Ante la gravedad de la situación de los derechos humanos en Irán y dada la negativa de las autoridades iraníes a cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos existentes y su rechazo de muchas recomendaciones específicas formuladas por Estados miembros en el marco del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Proyecto Coalición para la Democracia, Human Rights Watch, la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán y la Federación Internacional de los Derechos Humanos, junto con la organización afiliada a ésta Liga Iraní para la Defensa de los Derechos Humanos, instan a la Asamblea General de la ONU a lo siguiente.

• solicitar al secretario general de la ONU que publique un informe más exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en Irán;
• solicitar al secretario general que informe periódicamente al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Irán;
• instar a los titulares de mandato de los procedimientos especiales de la ONU a que informen periódicamente al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación del los derechos humanos en Irán;
• nombrar un enviado especial del secretario general con el mandato de investigar la situación de los derechos humanos en Irán e informar sobre ella.

Las violaciones en gran escala de derechos humanos cometidas en Irán tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2009 fueron un recordatorio de la precariedad de las libertades fundamentales en el país. Las autoridades impusieron restricciones aún más severas a la libertad de expresión, asociación y reunión. Se prohibieron las manifestaciones pacíficas y se golpeó a los manifestantes, se los detuvo arbitrariamente y, en algunos casos, se disparó contra ellos. Decenas de personas fueron víctimas de homicidio, tanto en la calle como bajo custodia.Las autoridades iraníes sometieron luego a juicio sin las debidas garantías a centenares de personas, en muchos casos en "juicios mediáticos" masivos que parecían tener principalmente por objeto validar su versión de los hechos y buscar chivos expiatorios. En enero de 2010, dos hombres declarados culpables en tales "juicios mediáticos" fueron ejecutados por su participación en las manifestaciones, pese a que habían estado bajo custodia desde antes de las elecciones. Hay al menos siete hombres y una mujer condenados a muerte por presuntos delitos relacionados con las elecciones y el periodo posterior a ellas, y otros cumplen penas de hasta 25 años de prisión por haber sido declarados culpables de imprecisos "delitos" contra la "seguridad nacional". Sus juicios fueron parodias de justicia.Normalmente, los juicios se celebran tras haber estado los acusados recluidos durante largos periodos, a menudo en régimen de incomunicación o de aislamiento, en centros donde la tortura y otros malos tratos con comunes. Asimismo, se han utilizado las malas condiciones de reclusión, incluida la negación de atención médica adecuada, para ejercer aún más presión sobre los detenidos y sus familias.Desde la aprobación de la última resolución sobre la situación de los derechos humanos en Irán, las autoridades han prohibido algunos partidos políticos; cerrado periódicos; hostigado a organizaciones de derechos humanos; detenido a periodistas, sindicalistas y activistas de los derechos humanos, y privado a detenidos de asistencia letrada adecuada, pues se han violado los derechos de los abogados mismos, a quienes se ha detenido y sometido a hostigamiento con la intención evidente de menoscabar la función de abogado defensor.Aunque a finales de 2009 las autoridades habían conseguido ya sofocar las manifestaciones, continúan sometiendo a hostigamiento y, en muchos casos, a detención arbitraria a quienes se muestran críticos con el historial del gobierno en materia de derechos humanos o expresan su disidencia. Han detenido y condenado a prisión a activistas de los derechos de las mujeres. También han detenido a miembros de minorías étnicas de Irán que propugnan mayor respeto de sus derechos en un contexto de atentados perpetrados sobre todo en las zonas predominantemente baluchis y kurdas del país. Y también se ha detenido y, a veces, condenado a cumplir largas penas de cárcel a miembros de minorías religiosas, en particular de la comunidad bahaí, no reconocida, a musulmanes convertidos al cristianismo y a sufíes.Las autoridades iraníes siguen llevando a cabo -principalmente por ahorcamiento- más ejecuciones que cualquier otro país del mundo, aparte de China. Entre los condenados a muerte hay un número desproporcionado de personas pertenecientes a minorías y de ciudadanos extranjeros, en particular afganos. Muchos han sido declarados culpables de asesinato o de tráfico de drogas en juicios plagados de irregularidades. La pena de muerte puede imponerse también por "delitos" en los que no hay una intención letal intrínseca -como el "adulterio", la "sodomía", el "insulto a santidades" y el "establecimiento de un grupo que tenga por objeto atentar contra la seguridad nacional o la pertenencia a él"-, lo que constituye una violación del derecho internacional