Ha pasado un año desde que la Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima decidió archivar la denuncia de más de 2000 mujeres peruanas que afirman haber sido esterilizadas contra su voluntad. Con motivo de la efeméride, Amnistía Internacional exhorta nuevamente al Estado peruano a reconsiderar esta aberrante y lamentable decisión. 

Las 2.000 víctimas incluidas en la investigación fiscal representan sólo una pequeña parte de las más de 200,000 mujeres indígenas y campesinas que habrían sido esterilizadas durante esos años, en su gran mayoría sin que hubieran dado el debido consentimiento. Con esta decisión se reafirma que los derechos de las mujeres indígenas y campesinas siguen sin ser protegidos y se refuerza la discriminación que han sufrido durante cientos de años.Como se recuerda, el 22 de enero de 2014, la referida Fiscalía archivó los casos de 2074 mujeres que presuntamente fueron sometidas a esterilizaciones forzadas en la década de 1990. Tras una investigación, que comenzó en 2004 y duró casi 10 años, la Fiscalía solamente presentó cargos contra el personal médico presuntamente responsable de la esterilización forzada y posterior muerte de María Mamérita Mestanza Chávez en 1998. No se formularon cargos contra ninguna de las autoridades gubernamentales encargadas de poner en marcha el programa de planificación familiar que dio lugar a tales esterilizaciones.Con motivo de esta decisión, Amnistía Internacional lanzó una campaña de recolección de firmas para exigir al Gobierno peruano que no le niegue el derecho a la justicia y reparación a miles de peruanas.Más de 6000 personas en todo el Perú se sumaron a la petición de Amnistía Internacional y sus firmas han sido entregadas a la Fiscalía de la Nación y al Ministerio de la Mujer.Activistas y simpatizantes de Amnistía Internacional tanto en el país como en todo el mundo, se han unido a las organizaciones Peruanas de DDHH para exigir al Estado que cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la justicia y la reparación de todas las víctimas de esterilización forzada.Pese a estos esfuerzos, la Fiscalía de la Nación no ha dado una respuesta oficial y un año después miles de mujeres que llevan casi dos décadas pidiendo justicia siguen sin ser escuchadas.Amnistía Internacional observa con suma preocupación la falta de respuesta por parte de las autoridades y reitera su pedido al Estado peruano, enfatizando el carácter prioritario que debería tener en la agenda de DDHH este reclamo colectivo aún sin atender. Solo con una respuesta clara y contundente de que estas graves violaciones a los derechos humanos serán investigadas y los responsables llevados ante la justicia se estará enviando una señal clara de que la discriminación contra mujeres indígenas y campesinas es totalmente inaceptable en el Perú del siglo 21.