Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, centenares de personas resultaron heridas en distintas regiones de Perú por balas, perdigones y gas lacrimógeno disparados por la policía y el ejército durante las protestas en diferentes regiones del país que fueron en su mayoría pacíficas. El uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad fue ilegitimo, excesivo y, en muchos casos, innecesario.  Muchas personas heridas no participaban en las protestas y estaban de paso o ayudando a otras personas que habían resultado heridas.

Aunque las cifras oficiales apuntan a al menos 1,400 personas heridas, familiares y asociaciones de víctimas han indicado que el número real de heridos es probablemente mucho mayor, ya que numerosas personas no denunciaron en su momento, entre otras razones, por temor a represalias.

A pesar del carácter generalizado del uso de la fuerza pública, que convirtió este periodo de represión estatal en uno de los episodios más graves de violaciones de derechos humanos en la historia reciente de Perú, dos años después de estos hechos las autoridades siguen sin cumplir sus obligaciones de reparación integral hacia las víctimas y sobrevivientes por las violaciones de derechos humanos cometidas. Decenas de personas se encuentran limitadas en su vida cotidiana, algunos de ellas con lesiones que, con servicios de salud adecuados, podrían haber sanado.

Esta es la historia de cómo las autoridades estatales le han fallado a las personas heridas. A continuación, presentamos los testimonios de cuatro personas heridas y con graves secuelas que, a pesar de los obstáculos, luchan por vivir con dignidad y continuar con sus sueños y proyectos de vida.

“No hay ningún día que no sienta dolor, es como mi desayuno y almuerzo de cada día.”

Han pasado dos años desde que la vida de Diego cambió para siempre. Nunca pensó que tendría que vivir con más de cien balines de perdigones por todo su cuerpo.

“Antes de quedar herido, lo que amaba hacer era esforzarme durante años para mi lote de tierra. Mi meta era tener mi propia casa, mi propio lugar donde llegar…quería tener el cultivo de los frutales, los cítricos y arroz, a mí me encanta todo eso. Tenía 40 hectáreas de terreno y ya no puedo recuperarlos…. Un 9 de enero en la ciudad de Juliaca fue truncada mi vida.”

Diego tiene 35 años y es de la provincia de Azángaro, a una hora de Juliaca. El 9 de enero de 2023, caminaba por una avenida colindante con el aeropuerto de Juliaca buscando un medio de transporte para regresar a Carabaya, donde trabajaba en ese momento, cuando la policía le disparó.

Contó a Amnistía Internacional que caminaba con prisa entre varias personas que intentaban encontrar transporte, y que policías con escopetas a unos diez metros le dispararon múltiples perdigones que han quedado dentro de su cuerpo hasta el día de hoy.

Aunque les gritó a los policías, “no tengo nada que ver, estoy yendo a mi trabajo,” los disparos continuaron, según su testimonio.

La atención en salud que ha recibido durante estos dos años ha sido inadecuada, discriminatoria y costosa. Diego compartió también como el tratamiento recibido fue humillante. “El 9 de enero fue un día desastroso. No solo colapsó el hospital en Juliaca. Estuve sentado casi 3 horas en una silla de ruedas sin obtener una cama. Vino un médico con una prepotencia total en su trato.”

Diego fue intervenido en los días posteriores en el hospital en su provincia de Azángaro. Esa primera intervención fue cubierta por el Seguro Integral de Salud (SIS), pero después de eso su seguimiento médico no ha tenido la cobertura del SIS.

Diego cuenta que el trato que ha recibido en hospitales ha sido muy discriminatorio, especialmente en los hospitales públicos de Juliaca y de Azángaro. Unos meses después de los hechos, llegó al hospital público de su provincia con una crisis de dolor y asegura que el personal minimizó su dolor y un técnico del hospital le dijo que no atendían “los casos del 9 enero,” y en cambio, Diego observó cómo ese mismo día llegó un chico lastimado por jugar deporte y lo atendieron a él, pero ignoraron a Diego.

