Amnistía Internacional envío al presidente Martín Vizcarra una Carta Abierta con motivo de las Fiestas Patrias para recordarle la tarea de liderar la lucha con la violencia de género de cara al bicentenario de la independencia del Perú. La organización muestra su preocupación respecto a la prevalencia de casos de violencia contra mujeres y niñas en el Perú y las dificultades que enfrentan para el acceso a la justicia y protección.

“El presidente Martín Vizcarra tiene una oportunidad única para liderar la lucha contra la violencia de género y construir un país en el que mujeres y niñas puedan vivir libres y sin miedo” dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú. “Es necesario que el Estado implemente el enfoque de igualdad de género en sus políticas públicas y, especialmente, en las relacionadas a la educación para tener un futuro con mujeres que puedan defender sus derechos”.

En el Perú la violencia contra mujeres y niñas está arraigada en una cultura de discriminación que niega a las mujeres la igualdad de derechos con los hombres y que legitima la apropiación de los cuerpos de las mujeres. Entre enero y junio del 2018, según el Ministerio de la Mujer, se registraron 70 feminicidios, 163 tentativas, y 52 mil casos de agresiones en todo el país. Hasta mayo de este año la mitad de las personas denunciadas por tentativa de feminicidio se encuentran en libertad. La impunidad sigue siendo la norma en los casos de violencia de género.

“En los últimos días hemos sido testigos de como la corrupción es una traba en la búsqueda de justicia de miles de mujeres y niñas. Es necesario que las reformas del sistema judicial apliquen también el enfoque de género para poner fin a graves violaciones a los derechos humanos como la violencia sexual y el feminicidio” afirmó Navarro.

Según el Ministerio Publico, en el periodo 2000 - 2017 en el Perú se registraron 263 mil 584 casos de violación sexual, lo que equivale a un promedio de 2 mil casos por mes. Una de las consecuencias más graves es el embarazo por violación. Las niñas y mujeres no cuentan con servicios integrales de salud física y mental y que son impedidas de acceder un aborto seguro, lo que produce consecuencias graves para sus vidas y afecta su salud.

Amnistía Internacional considera que la anulación del enfoque de género en la política educativa, por presión de grupos antiderechos, sería un grave retroceso en materia de derechos humanos y condenaría a las niñas, niños, mujeres y personas LGBTI a un círculo vicioso de discriminación y violencia. Esta medida impediría implementar una herramienta que ha probado ser efectiva para enfrentar y superar las brechas de desigualdad, la violencia y la discriminación.

Todas las políticas del Estado, en especial las de educación deben estar alineadas con los compromisos y obligaciones del estado peruano según los acuerdos internacionales de derechos humanos que buscan erradicar patrones culturales y sociales que reproducen la violencia de género.