En Estados Unidos, un conjunto de leyes que afirman promover la salud materna e infantil están apartando de hecho a mujeres embarazadas de servicios médicos esenciales, y con ello están poniendo en peligro su bienestar y están violando su derecho a la salud, según un nuevo informe publicado hoy por Amnistía Internacional.

Criminalizing Pregnancy: Policing Pregnant Women Who Use Drugs in the USA, pone de manifiesto el impacto de las leyes que penalizan el embarazo, especialmente las que se utilizan para detener y enjuiciar a mujeres que consumen drogas, basándose en la idea de que están causando daño a sus fetos. El temor por estas leyes disuade a las mujeres embarazadas de acceder a atención médica, cuidados prenatales e incluso tratamiento para la drogadicción.

“En todo Estados Unidos, la política de mano dura contra la conducta de las mujeres embarazadas está haciendo pedazos la confianza de las pacientes en los servicios de salud, con consecuencias devastadoras. Estas leyes ponen a las mujeres embarazadas en una difícil encrucijada, al obligarlas a elegir entre arriesgar su salud o arriesgarse a ser castigadas”, ha manifestado Carrie Eisert, asesora sobre política de Amnistía Internacional y autora del informe.

“La drogodependencia es una enfermedad, pero las autoridades estadounidenses la tratan como un delito: no garantizan la disponibilidad de tratamiento para las mujeres embarazadas, y luego las castigan por continuar con su adicción. Estas leyes duras y discriminatorias aumentan el peligro del embarazo y, en el proceso, pisotean los derechos humanos.”

Una agresión constante

El informe presta especial atención al impacto de la ley sobre “peligro químico” de Alabama, el estado que a más mujeres embarazadas ha procesado, y a la ley sobre “agresión fetal” de Tennessee, que entre 2014 y 2016 convirtió en delito dar a luz a un niño que mostrara síntomas de exposición a las drogas.

No obstante, la mayoría de los estados tienen vigente algún tipo de ley de “agresión fetal”, y la tendencia va en aumento. En el periodo de sesiones legislativas de 2017, los Estados introdujeron más de 300 medidas para restringir los derechos sexuales y reproductivos, lo cual ilustra una agresión peligrosa y constante contra los derechos de las mujeres que ha ido en aumento durante los 100 primeros días del gobierno de Trump.

Una mujer contó a Amnistía Internacional que había sido acusada en virtud de la ley de “peligro químico” de Alabama como sospechosa de consumir drogas, pese a que no sabía que estaba embarazada. Otra describió cómo la amenaza del castigo la había disuadido de buscar atención médica:

“En mi localidad, me preocupaba ir al médico porque, si das positivo [en drogas], ¡bam!, te encuentras con un cargo por ‘peligro químico’”.

En Tennessee, una mujer contó a Amnistía Internacional que había dado a luz en la cuneta de una carretera tratando de evitar ir a un hospital, donde temía que la procesaran en virtud de la ley de “agresión fetal”.

Aunque en Tennessee la ley de “agresión fetal” dejó de aplicarse en 2016, aún está en el código del estado, y es probable que se introduzca de nuevo.

Esa misma mujer describió cómo, después, pasó meses tratando de conseguir tratamiento para la drogodependencia, pero no encontró servicios disponibles que aceptaran su seguro. Los costes del tratamiento superan los 4.500 dólares anuales en Tennessee.

Amnistía Internacional ha destacado cómo esta estrechez de miras centrada en el castigo, en ausencia de un aumento de fondos o provisiones para ampliar los servicios de tratamiento para la drogadicción, provoca que estas leyes estén fracasando en su objetivo expreso de promover unos embarazos saludables. También violan el derecho de las mujeres a la salud, la intimidad, la igualdad y la no discriminación.

Castigar a quienes no tienen dinero

El informe halla pruebas claras de discriminación en la aplicación de las leyes sobre penalización del embarazo, que tienden a utilizarse desproporcionadamente contra mujeres de bajos ingresos y mujeres de color.

Estas mujeres se enfrentan ya, a menudo, a múltiples niveles de discriminación, y no disponen de los recursos para moverse por el sistema judicial o los servicios de protección a la infancia.

Por este motivo, las mujeres que han sufrido históricamente discriminación corren mayor riesgo de ser procesadas cuando se quedan embarazadas. Las pruebas de drogas se realizan selectivamente, a menudo basándose en factores discrecionales de “riesgo” como los bajos ingresos. Algunos médicos admitieron que sus decisiones sobre a quién realizar la prueba se basaban en su propio criterio personal.

En algunos casos alarmantes se realizaron pruebas de drogas sin el conocimiento de las mujeres, lo cual constituye una violación de su derecho a la intimidad. La dirección de un programa correccional comunitario de Alabama describió la falta de un protocolo claro sobre la obtención del consentimiento informado:

“Cada hospital tiene unas normas diferentes. Muchas son aleatorias. No hay un sistema real. Es algo bastante aleatorio”.

“La gran mayoría de las mujeres acusadas en virtud de las leyes de Alabama y Tennessee no pueden permitirse abogados que las representen, y han sido blanco de las acciones de las autoridades porque no tienen dinero. Este tipo de leyes refuerza los estereotipos de mujeres marginadas con ingresos bajos, lo que equivale a castigar a estas mujeres por sus circunstancias vitales”, ha manifestado Carrie Eisert.

Aunque el informe se centra en mujeres que han sido castigadas por consumir drogas, la promoción de enfoques punitivos respecto a la salud y los derechos de las mujeres ha provocado también que se procese a mujeres por negarse a someterse a intervenciones médicas o incluso por intentar suicidarse.

“Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres siguen siendo un campo de batalla en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses deben examinar los datos y derogar o reformar las leyes que se utilizan para castigar a las mujeres por sus actos durante el embarazo, dado que esas leyes no están funcionando”, ha manifestado Carrie Eisert.

“La justicia penal no tiene cabida en la salud pública. En lugar de actuar policialmente respecto a los cuerpos de las mujeres, las autoridades deben garantizar que las mujeres embarazadas tienen acceso a la atención médica prenatal y a los programas de tratamiento para la drogadicción a los que tienen derecho.”

Información complementaria

En abril de 2014, Tennessee reformó su “ley de agresión fetal”, y se convirtió en el primer estado en introducir una ley penal que tipificaba específicamente como delito dar a luz un bebé con síntomas de exposición prenatal a estupefacientes. Amnistía Internacional investigó el impacto de esta ley durante los dos años que estuvo en vigor.

La ley de “peligro químico” de Alabama se aprobó en 2006 para proteger a los niños y niñas frente a entornos en los que pudieran estar expuestos a drogas o a sustancias controladas. Algunos fiscales individuales y la Corte Suprema de Alabama han interpretado que la ley se aplica a las mujeres embarazadas que consumen drogas.