Tan deficiente fue la atención médica que recibió que se vio obligado a viajar a Bolivia para conseguirla. Originalmente había pensado que tenía entre 70 a 80 balines de perdigones en el cuerpo, pero se dio con la sorpresa, llegando a una clínica privada en ese país, que tenía mínimo 120 balines de perdigones por todo el cuerpo. Los médicos le informaron que los perdigones eran de metal con ranuras, lo cual complica una intervención quirúrgica, “Por eso a mí me toca seguir viviendo con esto hasta el último día que Dios me da la vida, no hay de otra. Seguir luchando así.”  Diego tiene perdigones en sus brazos, mano, piernas, pantorrillas y glúteos.

Sus síntomas incluyen mucha sensibilidad frente al calor. “Los objetos (perdigones) en mi cuerpo hacen que sea como un termo solar, y sube la temperatura de mi cuerpo.” Esta situación ha afectado su sueño, y le causa dolor constante, pues el metal en su cuerpo cortó nervios y tejidos, comentó Diego. “A veces yo sonrío por fuera, pero por dentro me encuentro más destrozado,” dice. Hasta el día de hoy no ha tenido una atención o acompañamiento emocional de algún psicólogo, a pesar de desearlo. Al principio Diego tomaba varias pastillas para sus síntomas, pero cuenta que últimamente ha optado por usar remedios herbales y tradicionales. 

Diego es muy activo en la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero en Juliaca y eso le da aliento. “No nos vamos a rendir, vamos a ver quién fue responsable de estos hechos, porque realmente quiero saber. Lo que más me da aliento es alcanzar justicia.”

“Quedé herido, pero no pudieron arrancar mis sueños.”

“Mis posibilidades de tratamiento serían mejores en Lima”

El 10 de diciembre de 2022, el hueso de la pierna izquierda de Teófilo Ramírez Ortega, de 54 años y padre de cinco hijos, quedó perforado por una bala que le rompió la pierna en tres pedazos.

“Antes de quedar herido, yo amaba trabajar. Yo soy muy trabajador, trabajaba en la chacra, en construcción, en transporte, todo.”

Policías le dispararon a Teófilo cuando caminaba por el centro de Andahuaylas mientras trabajaba de transportista de moto carga. Desde ese día, Teófilo ha emprendido una batalla para salir adelante y, tras estar más de un año postrado en cama, apenas ha recuperado un poco de movilidad en sus piernas.

“Para mí hubiera sido mejor estar en una cárcel que en un cuarto encerrado por tanto tiempo,” relata. “No pude dormir toda la noche durante ese tiempo, en los meses después de quedarme herido. Ni dormía. Tanto dolor tenía que gritaba a cada rato.”

Teófilo es el único proveedor económico de su familia, y ahora sus cinco hijos no tienen apoyo. Tres de sus hijos estudian y dos trabajan en agricultura. Debido a la situación económica de la familia, su hija mayor ha tenido que dejar de estudiar para trabajar y apoyar a los demás. Teófilo quisiera que el Ministerio de Educación ayude a sus hijos con becas.

“Para poder cubrir mis gastos de salud, saqué un préstamo y estoy muy endeudado,” cuenta.  Ha sido sometido a dos operaciones en el hospital público de Andahuaylas: Una en diciembre de 2022, y otra en julio de este año, donde le pusieron platino dentro de su hueso. En meses recientes ha empezado a caminar, pero aún usa bastón y silla de ruedas a veces.

La situación podría ser diferente. Con sesiones de fisioterapia constantes su movilidad podría mejorar. Pero a Teófilo no le alcanza el dinero para cubrir esas sesiones, y las que le ofrecen en el hospital público son escasas y poco frecuentes.

“La primera y segunda operación fueron cubiertas por el SIS, pero todo lo demás, placas, medicamentos, rayos X, lo cubrí yo. En el hospital me daban sesiones de fisioterapia, pero insuficientes: una sesión cada dos meses, cuando necesito varias sesiones a la semana para poderme recuperar. Estuve yendo a sesiones particulares, pero ya se me acabó el dinero para solventarlas, y eso afecta mi recuperación. Me urge retomarlas.”

