Las autoridades estadounidenses deben garantizar que la investigación de la presunta masacre de unos 18 civiles afganos a manos de las Fuerzas Especiales Estadounidenses es rigurosa y exhaustiva; así lo ha afirmado Amnistía Internacional. Las víctimas afganas y sus familiares deben obtener la justicia y reparación que merecen.Según información publicada en medios de comunicación, las fuerzas armadas estadounidenses han reanudado una investigación sobre la unidad de las Fuerzas Especiales presuntamente responsable de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas entre noviembre de 2012 y febrero de 2013. Esta unidad presuntamente mató hasta un total de 18 personas en los distritos de Nerkh y Maidan Shahr de la provincia de Wardak."Aunque llega con bastante retraso, la iniciativa de las autoridades militares de Estados Unidos se considera muy positiva. Es un escándalo que los familiares de las víctimas afganas sigan esperando justicia a pesar de los abrumadores indicios de que los homicidios de Nerkh y Maidan Shahr constituyeron crímenes de guerra", ha dicho Richard Bennett, director del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía."Los investigadores deben llevar a cabo una investigación rigurosa y exhaustiva, incluidas entrevistas con personas que estuvieron bajo custodia de la unidad y familiares de las víctimas de homicidio. Asimismo es fundamental que se informe a las familias de los avances de la investigación."Amnistía Internacional documentó los homicidios en un importante informe de 2014 sobre la ausencia de rendición de cuentas por las víctimas civiles que causaron las fuerzas militares internacionales en Afganistán. La organización encontró "indicios abundantes y convincentes de crímenes de guerra" en el caso de Nerkh y Maidan Shahr.El informe concluía que el sistema de justicia militar estadounidense, profundamente defectuoso, no brindaba a las víctimas afganas una oportunidad justa de obtener justicia. No se han exigido responsabilidades penales a nadie en ninguno de los 10 casos investigados en el informe, relativos a la matanza de al menos 140 civiles, entre ellos al menos 50 niños."Este caso, pese a ser muy grave, sólo es uno de tantos. Hemos visto una y otra vez cómo el sistema de justicia militar estadounidense no investiga y enjuicia con prontitud e imparcialidad violaciones graves del derecho internacional humanitario", ha afirmado Richard Bennett.Información complementariaEn 2014, Amnistía Internacional entrevistó a 10 testigos presenciales de los crímenes que han motivado la investigación, entre ellos 4 que habían sido detenidos por la unidad de las Fuerzas Especiales.Un ex detenido que afirmó haber estado 45 días bajo custodia de la unidad en el puesto avanzado de combate de Nerkh describió una amplia variedad de técnicas de tortura empleadas por la unidad, incluidas descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento y de enterramiento y graves palizas.Este ex preso aseguró que había presenciado el homicidio de otro interno llamado Sayed Muhammed. A Muhammed lo mató a golpes un estadounidense, según contó, "un tipo grande con barba rojiza muy poblada y ojos verdes".El ex preso había sido entrevistado por un investigador militar estadounidense un par de meses antes de que Amnistía Internacional hablara con él.Familiares de otros presos cuyos cadáveres aparecieron posteriormente en las inmediaciones del puesto avanzado de combate de Nerkh contaron a Amnistía Internacional que sus seres queridos habían sido detenidos en redadas efectuadas por miembros de las Fuerzas Especiales.El Destacamento Operativo Alfa, o "Equipo A", responsable de los crímenes cometidos, era la unidad de élite ODA 3124, que, según informes, estaba integrada por 12 soldados estadounidenses que trabajaban en estrecha colaboración con miembros de las fuerzas especiales afganas. El periodista Matthieu Aikins hizo una importante exposición de los homicidios en un artículo que se publicó en la revista Rolling Stone en noviembre de 2013.Los presuntos crímenes cometidos por esta unidad de élite están siendo investigados por el Mando de Investigación Penal del Ejército de Estados Unidos. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por las numerosas deficiencias del proceso de justicia militar y la falta de independencia de los responsables de la decisión fundamental de acusar en tales casos.La decisión de acusar en los casos donde hay víctimas civiles debe recaer en civiles que sean independientes de la cadena de mando del ejército. El primer paso debe ser la reforma del reglamento de justicia militar para que la decisión de procesar a un miembro de las fuerzas armadas recaiga en un fiscal independiente fuera de la cadena de mando del ejército.