Ante bajo cumplimiento de recomendaciones, Estado peruano no puede seguir retrocediendo
El 25 de enero el Perú será examinado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), que cada cuatro años evalúa la situación de los derechos humanos de los Estados miembros. Amnistía Internacional ha evaluado la aplicación de las recomendaciones formuladas a Perú en el EPU anterior (2017) y ha registrado un bajo cumplimiento, e incluso retrocesos en materia de derechos humanos. Desde este análisis, la organización ha formulado un conjunto de recomendaciones al Estado peruano.
“Venimos registrando vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos en Perú, como la represión de la protesta y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes del Estado contra manifestantes. El EPU es una oportunidad para que el Estado peruano se comprometa ante la comunidad internacional a detener todas las vulneraciones a los derechos humanos e inicie procesos de rendición de cuentas. Los compromisos que se asumen en este espacio no pueden quedar en el papel", dijo Marina Navarro, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional.
Uno de los puntos esenciales es que el Estado peruano se comprometa a proteger el derecho a la protesta en todas las circunstancias, garantizando que el uso de la fuerza en dichos contextos sea necesario y proporcionado, y que cumpla con el derecho internacional de los derechos humanos. Las numerosas muertes en contextos de represión de protestas sociales (45 civiles desde el 7 de diciembre de 2022 a la fecha) evidencian la urgencia de que el Estado asegure que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas, incluidas las de noviembre de 2020, diciembre de 2022, y enero de 2023, sean debidamente investigadas hasta los más altos niveles, llevando a los responsables ante la justicia de tribunales civiles ordinarios.
De otro lado, diferentes indicadores de violencia basada en género dan cuenta de cómo se agudiza la violencia contra las mujeres. Al día, 36 mujeres son reportadas como desaparecidas en el Perú. El Estado peruano debe implementar un sistema especializado de búsqueda, que considere la especial vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes de ser víctimas de delitos, como el feminicidio, la violencia sexual y la trata de personas. Es especialmente preocupante la situación de las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas. Amnistía Internacional ha documentado que muchas de ellas renuncian a intentar buscar justicia debido a su situación migratoria irregular, pues al denunciar las agresiones, suelen ser objeto de prejuicios y estereotipos de género, y discriminadas por su nacionalidad.
Ante ello, recomendamos al Estado peruano elaborar políticas, incorporadas a la legislación nacional, que garanticen la protección de los derechos de las personas refugiadas y migrantes, especialmente frente a la discriminación y la desigualdad de trato ante la ley, y considerando la particular situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres refugiadas víctimas de violencia.
Otro gran pendiente del Estado peruano es el reconocimiento de los derechos de la población LGTBIQ+. A pesar de que Perú aceptó todas las recomendaciones del EPU anterior, no hubo avances normativos, y esta población sigue siendo discriminada. El matrimonio igualitario no ha sido reconocido, generando vulneraciones a los derechos filiales de las familias homoparentales. La población transgénero aún no puede acceder a un documento que refleje su identidad sin tener que atravesar por un complejo proceso judicial, lo cual afecta su acceso a servicios como educación y salud.
En estos años bajo evaluación, vemos también con gran preocupación el avance de iniciativas legislativas que atentan contra los derechos humanos, como la Ley de Protección Policial, Ley 31012, que al eliminar el principio de proporcionalidad en la legislación nacional sobre el uso de la fuerza, deja abierta la puerta a la impunidad policial. Además, la Ley sobre materiales educativos, Ley 31498, que pone en peligro la implementación de la educación sexual integral con enfoque de género y derechos humanos. Estas normas, contrarias a los derechos humanos y las obligaciones del Estado en la materia, deben ser derogadas.
Por otro lado, si bien en los últimos años recrudeció la violencia contra defensores ambientales y de derechos humanos, el Acuerdo de Escazú, que puede contribuir a su protección, no ha sido aprobado. En este punto, Amnistía Internacional recomienda garantizar la correcta implementación del Mecanismo de Protección, asegurando que se concreten los reglamentos internos necesarios para que cada institución implemente el mecanismo, y garantizando los recursos suficientes para su aplicación.
Finalmente, preocupa también que iniciativas como las Convenciones Interamericanas contra el racismo y contra toda forma de discriminación e intolerancia no hayan sido aprobadas.
La examinación será este miércoles 25 de enero, desde las 9am (Hora Ginebra), y puede ser vista aquí: https://media.un.org/en/asset/k1u/k1ux982ihl
Pueden revisar nuestro documento con todas las recomendaciones al Estado peruano: “Retrocesos en materia de derechos humanos”