de los derechos humanos. Desde 2006 han sido ejecutadas por lapidación al menos seis personas declaradas culpables de "adulterio". En 2009, Irán ejecutó al menos a 388 personas, de las que al menos cinco eran menores de edad en el momento del delito por el que fueron condenadas. Entre enero y octubre de 2010, Irán ha ejecutado a más 220 personas, entre ellas una que quizá fuera menor de edad en el momento del delito.En la actualidad hay al menos 141 personas condenadas a muerte por delitos que cometieron presuntamente siendo menores de 18 años, lo que constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Irán en virtud de los tratados internacionales.Aunque las autoridades iraníes han reconocido que tras las elecciones presidenciales se cometieron algunos abusos en el centro de detención de Kahrizak, así como en la residencia de estudiantes de la Universidad de Teherán, han rechazado otras denuncias, relativas a tortura -incluida violación- y homicidios ilegítimos, tras realizar someras investigaciones. De hecho, hay indicios de que las autoridades no tienen intención de revelar la verdad: han cerrado las oficinas de personas que reunían pruebas de violaciones de derechos humanos y detenido a algunas de ellas; ha abierto una causa contra el candidato presidencial derrotado Mehdi Karroubi, quien ha seguido expresando preocupación por las violaciones de derechos humanos, y han intentado desacreditar las pruebas recogidas presentando falsamente a personas incluidas en la lista de las fallecidas.Al mismo tiempo, las autoridades están haciendo todo lo posible para impedir el escrutinio externo de lo sucedido, negándose incluso a cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos de la ONU a la vez que afirman estar cumpliendo con sus obligaciones internacionales.La invitación permanente que cursó Irán a todos los mecanismos en 2002 coincidió con el fin del mandato específico sobre Irán de la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, a los siete mecanismos con solicitudes permanentes de visita se les está obstaculizando ésta. No se permite la visita de ningún procedimiento especial desde 2005. De hecho, el gobierno se ha negado explícitamente a aceptar las recomendaciones en que se solicitan visitas de algunos de los titulares de mandado formuladas durante su examen en el proceso de examen periódico universal en febrero de 2010.Los relatores especiales sobre la cuestión de la tortura, la independencia de los jueces y los abogados, el derecho a la libertad de opinión y de expresión y los defensores de los derechos humanos, así como el experto independiente en cuestiones de las minorías, han presentado solicitudes de visita, pero no han recibido respuesta. Mientras tanto, los relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias y la libertad de religión o de creencias, así como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, tienen en principio acuerdos de visita, pero las autoridades iraníes no han propuesto ninguna fecha.Aunque Irán ha presentado todos los informes pendientes a los órganos de vigilancia de los tratados pertinentes y ha sometido su historial en materia de derechos humanos a la consideración de los Estados en el proceso de examen periódico universal, así como del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en agosto de 2010, estos mecanismos no están equipados para tratar debidamente una crisis de derechos humanos como la que continúa desarrollándose en Irán.Durante el examen periódico universal en el Consejo Derechos Humanos, el gobierno no sólo hizo una descripción manifiestamente distorsionada de la situación en el país, sino que también rechazó recomendaciones específicas clave sobre la libertad de expresión, asociación y reunión por considerar que tenían una motivación política, a la vez que aceptaba otras más genéricas.Con estos antecedentes, no debe permitirse que ninguna iniciativa iraní dirigida en apariencia a aumentar la cooperación con los mecanismos de derechos humanos, como la invitación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la posible reanudación del diálogo entre Irán y la Unión Europea en materia de derechos humanos, desvíe la atención de la necesidad de formular demandas internacionales de mejoras demostrables sobre el terreno.Al reunirse para celebrar el 65º periodo de sesiones de la Asamblea General, los Estados miembros de las Naciones Unidas han podido ver una vez más datos convincentes sobre la comisión de violaciones de derechos humanos en Irán, recogidos por el secretario general de la ONU y expuestos en su informe de 2010 presentado de conformidad con la Resolución 64/176 de la Asamblea General.^[1] Tales datos hacen necesaria una reacción enérgica de la comunidad internacional con que responder a la falta de medidas de las autoridades iraníes para ocuparse de tan graves motivos de preocupación con respecto a los derechos humanos y a sus obstáculos al escrutinio internacional. Es necesaria una acción concertada para que el pueblo de Irán tenga mayor acceso a la gama completa de sus derechos humanos internacionalmente reconocidos.