Teófilo asegura que, en diciembre de 2022, el trato del personal del sistema de salud pública en Andahuaylas fue humillante y le intentaban culpar por lo que le había pasado con frases y preguntas como, “tú fuiste del paro, o qué hiciste para que te hicieran eso.”

A pesar de reconocer que vive con trauma, no le han ofrecido a Teófilo un acompañamiento psicológico. “Sería un alivio para mí tener ese tipo de atención, pero no me ha llegado,” cuenta.

Lo que le da ánimo es poder reunirse con otras personas sobrevivientes y familiares afectados por la represión estatal. Participa en la Asociación de Víctimas y familiares que se formó en de Andahuaylas. “Ahora puedo salir y conocer personas: eso es un alivio. La unión hace la fuerza. No somos animales, y nos trataron como eso, pero no lo somos. Somos andinos quechuahablantes.”

“Sí quedé herido, pero sigo siendo yo. Una cosa que no me pueden arrancar es mi deseo de cumplir mis metas, y apoyar a mis hijos. Sigo siendo Teófilo.”

“Emocionalmente hasta ahora me choca bastante al recordar. Es difícil de olvidar.”

Reyder Hinostroza, taxista de 27 años, fue herido por una bala en la pierna derecha cuando corría para ayudar a otro herido en la noche del 15 de diciembre de 2022, fecha que será recordada por el uso indiscriminado de la fuerza letal por parte del ejército contra manifestantes y transeúntes desarmados en Ayacucho.

Las lesiones sufridas por Reyder fueron tan graves que tuvo que someterse a varias intervenciones quirúrgicas en los días posteriores y fue trasladado en helicóptero a Lima. Reyder contó a Amnistía Internacional que la operación a la que fue sometido tenía un 70% de probabilidades de ser mortal, aunque la otra opción habría sido desangrarse, con un posible resultado letal también. Sus abuelos, quienes lo criaron, tuvieron que firmar el formulario para permitir la operación.

Cuando despertó, luego de la operación, cuenta Reyder que con la visión borrosa al principio se dio cuenta que había sobrevivido. “Poco a poco y me di cuenta que sobreviví y agradecí que Dios me diera más vida.”

Durante varios meses después de las operaciones a las que fue sometido, en las que le pusieron un injerto de piel, Reyder solo pudo caminar con muletas. Contó a Amnistía Internacional que está muy endeudado por todos sus gastos médicos, que han incluido varios viajes a Lima para continuar su tratamiento.

El trabajo de Reyder como taxista se ha visto muy afectado y no puede trabajar tantas horas como antes. Aunque ha dejado de usar muletas, aún cojea y sigue teniendo problemas de movilidad. Todo ello ha afectado su capacidad para mantener a sus abuelos, que sólo cuentan con él para mantenerlos.

Aunque el SIS cubrió algunas de las intervenciones médicas iniciales, el resto del tratamiento, en una clínica privada en Lima, que ha sido la única posibilidad de recuperación, ha sido con sus recursos. Amigos y familiares organizaron colectas para ayudarlo con sus gastos. Todos los meses, por ejemplo, tiene que comprar una ampolla por un absceso que tiene en la pierna.

El peso emocional del trauma vivido le ha pasado factura. “En los primeros meses a veces no dormía. Cuando tronaban cuetes, me provocaba miedo, trauma, y luego ver otros fallecidos en los videos era muy doloroso y traumatizante. Hasta ahora lloro y mis abuelos lloran también.”

Reyder ha podido acceder a apoyo psicológico a través de una organización civil en Ayacucho, así como a algunas sesiones proporcionadas por la Fiscalía. “Eso me ayuda, pero aún me duele cuando recuerdo lo que pasó”, cuenta.

