territorio continental estadounidense, y el presidente Castro, con su terca insistencia en que todas las personas que están entre rejas -entre ellas decenas de disidentes pacíficos- son delincuentes.No cabe duda de que la visita del presidente Barack Obama a Cuba será histórica.Sin embargo, hará falta algo más que un apretón de manos ante las cámaras para derretir el hielo que la Guerra Fría dejó sobre los derechos humanos. Si los dos líderes no se comprometen a adoptar medidas concretas para mejorar sus deficiencias mutuas en materia de derechos humanos, esto no habrá sido más que una oportunidad perdida de lograr un cambio auténtico a ambos lados del estrecho de Florida.Ninguno de los dos presidentes puede permitir que eso suceda.