Ante la declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao, por un plazo de 30 días desde hoy, Amnistía Internacional reitera su preocupación por el uso reiterado de esta figura, e invoca a las autoridades peruanas a desplegar medidas efectivas para enfrentar la criminalidad, sin poner en riesgo los derechos humanos.

“Si bien es potestad y deber del Estado peruano actuar frente al actual contexto de inseguridad ciudadana, la restricción de derechos, desde una medida de excepción que se ha convertido en una práctica frecuente, solo profundiza la desconfianza y la distancia entre el Estado y la ciudadanía”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.

Los estados de emergencia deben mantener su carácter de medida excepcional y no ser usados como una herramienta de control social, donde se normalice el recorte de derechos, la no rendición de cuentas o el uso arbitrario de la fuerza. Es importante recordar que, incluso en un contexto de estado de emergencia, no pueden ser restringidos el derecho a la vida, a la integridad, a la prohibición de tortura, a la protesta pacífica, a las garantías del debido proceso, entre otros. En casos de detenciones, las personas mantienen sus derechos a conocer los cargos, acceder a defensa, comunicarse con familiares y presentarse ante un juez.

Bajo estándares internacionales los estados de emergencia son una medida excepcional, y los Estados que lo adopten deben justificar, sustentar y explicitar qué derechos serán limitados para conseguir el fin buscado, así como probar la legitimidad de dichas medidas, su necesidad para atender la finalidad buscada y su proporcionalidad.

Amnistía Internacional continuará monitoreando el respeto de los derechos humanos en el país.

Lima, 22 de octubre de 2025