Otra fuente de fortaleza es su participación en Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre de 2022. “A veces teníamos reunión y llorábamos juntos. Estar juntos y estar tristes, me ayudaba bastante, me fortalecía. La unidad ha ayudado a tener una sola búsqueda de todos, es como una segunda casa, hemos llegado a tener amistades.”

“Una cosa que no me pueden arrancar es el derecho de luchar hasta el último hasta buscar justicia. Ya no soy la misma persona, pero siempre lucharé.”

“Aquí en Juliaca no hay especialistas. Tendría que ir a Lima para eso y no puedo costearlo.”

Luzmila tiene 46 años, su lengua materna es quechua y es cocinera de profesión. El 7 de enero 2023 recibió un disparo en el tobillo por parte de policías que estaban a cuatro calles de distancia mientras ella se disponía a cruzar, junto a su hija y su nieta de cinco años, una avenida en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca. 
Antes de los hechos, trabajaba en su restaurante. Luzmila cuenta que unos de sus alimentos favoritos para preparar son pollo rostizado y trucha. Cocinar es lo que le encanta.

 “Ahora me duele mucho, no sirvo para nada. Me ha afectado la presión, ansiedad, diabetes, obesidad. Yo no tenía esas condiciones antes.”

Luzmila tiene tres hijos y una nieta. Con lo que ganaba como cocinera, podía ayudarlos. Después de ese día en el aeropuerto todo cambió. Pasó más de un año en cama y apenas hace unos meses empezó a recuperar lentamente su movilidad.

El proceso de recuperación de Luzmila, para que pueda dejar de cojear y recuperar la movilidad total, sería mucho más rápido si el hospital público pudiera ofrecerle fisioterapia con más frecuencia, pero sólo recibe una cita cada dos o tres meses, comentó.

“Solo puedo caminar dos cuadras,” cuenta Luzmila. Ha tenido que desembolsar de su propio dinero y buscar ayudas solidarias de otras personas para su atención médica. En enero de 2023 el hospital público no tenía capacidad para operarla, por lo que tuvo que acudir a una clínica privada, donde le pusieron platino y 6 clavos. 
“Para la cocina se necesita pararse y caminar mucho. Ya no puedo con eso. Me duele mucho. El calor me duele, el frío mi duele. Solo me quedo en casa, y para moverme tengo tomar una motito.”

Los médicos de Luzmila dicen que solo “con tiempo” va a ir mejorando. “El hueso ha sanado, pero parece que los nervios no sanan. Aquí en Juliaca no hay especialistas sobre nervios. Tendría que ir a Lima para eso y no puedo costearlo.” Se le salen lágrimas mientras habla de la frustración y la lentitud de su recuperación. Pero a la vez cuenta del ánimo que le causa estar con otras personas en la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero. “Estar en la Asociación nos da ánimo.”

“Sí quedé herida, pero nunca me pueden arrancar la vida. Voy a seguir adelante por mi familia.”

En enero de 2023, ante la indignación nacional e internacional por el número de muertos y heridos durante las protestas, las autoridades aprobaron una Resolución Suprema  con la que se creaba, de manera temporal, una Comisión Multisectorial de apoyo a víctimas, bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según información brindada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a Amnistía Internacional en respuesta a una solicitud de información pública, entre febrero a julio de 2023, la Comisión Multisectorial llevó a cabo 20 sesiones, en las cuales se iba recopilando una lista de beneficiarios, que al final llegó a tener un total de 155 personas heridas de gravedad y 111 deudos de personas fallecidas.  El Estado desembolsó un total de 7 millones de soles (aproximadamente 1.99 USD) para otorgar, de manera excepcional y por única vez, un apoyo económico de 25 mil soles a cada una de estas personas.

Amnistía Internacional entrevistó a personas heridas que comentaron que, aunque el apoyo económico les ayudó a cubrir algunos gastos en su momento, de ninguna manera ha resuelto sus desafíos para costear sus necesidades que siguen siendo urgentes. De igual manera, después de recibir el apoyo económico, las personas heridas comentaron que no hubo ningún contacto de representantes de la Comisión Multisectorial para dar seguimiento a su situación o actualizar su diagnóstico de necesidades que se había llevado a cabo en un primer momento.

