Un conflicto cada vez más intenso

El 25 de marzo de 2015, una coalición internacional dirigida por Arabia Saudí atacó desde el aire al grupo armado de los huzíes en Yemen, desencadenando un auténtico conflicto armado.

Durante los dos años siguientes, el conflicto se ha ido extendiendo y los combates se han propagado por todo el país. En todo Yemen se cometen espeluznantes crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos, causando un sufrimiento insoportable a la población civil.

A los incesantes bombardeos aéreos de las fuerzas de la coalición hay que añadir la batalla que libran en tierra las facciones rivales: por un lado los huzíes, grupo armado cuyos miembros son seguidores del zaidismo (rama del islam chií), aliados a los simpatizantes del ex presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh; por otro, las fuerzas contrarias a los huzíes, aliadas con el actual presidente, Abd Rabbu Mansour Hadi, y con la coalición liderada por Arabia Saudí.

En medio se encuentra atrapada la población civil, con más de 12.000 víctimas mortales y heridos, y una crisis humanitaria que crece vertiginosamente.

Durante dos años, la mayor parte del mundo ha hecho caso omiso de este feroz conflicto y ha tenido pocas noticias sobre sus devastadoras consecuencias.

Un alto precio para la población civil

La población civil se lleva la peor parte de la violencia en Yemen. Además de causar muertes y heridas a miles de civiles, el conflicto ha exacerbado una crisis humanitaria que ya era grave, producto de años de pobreza y mal gobierno, provocando un inmenso sufrimiento humano.

Unos 18,8 millones de yemeníes dependen actualmente de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Para impedir la llegada de suministros a las fuerzas huzíes, la coalición ha impuesto un bloqueo aéreo y naval parcial que ha limitado gravemente la importación y aprovisionamiento de combustible y otros productos esenciales, obstaculizando el acceso a agua, alimentos, asistencia humanitaria y suministros médicos, y provocando un fuerte aumento de los precios de la alimentación. Esto ha conducido a millones de personas a una situación desesperada. Los destrozos provocados por los ataques aéreos en infraestructuras logísticas básicas, como puentes, aeropuertos y puertos, han supuesto también un grave obstáculo para la circulación de ayuda humanitaria esencial.

Los destrozos provocados por los ataques aéreos en infraestructuras logísticas básicas, como puentes, aeropuertos y puertos, también han supuesto un grave obstáculo para la circulación de ayuda humanitaria esencial.

El grupo armado huzí y sus fuerzas aliadas están también poniendo en peligro la vida de miles de civiles en la ciudad meridional de Taiz al limitar la entrada de suministros médicos esenciales y de alimentos. Asimismo, el personal humanitario acusa a los huzíes de restringir en exceso la circulación de bienes y trabajadores, y de obligar a algunos programas de ayuda a cerrar.

Todos los bandos cometen abusos contra los derechos humanos 

Amnistía Internacional ha reunido indicios que ponen de manifiesto cómo todas las partes en el conflicto han cometido violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra.

Amnistía Internacional ha documentado 34 ataques aéreos en seis gobernaciones (Saná, Sada, Hajjah, Al Hudayda, Taiz y Lahj) por parte de la coalición liderada por Arabia Saudí, que aparentemente violaron el derecho internacional humanitario —las normas que se aplican durante los conflictos, también conocidas como “leyes de la guerra”— y causaron la muerte de 494 civiles (de ellos, al menos 148 menores de edad) y heridas a 359. Algunos de estos ataques parecen haber tenido deliberadamente como objetivo bienes de carácter civil como hospitales, escuelas, mercados y mezquitas, por lo que podrían constituir crímenes de guerra.

La coalición encabezada por Arabia Saudí ha empleado también municiones de racimo, armas explosivas letales cuyo uso está prohibido por el derecho internacional. Al ser lanzadas, estas armas liberan decenas —a veces cientos— de “minibombas” que a menudo quedan sin explotar y pueden causar terribles heridas mucho después del ataque. Amnistía Internacional ha documentado el uso por la coalición de al menos cuatro tipos de municiones de racimo, incluidos modelos fabricados en Estados Unidos, Reino Unido y Brasil.

A diario, se utilizan en zonas residenciales armas de poca precisión que causan víctimas civiles. Estos ataques indiscriminados violan las leyes de la guerra.