Israel debe poner fin a la brutal ocupación de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, que mantiene desde 1967. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional con ocasión del comienzo de las vistas públicas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para estudiar las consecuencias jurídicas de la ocupación prolongada israelí.

Estas vistas públicas tendrán lugar en La Haya entre el 19 y el 26 de febrero después de que la Asamblea General de la ONU adoptara una resolución en diciembre de 2022 para solicitar una opinión consultiva de la CIJ sobre la legalidad de las políticas y prácticas de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) y las consecuencias que la conducta de Israel tiene para otros Estados y para la ONU. Está previsto que más de 50 Estados, la Unión Africana, la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica participen en el proceso.

“La ocupación de Palestina por parte de Israel es la ocupación militar más larga y una de las que más muertes causa en el mundo. Durante décadas se ha caracterizado por la práctica generalizada y sistemática de violaciones graves de derechos humanos contra la población palestina. La ocupación también ha permitido y afianzado el sistema de apartheid que Israel impone a todas las personas palestinas”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Con el tiempo, la ocupación militar israelí se ha transformado en una ocupación perpetua que viola flagrantemente el derecho internacional.”

“El conflicto que actualmente asola la Franja de Gaza ocupada, donde la CIJ ha determinado que hay un riesgo real e inminente de genocidio, ha puesto claramente de manifiesto las catastróficas consecuencias de permitir que Israel lleve tanto tiempo cometiendo impunemente crímenes de derecho internacional. El mundo debe reconocer que poner fin a la ocupación ilegal israelí es requisito indispensable para detener las constantes violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Israel y los TPO.”

Según el derecho internacional humanitario, la ocupación de un territorio durante un conflicto tiene carácter temporal. La potencia ocupante está obligada a administrar el territorio en beneficio de la población objeto de la ocupación y mantener en lo posible la situación que existía al inicio de ésta, lo que incluye respetar la legislación vigente y abstenerse de introducir cambios demográficos y alterar la integridad territorial del territorio ocupado.

La ocupación israelí no se ha ajustado a estos principios fundamentales del derecho internacional humanitario. La duración de la ocupación israelí —que abarca más de medio siglo—, sumada a la anexión oficial ilegal por parte de las autoridades del territorio ocupado de Jerusalén Oriental y la anexión de facto de grandes zonas de Cisjordania mediante la confiscación de tierras y la expansión de los asentamientos, es prueba inequívoca de que Israel pretende que la ocupación sea permanente y beneficie a la potencia ocupante y su propia ciudadanía.

La Franja de Gaza sigue ocupada incluso tras la retirada de las fuerzas israelíes y el traslado de la población colona en 2005 en la medida en que Israel ha conservado el control efectivo del territorio y su población, lo que incluye el control de las fronteras, las aguas territoriales, el espacio aéreo y el registro civil. Gaza lleva 16 años sufriendo la ocupación por medio del bloqueo ilegal israelí que ha limitado severamente la circulación de personas y bienes y ha destrozado la economía gazatí, y de los repetidos episodios de hostilidades que han matado y herido a miles de civiles y destruido gran parte de las infraestructuras y viviendas de este territorio.

“Todos los Estados deben replantearse sus relaciones con Israel para asegurarse de que no contribuyen a sostener la ocupación ni el sistema de apartheid. Ante la reunión de los ministros y ministras europeos de Asuntos Exteriores que se celebra hoy en Bruselas, la necesidad de hacer un llamamiento claro y común en favor del fin de la ocupación israelí es más urgente que nunca”, ha añadido Agnès Callamard.

La población palestina que vive bajo la ocupación israelí se ve sometida a innumerables violaciones de derechos humanos, mantenidas por un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática. Las leyes represivas y discriminatorias —aparentemente adoptadas como parte de la ocupación, pero que contribuyen eficazmente a los objetivos del sistema de apartheid impuesto por Israel— han fragmentado y segregado a la población palestina en todos los TPO, al tiempo que explotan ilegítimamente sus recursos, restringen arbitrariamente sus derechos y libertades, y controlan casi todos los aspectos de su vida.

Incluso antes de las recientes hostilidades, la población palestina de Gaza venía sufriendo numerosas ofensivas militares israelíes —al menos seis entre 2008 y 2023—, además de un persistente bloqueo por tierra, mar y aire, lo que ha ayudado a mantener el control y la ocupación efectivos de Gaza por parte de Israel. Durante esas ofensivas, Amnistía Internacional documentó un panorama constante de ataques ilegítimos, que constituyen crímenes de guerra e incluso crímenes de lesa humanidad; y el bloqueo persistente constituye castigo colectivo, que también es crimen de guerra.