Esto a pesar de que la Comisión Multisectorial fue integrada por varios ministerios del Estado peruano con competencia en temas de derechos sociales, tales como los Ministerios de Salud, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Desarrollo e Inclusión Social, Educación, Desarrollo Agrario y Riego y también por representantes del Seguro Integral de Salud. Amnistía Internacional pidió los detalles sobre el trabajo de la Comisión Multisectorial durante sus meses de vigencia. A través de su respuesta a la solicitud de información pública antes referida, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que las reuniones de la Comisión se enfocaban en la actualización de la lista de beneficiarios de los apoyos económicos. No obstante, a pesar de contar con programas con diferentes enfoques que pueden posibilitar una atención integral dentro de sus portafolios, ninguno de estos Ministerios llevó a cabo acciones de gestión para posibilitar programas o actividades en relación con las personas fallecidas y heridas en protestas que permitan una atención sostenida a sus necesidades.

Dichos Ministerios, en lugar de tomar acción propositiva para crear algún tipo de iniciativa que pudiera ayudar de forma específica al universo de personas cuyos sueños y proyectos de vida fueron truncados, no hicieron más que revisar las personas elegibles a ser usuarios de programas del Estado ya existentes, o acercarles información a las personas de esos programas sin ayudarles a inscribirse o darles otros apoyos necesarios dado su contexto y retos particulares. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, en lugar de llevar a cabo un diagnóstico de las personas dependientes de personas heridas y fallecidas a quienes sus posibilidades de estudiar quedaron truncadas, para proponer formas de apoyo, las personas funcionarias de esa institución solo llevaron a cabo un proceso para brindar puntaje adicional para becas preexistentes a las personas afectadas en protestas, sin tomar en cuenta la afectación más integral a su derecho a la educación. En el caso del Ministerio de Desarrollo e Integración Social, y el Ministerio de Vivienda, simplemente se llevó a cabo un filtro de las personas afectadas para ver si cumplían con programas estatales existentes, y se acercó esta información a las personas afectadas, sin tomar ninguna acción frente a sus enormes necesidades debido a su situación particular.  Estas mínimas acciones de los ministerios pasan por alto los impactos a partir de las limitaciones físicas que tienen las personas heridas para seguir con su proyecto de vida, y por ello la necesidad de una atención inmediata.

En el caso del Ministerio de Salud (MINSA), su inacción es alarmante, debido a que, según información obtenida por Amnistía Internacional a través de una solicitud de información pública,  durante las sesiones de la Comisión Multisectorial el MINSA informó que las acciones que había tomado en beneficio de las personas afectadas por la represión estatal se limitaban a las atenciones brindadas durante un primer momento de la emergencia.  Según una investigación de Amnistía Internacional, estas atenciones del MINSA durante las protestas en varios casos habían sido deficientes o discriminatorias.   Aunque no cabe duda de que las ambulancias, medicinas, intervenciones quirúrgicas y acciones llevadas a cabo por personal del MINSA durante la época de represión cumplieron con su deber de brindar servicios públicos, aunque a veces de manera parcial o incompleta, llama la atención que el MINSA no haya implementado otras acciones para cubrir las necesidades de salud a mediano y largo plazo de las personas heridas durante las protestas. Este punto cobra aún más relevancia tomando en cuenta que, en una investigación reciente sobre el sistema de salud de Perú, Amnistía Internacional encontró que existe una tendencia a que las personas que cuentan con seguros públicos se atiendan en el sector privado sin utilizar los esquemas de aseguramiento, sino gasto de bolsillo, lo cual tiene un efecto en la disponibilidad y accesibilidad equitativa a los servicios de salud.

