Las autoridades del estado de Odisha, India, deben procurar de inmediato recurso y reparación a las familias víctimas de desalojo forzoso en el distrito de Jagatsinghpur a causa de un proyecto propuesto por la empresa siderúrgica coreana POSCO, ha declarado Amnistía Internacional India."Estos desalojos fueron ilegales y han arruinado los medios de vida de miles de personas", ha manifestado Shashikumar Velath, director de Programas de Amnistía Internacional India."Las autoridades adquirieron la tierra sin entablar una verdadera consulta con las personas afectadas, ni ofrecer avisos e indemnizaciones adecuadas. Llevan años violando los derechos de los habitantes de esta zona. Ahora deben asegurarse de que las familias afectadas reciben recursos efectivos."Funcionarios del gobierno y agentes del cuerpo de policía de Odisha reanudaron el 28 de junio de 2013 los desalojos forzosos, siguiendo adelante con la iniciativa de adquirir tierras para el proyecto. Ese mismo día, agentes de policía cargaron contra los manifestantes con porras, causando heridas al menos a 20 personas.El 4 de julio, Satya Kumar Mallick, director de la administración del distrito de Jagatsinghpur, explicó a Amnistía Internacional India que ya había concluido la adquisición de 1092 hectáreas para la primera fase del proyecto, y las autoridades comenzarían ahora a excavar zanjas a fin de delimitar las tierras adquiridas.La mayoría de la zona contenía plantaciones de betel situadas en tierras comunitarias -propiedad de la población dependiente de la autoridad de organismos locales que se destina a la utilización por parte de las comunidades locales- de las que muchas familias dependen para subsistir.Según Mallick, se había consultado a todos los agricultores de la zona y se les había concedido una indemnización -un pago único en efectivo igual para todos- por las tierras expropiadas, y los agricultores habían desmantelado "voluntariamente" sus plantaciones de betel. Sin embargo, activistas locales y algunos habitantes afirman que no fueron consultados ni avisados de manera adecuada, y a quienes rechazaron la indemnización les expropiaron las tierras por la fuerza sin su consentimiento."No necesitamos su indemnización; queremos vivir nuestra vida en paz sin temor a que nos golpeen, desalojen o detengan", ha manifestado Ranjan S, habitante de la localidad de Gobindpur.Según los Principios Básicos y Directrices de la ONU sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo, todas las personas que estén amenazadas o sean objeto de desalojos forzosos tienen el derecho de acceder oportunamente a un recurso. Entre las medidas apropiadas figuran una audiencia imparcial, acceso a la asistencia letrada, asistencia jurídica, retorno, restitución, reasentamiento, rehabilitación e indemnización."Los gobiernos central y estatal tienen la obligación de respetar y proteger los derechos de estas comunidades, por lo que necesitan actuar en consecuencia", ha manifestado Shashikumar Velath."En primer lugar, las víctimas de desalojos forzosos deben tener acceso a recursos efectivos y el derecho a recibir reparación."POSCO debe realizar una evaluación exhaustiva de los efectos del proyecto sobre los derechos humanos en consulta con las comunidades locales."Las autoridades deben reconocer las reclamaciones individuales y comunitarias sobre las tierras, realizar verdaderas consultas con las personas afectadas y llevar a cabo nuevos desalojos únicamente como último recurso, como exigen las normas internacionales", ha dicho Shashikumar Velath."Debe investigarse todo uso innecesario de la fuerza u otras violaciones de derechos cometidos por la policía y hacer rendir cuentas a los responsables, incluyendo a quienes tienen responsabilidad en la cadena de mando", ha declarado Shashikumar Velath."Según los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, éstas tienen la responsabilidad de respetar íntegramente los derechos humanos. POSCO debe garantizar que toma medidas para concienciarse sobre los efectos negativos que la adquisición de tierras para su proyecto tiene sobre los derechos humanos, prevenirlos y abordarlos."Información complementariaPOSCO firmó en 2005 un memorando de entendimiento con el gobierno de Odisha, que expiró en 2010. Las autoridades indias han autorizado con condiciones a POSCO India Private Limited, empresa filial perteneciente en su totalidad a POSCO, para establecer una planta siderúrgica, una central eléctrica, una mina de mineral de hierro, un municipio y un puerto en unas 4800 hectáreas de tierra en Odisha.Las comunidades locales llevan desde 2005 haciendo campaña contra el proyecto propuesto de 12.000 millones de dólares estadounidenses -uno de los proyectos más importantes de inversión extranjera directa de India-.Las autoridades han hecho con frecuencia un uso innecesario de la fuerza contra habitantes de la zona que protestaban de manera pacífica contra los desalojos forzosos y han destruido plantaciones de betel situadas en tierras comunitarias.Habitantes de la zona han contado a Amnistía Internacional que la indemnización total ofrecida por POSCO por una plantación es menor que los beneficios que podría reportar en un solo año. Una comisión especial constituida en septiembre de 2010 por el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques del gobierno central