• - Las ejecuciones extrajudiciales pueden constituir crímenes de lesa humanidad
• - La policía coloca pruebas, recibe dinero de forma encubierta y falsifica informes
• - Asesinos a sueldo en la nómina de la policía

Siguiendo instrucciones emanadas de las más altas instancias del gobierno, la policía de Filipinas ha matado y ha pagado a otros para que maten a miles de presuntos delincuentes relacionados con las drogas, en una oleada de ejecuciones extrajudiciales que podrían ser constitutivas de crímenes de lesa humanidad, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy. La investigación de Amnistía Internacional, "If you are poor you are killed": Extrajudicial Executions in the Philippines' "War on Drugs" expone en detalle cómo la policía actúa sistemáticamente contra personas pobres e indefensas en todo el país al tiempo que coloca "pruebas", contrata a asesinos a sueldo, roba a las personas a las que mata y falsifica informes oficiales sobre los incidentes. "Esto no es una guerra contra las drogas, sino una guerra contra los pobres. Basándose a menudo en los indicios más endebles, se mata por dinero a personas acusadas de consumir o vender drogas, en una economía del asesinato", ha afirmado Tirana Hassan, directora del programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional. "Con el gobierno del presidente Duterte, la Policía Nacional infringe las leyes que supuestamente ha de hacer respetar, al tiempo que saca provecho del asesinato de personas empobrecidas cuya situación supuestamente el gobierno debería mejorar. Las mismas calles que Duterte prometió limpiar de delincuencia están ahora llenas de cuerpos de personas que han sido victimas de homicidios ilegales cometidos por su propia policía." Instigados por la retórica del presidente Rodrigo Duterte, policías, asesinos a sueldo incluidos en su nómina e individuos armados desconocidos han dado muerte a más de 1.000 personas al mes con el pretexto de una campaña nacional para erradicar las drogas. Desde que el presidente Rodrigo Duterte asumió el cargo, hace siete meses, se han cometido más de 7.000 homicidios relacionados con las drogas, de los que la policía ha matado directamente al menos a 2.500 presuntos autores de delitos relacionados con las drogas. La investigación de Amnistía Internacional documenta en detalle 33 casos que implicaron el homicidio de 59 personas. El equipo de investigación entrevistó a 110 personas en las tres divisiones geográficas principales de Filipinas, que hablaron en detalle de ejecuciones extrajudiciales en 20 ciudades del archipiélago. La organización también examinó documentos, incluidos informes policiales.Las ejecuciones extrajudiciales son homicidios ilegítimos y deliberados cometidos por funcionarios, por orden de un gobierno o con su complicidad o aquiescencia. Además, violan el derecho a la vida consagrado en la legislación filipina y en el derecho internacional.