Asimismo, hasta el día de hoy, no se ha llevado a cabo ningún tipo de diagnóstico colectivo de las necesidades de las personas heridas en cuanto a salud mental, a pesar de que viven de manera diaria con un trauma profundo que les ha afectado su sueño, su ánimo y su sentido de seguridad emocional.  En la información brindada por las autoridades a Amnistía Internacional sobre el trabajo de la Comisión Multisectorial, no hubo mención sobre la necesidad de acompañamiento emocional y salud mental para las personas heridas.

En un informe firmado por la ex secretaria técnica de la Comisión Multisectorial,  reseñando el trabajo realizado por la entidad, se menciona una propuesta para continuar con el trabajo de la Comisión Multisectorial y poder dar seguimiento a la situación de personas beneficiarias. Esa propuesta tendría que ser respaldada por una Resolución Suprema para garantizar este seguimiento. No obstante, dicha propuesta llegó a la Presidencia y Consejo de Ministros (PCM), y no ha prosperado.  
El hecho de que la Comisión Multisectorial haya terminado su trabajo sin abrirse a la posibilidad de renovar su mandato obstaculiza la posibilidad de implementar medidas más comprehensivas frente a las necesidades continuas de las personas heridas. Este punto cobra aún más relevancia debido a la obligación de Perú de garantizar una reparación integral por las violaciones de derechos humanos, como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según el Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, una manera de responder a las necesidades de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, sin tener que esperar a reparaciones que resultan de procesos judiciales, incluye la implementación de programas administrativos de reparación.  Las autoridades peruanas  han establecido programas administrativos en otras ocasiones, por ejemplo, con la creación del Plan Integral de Reparaciones para las víctimas de la violencia ocurrida durante el período de mayo de 1980 a noviembre de 2000.  Según el Relator Especial, “los grandes daños que una reparación debe remediar hacen necesaria una amplia gama de medidas organizadas de forma coherente.”  De igual manera, el Relator destaca la importancia de la participación de representantes de la sociedad civil y de las víctimas en el diseño y la implementación de tales programas.

A dos años de haberse cometido graves violaciones de derechos humanos que cambiaron la vida de cientos de personas para siempre, dejándoles en una situación de desamparo, dolor y trauma, las autoridades de Perú han fallado en atender sus necesidades para que puedan seguir con su vida. Terminar el trabajo de la Comisión Multisectorial de Apoyo a Víctimas, significó truncar un proceso de atención que no terminó de diagnosticar las necesidades reales e integrales de las personas sobrevivientes de la represión estatal, ni dar un seguimiento efectivo de su proceso de recuperación física, emocional y económica. 
Por ende, Amnistía Internacional hace las siguientes recomendaciones:

A la Presidencia y Consejo de Ministros (PCM):

• Crear un Programa de Reparación Administrativa Integral para las personas víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante protestas entre diciembre 2022 a marzo de 2023, que garantice un seguimiento permanente del trabajo realizado bajo la Resolución Suprema 264-2022-JUS y su modificación R.S. 027-2023-JUS que crearon la Comisión Multisectorial en 2023. Es indispensable que se asegure que el Programa de Reparación cuente con recursos suficientes e incluya la participación de la sociedad civil y las personas víctimas en su diseño e implementación, además de contemplar la evaluación continua de las necesidades integrales de las personas víctimas, tanto familiares de personas fallecidas como personas heridas, de manera comprehensiva. 

Al Ministerio de Salud (MINSA):

• Garantizar la atención completa y especializada en salud física de las personas heridas durante las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023, que incluya atención al daño producido, intervenciones quirúrgicas gratuitas, garantizando que se provea efectivamente todos los medicamentos y terapias de rehabilitación para los casos que se requiera, incluyendo el traslado de personas para tratamientos urgentes en Lima.
• Disponer de apoyo psicológico, y de ser necesario psiquiátrico, permanente con enfoque diferenciado por el daño sufrido y accesible en sus lugares de residencia, a personas heridas en protestas, asegurando que este incluya un fondo económico que puede ser usado por las personas sobrevivientes con la persona profesional de salud mental de su elección, sea del Estado o de un profesional independiente.