Por: Erika Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América
Uno de los primeros actos oficiales del presidente Barack Obama en enero de 2009 fue firmar una orden ejecutiva para cerrar el centro de detención militar de la bahía de Guantánamo (Cuba) en el plazo de un año.Tras ocho años de detenciones en Guantánamo, este acto albergaba una promesa de cambio. Pero el hecho de que en la orden no se reconocieran las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos, unido a la adopción por el gobierno de Obama del defectuoso marco del "derecho aplicable a la guerra" de su predecesor, no han ayudado a que se ponga fin a las detenciones indefinidas.
El 22 de enero de 2014 la orden ejecutiva del presidente Obama cumplió cinco años. Mientras tanto, el campo penitenciario ha seguido funcionando en un vacío de derechos humanos. Las detenciones de Guantánamo siguen siendo una afrenta para los principios internacionales en materia de derechos humanos y menoscaban la credibilidad de Estados Unidos. Cuando el centro empieza el decimotercer año de funcionamiento, el mundo debe llamar la atención a Estados Unidos por su abyecto incumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos que con tanta frecuencia exige cumplir a los demás.
Doce años después del traslado en avión de los primeros detenidos a Guantánamo atados como carga, más de 150 hombres siguen recluidos allí. La mayoría de ellos nunca han sido acusados formalmente ni juzgados.
Entre los detenidos que siguen en Guantánamo hay hombres que deben ser juzgados en relación con los atentados del 11 de septiembre de 2001 u otros abusos graves contra los derechos humanos. El respeto al derecho de las víctimas a la justicia habría conllevado haberlos acusado y sometido a un juicio justo ante un tribunal civil ordinario hace años.
Pese a la decisión de la Corte Suprema estadounidense -hace cinco años y medio- de que los detenidos de Guantánamo tenían el derecho constitucional a una vista "a la brevedad posible" para cuestionar la legalidad de su detención, algunos detenidos aún esperan una resolución sobre su petición de hábeas corpus.
En la retorcida lógica legal de Guantánamo, ni siquiera una resolución judicial que declare ilegal la detención de una persona lleva aparejada siempre su liberación inmediata. El traslado el mes pasado de tres ciudadanos chinos de etnia uigur a Eslovaquia se produjo más de cinco años después de que un juez federal estadounidense declarase ilegal su detención. Si Estados Unidos hiciera lo que pide a otros países que hagan -trasladar a territorio estadounidense a los detenidos puestos en libertad que no pueden ser repatriados-, estas personas podrían haber sido liberadas inmediatamente después de que se adoptase la decisión judicial sobre su caso.
Más de 70 detenidos, en su mayoría yemeníes, han sido ya "aprobados para el traslado", pero la opinión de Estados Unidos sobre la situación de seguridad de sus países de origen y otros problemas están retrasando su liberación.
Algunos detenidos serán juzgados conforme a un sistema de comisiones militares que no cumple las normas internacionales sobre imparcialidad procesal. Seis de ellos podrían ser condenados a muerte. De los casi 800 hombres que han estado recluidos en Guantánamo, sólo siete -menos del uno por ciento- han sido declarados culpables por la comisión militar, cinco de ellos tras negociar un acuerdo sobre la condena antes del juicio que prometía una posible salida de la base.
Mientras tanto, la ausencia de rendición de cuentas, verdad y derecho de recurso por violaciones de derechos humanos cometidas contra detenidos y ex detenidos de Guantánamo es una injusticia permanente y un incumplimiento grave por Estados Unidos de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Los detenidos de Guantánamo han sido sometidos a tortura y a otros malos tratos, en Guantánamo o en otros centros bajo custodia estadounidense antes de su traslado allí, con técnicas como water-boarding (simulacro de ejecución mediante ahogamiento), el aislamiento prolongado y, más recientemente, cruentos procedimientos de alimentación forzosa en respuesta a una huelga de hambre multitudinaria de protesta por su detención continuada.
Nueve detenidos han muerto bajo custodia en la base, dos por causas naturales y siete por suicidio.
Cualquier otro país responsable de un vacío de derechos humanos como éste se habría granjeado sin duda la condena de Estados Unidos. En cambio, este país ha permitido que las detenciones en Guantánamo y la brecha de la rendición de cuentas persista al mismo tiempo que pregonaba su compromiso con los derechos humanos.
Esta doble moral no ha pasado inadvertida. Otros gobiernos, expertos de la ONU y organizaciones no gubernamentales, entre otros, han pedido que se ponga fin a las detenciones en Guantánamo.
Incluso el primer comandante de detenciones de la base, el general de división ahora retirado Michael Lehnert, ha declarado recientemente que el centro de detención de Guantánamo "no debía haberse abierto nunca". En su opinión, las detenciones y torturas de Guantánamo habían "despilfarrado la buena voluntad del mundo" después de los atentados terroristas contra Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001.
Cerrar Guantánamo debe significar poner fin a las violaciones que este centro ha llegado a representar; trasladarlas sin más de lugar es inaceptable. El mundo debe presionar a Estados Unidos para que abandone su defectuoso marco legal de la "guerra global". El Congreso y el gobierno de Obama deben comprometerse con una estrategia antiterrorista que acate plenamente las leyes y normas internacionales.
No se puede poner punto final a Guantánamo sin que se rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos, que incluyen crímenes del derecho internacional, cometidas en la base y en otros lugares en la "guerra global contra el terror" de Estados Unidos.
Cerrar el centro de detención no traerá esta rendición de cuentas de la noche a la mañana, pero sigue siendo un paso importante y necesario en la dirección correcta.Más información:Estados Unidos: Debe cerrar Guantánamo y poner fin a su hipocresía en materia de derechos humanos (comunicado de prensa, 20 de enero de 2014)