En Cisjordania, incluida la Jerusalén Oriental ocupada, la población palestina se enfrenta de forma habitual al uso excesivo de la fuerza, homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias o administrativas, desplazamientos forzados, demoliciones de viviendas, la confiscación de la tierra y los recursos naturales, y la negación de los derechos y libertades fundamentales. El sistema de cierres multidimensional israelí, fortificado mediante una vigilancia masiva, barreras físicas y restricciones jurídicas—como un muro/valla ilegal, centenares de puestos de control y bloqueos de carretera, y un régimen de permisos arbitrario—, ha restringido la libertad de circulación de las personas palestinas y ha perpetuado la privación de sus derechos.

Entre los ejemplos más emblemáticos del desprecio absoluto que Israel muestra por el derecho internacional figuran el establecimiento e incesante extensión de los asentamientos israelíes por todos los TPO y la anexión ilegal de la Jerusalén Oriental ocupada que tuvo lugar inmediatamente después de la guerra de 1967 y quedó establecida constitucionalmente en 1980. En la actualidad, en Cisjordania, incluida la Jerusalén Oriental ocupada, hay al menos 300 asentamientos y puestos de avanzada ilegales israelíes en los que viven más de 700.000 personas colonas israelíes.

“La población palestina de los TPO lleva 56 años atrapada y oprimida bajo la brutal ocupación de Israel, sometida a una discriminación sistémica. Todos los aspectos de la vida cotidiana de estas personas están alterados y controlados por las autoridades israelíes, que les imponen restricciones al derecho a circular, a ganarse la vida, a cumplir sus aspiraciones educativas y profesionales, y a disfrutar una calidad de vida digna, y también les impiden acceder a sus tierras y recursos naturales”, ha añadido Agnès Callamard.

“Israel también ha seguido aplicando sus atroces políticas de apropiación de tierras y expandiendo de forma imparable los asentamientos ilegales, en violación del derecho internacional, con consecuencias desastrosas para los derechos humanos y la seguridad de la población palestina. La población colona israelí lleva decenios atacando a personas palestinas con impunidad casi total.

El draconiano sistema de control de Israel sobre los TPO incluye una extensa red de puestos de control militares, vallas/muros, y bases y patrullas militares, así como una serie de órdenes militares represivas.

El control que Israel tiene de las fronteras de los TPO, del registro civil, del suministro de los servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones, y de la ayuda humanitaria y al desarrollo, y la imposición de su moneda nacional han tenido efectos devastadores en el desarrollo económico y social de la población palestina de los TPO.

Este control ha alcanzado un grado de crueldad sin precedentes en la Franja de Gaza, donde Israel mantiene desde hace 16 años un bloqueo ilegal que se ha endurecido aún más desde el 9 de octubre de 2023. Este bloqueo, sumado a las constantes operaciones militares de Israel, han sumido a la Franja de Gaza en una de las crisis humanitaria y de derechos humanos más graves de la época actual.

“Como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de garantizar la protección y el bienestar de todas las personas que residen en el territorio que controla. En lugar de eso, ha cometido con impunidad violaciones de derechos humanos graves y sistemáticas. Israel invoca la necesidad de mantener la seguridad como el motivo de sus crueles políticas, pero la seguridad no justifica jamás ni el apartheid, ni la anexión y los asentamientos ilegales ni los crímenes de guerra contra la población protegida. La única manera de garantizar la seguridad de las poblaciones israelí y palestina es defender los derechos humanos para todas las personas”, ha afirmado Agnès Callamard.

Poner fin a la ocupación significaría restablecer los derechos de las personas palestinas levantando el brutal bloqueo impuesto a Gaza, desmantelando los asentamientos israelíes en Cisjordania —incluida Jerusalén Oriental— y anulando la anexión ilegal. Así, la población palestina podrían circular libremente en las zonas donde vive, y las familias separadas por las distintas condiciones jurídicas relacionadas con la tarjeta de identificación —como la de residencia en Jerusalén y la de Cisjordania o la Franja de Gaza— podrían reunirse. Esto aliviaría el sufrimiento a gran escala y pondría fin a las violaciones de derechos humanos generalizadas.

Además, contribuiría a abordar una de las causas fundamentales de la violencia recurrente y los crímenes de guerra cometidos contra la población israelí, con lo que se contribuiría a mejorar la protección de los derechos humanos y a garantizar justicia y reparación a las víctimas de todas las partes del conflicto.