Amnistía Internacional expresa su grave preocupación y hace un llamado al Estado peruano para que cumpla con la normativa internacional y resuelva de manera inmediata la observación realizada a la ley sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) aprobado por el Congreso de la República en diciembre del 2014.

Amnistía Internacional se suma a los organismos nacionales e internacionales que expresan su grave preocupación por la observación realizada en el Poder Ejecutivo a la implementación del MNP. Dicha ley fue aprobada en el Congreso de la República a finales del año 2014, la misma designaba ampliar las funciones de la Defensoría del Pueblo como órgano encargado de implementar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.Sin embargo, con fecha 20 de febrero de 2015, mediante oficio Nº 021-2015-PR, el Poder Ejecutivo envió una carta a la presidenta del Congreso de la República, Ana María Solórzano Flores, observando la ley que ampliaba las funciones de la Defensoría del Pueblo sobre el MNP argumentando que este mecanismo generaría gasto público; y que estos gastos no se habían tomado en cuenta en el nuevo presupuesto para el año fiscal 2015, argumentando que se estaba afectando el "principio de equilibrio presupuestario; y por último llamo la atención al Congreso señalando que no tienen iniciativa para crear ni aumentar gasto público.Amnistía Internacional recuerda al gobierno peruano que ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, en el año 2006, el cual otorga el plazo de un año para establecer el Mecanismo Nacional de Prevención, el mismo que venció ya en el año 2007. Asimismo, que la implementación de mecanismos de protección de los derechos humanos, además de ser una prioridad, requieren de recursos y por tanto, son los gobiernos los obligados a hacerlos realidad."Los Mecanismos Nacionales de Prevención juegan un papel esencial en la prevención de la tortura y otros malos tratos. El gobierno peruano debe adoptar medidas eficaces para impedir la tortura en todo el país, así como su obligación de investigar pronta, imparcial y eficazmente todas las denuncias presentadas", manifestó Silvia Toledo Vallejos, directora ejecutiva (i) de Amnistía Internacional en Perú.Son doce los gobiernos en América Latina que han cumplido actualmente con establecer los mecanismos nacionales de prevención. Perú hasta la fecha no lo hace.Amnistía Internacional hace un llamado al gobierno peruano a resolver de manera inmediata la observación realizada a la autógrafa de ley, a fin de garantizar su pronta promulgación y de esta manera, dar inicio a la implementación de este importante Mecanismo.Lima, 06 de marzo del 2015