a fin de investigar el proyecto también ha puesto en duda la idoneidad de la indemnización recibida, afirmando que "la mera indemnización de un punto por las tierras …no compensará la pérdida de medios de vida sostenibles". La comisión afirmó asimismo que determinados grupos de personas afectadas estaban excluidos de la indemnización, como comunidades pesqueras y trabajadores agrícolas sin tierras.Activistas locales aseguran que las autoridades del estado no han resuelto las reclamaciones legítimas formuladas por las comunidades locales sobre las tierras comunitarias, como exige la Ley de Derechos Forestales de India. La comisión de investigación del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques expresó también honda preocupación por los intentos de las autoridades de adquirir esas tierras comunitarias sin resolver las reclamaciones sobre las tierras.Una comisión especial de Derechos Forestales constituida en julio de 2010 por el Ministerio de Asuntos Tribales y el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques ordenó al gobierno de Odisha suspender todos los trabajos hasta que se reconociesen las reclamaciones individuales y comunitarias sobre derechos forestales. Sin embargo, pese a estas conclusiones, en 2011 el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques admitió la declaración del gobierno del estado de que ninguna de las comunidades que viven en la zona tiene derechos sobre las tierras comunitarias.Conforme a la Ley de Derechos Forestales, toda utilización de terrenos forestales con fines no forestales requiere el consentimiento de los organismos locales, que llevan desde 2009 negándose reiteradamente a dar su consentimiento a que las tierras se utilicen para el proyecto. Sin embargo, tanto el gobierno central como el estatal han desoído las resoluciones dictadas por las gram sabha (asambleas locales).Las dos comisiones constituidas por el gobierno central también declararon que el proyecto siderúrgico propuesto violaría la legislación nacional en materia medioambiental y la normativa de costas, y que no se había evaluado adecuadamente el posible efecto negativo sobre los medios de vida de la comunidad local.En marzo de 2012, el Tribunal Verde Nacional, especializado en asuntos medioambientales, suspendió la autorización medioambiental concedida al proyecto de la planta siderúrgica. El tribunal afirmó que el Ministerio de Bosques y Medio Ambiente había cometido importantes equivocaciones en su evaluación del impacto medioambiental del proyecto y había dejado sin respuesta "inquietantes dudas medioambientales y ecológicas".POSCO ha solicitado la renovación de la autorización medioambiental para el proyecto. Pero la empresa aún no ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva del impacto del proyecto sobre el medio ambiente y los derechos humanos.Habitantes de la zona han relatado a Amnistía Internacional India que llevan años sufriendo acoso, intimidación y violencia a manos de los agentes de la policía del estado. Grupos de activistas afirman que la policía ha presentado varias causas falsas contra quienes se oponen al proyecto. Abhay Sahoo, director del movimiento en contra de POSCO, ha sido detenido y recluido en múltiples ocasiones acusado de cargos falsos y actualmente se encuentra detenido.Los agentes de la policía local también han restringido severamente la libre circulación de los habitantes de la zona mediante barricadas y puntos de control levantados a las afueras de las poblaciones. Grupos de derechos humanos como ESCR-Net aseguran que estas acciones, así como la amenaza de detención por cargos falsos, han afectado negativamente el acceso de los habitantes al trabajo, la alimentación y la asistencia médica. Según los informes, algunos opositores llevan varios años sin poder salir de sus poblaciones. Según un informe elaborado en julio de 2011 por la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de la Infancia de India, la ocupación de las escuelas locales por agentes de policía en la zona también había afectado el acceso de niños y niñas a la educación.La adquisición, además, incumple la sentencia sobre las tierras comunitarias locales dictada en enero de 2011 por el Tribunal Supremo de India. Refiriéndose a terrenos públicos utilizados durante siglos en común beneficio de las comunidades locales, en la sentencia se observa que "la protección de los derechos comunes de los habitantes de la zona se ha llevado a cabo tan fervientemente que cierta legislación menciona expresamente que aunque se haya cedido la propiedad al Estado no implica que tal cesión suponga la pérdida de los derechos comunes de los habitantes"."Lo que hemos observado desde la Independencia, no obstante, es que en amplias zonas del país, personas sin escrúpulos se han apropiado de estas tierras comunes recurriendo al uso de la fuerza, el poder del dinero o la influencia política, y en la actualidad en muchos estados no queda ni un ápice de estas tierras para el uso colectivo de los habitantes de la población, aunque pueda existir sobre el papel. Personas con poder y dinero que actúan en poblaciones de todo India se apropian sistemáticamente de tierras comunitarias y las destinan a usos que nada tienen que ver con su naturaleza original, para su engrandecimiento personal a expensas de la comunidad local."