Escribe Avner Gidron, asesor general de política de Amnistía Internacional.La confiscación por parte de Israel de casi 400 hectáreas de tierras palestinas esta semana no es sólo "contraproducente", como el Departamento de Estado estadounidense ha calificado el hecho; es una violación flagrante del derecho internacional, agravada aún más por su magnitud. Es la mayor apropiación de tierras realizada por Israel en los últimos 30 años, según Peace Now. Es tanto más vergonzosa cuanto que se está justificando como una respuesta al secuestro y asesinato en junio de tres adolescentes israelíes, lo cual sugiere que se trata de una forma de castigo colectivo.Preocupada por el impacto de esta decisión en el moribundo proceso de paz, el gobierno de Estados Unidos ha pedido al gobierno israelí que la revoque. Pero para que el proceso de paz tenga alguna oportunidad de lograrse, sus adalides -y Estados Unidos en particular- deben reconocer que los asentamientos son más que un mero obstáculo diplomático. La continua expansión de los asentamientos vulnera el derecho internacional, entraña violaciones de derechos humanos y humillaciones diarias para la población palestina, y sabotea las perspectivas de alcanzar una solución equitativa y duradera al conflicto entre el ejército israelí y los grupos armados palestinos.La apropiación y la disgregación de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, por parte de Israel han tenido efectos devastadores en las vidas de los palestinos y las palestinas. Aproximadamente el 40 por ciento de Cisjordania ha sido clasificada ya como tierra "estatal" por Israel; y los asentamientos, construidos en esta tierra palestina arrebatada ilegalmente son exclusivamente para personas judías.La discriminación contra los palestinos por razón de nacionalidad y religión es la característica predominante de la política israelí de asentamientos. Mientras que los colonos circulan en Cisjordania por carreteras en perfecto estado de conservación, a la población palestina se le prohíbe mayoritariamente utilizar esas circunvalaciones construidas en las tierras que les han arrebatado, así como entrar en los asentamientos, excepto ocasionalmente como jornaleros. Los colonos de Cisjordania se rigen por el derecho civil israelí, y el Estado les concede incentivos económicos generosos para que vivan en los territorios ocupados. Mientras tanto, sus vecinos palestinos están gobernados por órdenes militares israelíes draconianas y están sometidos a la jurisdicción de los tribunales militares israelíes.El proyecto de asentamiento no es solo injusto: es ilegal. De acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la política israelí de asentamiento de civiles en Cisjordania vulnera el derecho internacional humanitario y está incluso considerada crimen de guerra. Teniendo en cuenta los efectos que los asentamientos han tenido en la población civil de los Territorios Palestinos Ocupados, esta caracterización de la política de Israel es oportuna.Las confiscaciones, incautaciones y apropiaciones de tierras para asentamientos, carreteras de circunvalación, la valla/muro y la infraestructura relacionada han provocado el desalojo forzoso de miles de personas palestinas. Estas acciones han interpuesto barreras a su acceso a la atención a la salud, la educación, el trabajo y la familia. También han recortado significativamente los ingresos de la población ocupada, cuyas tierras y recursos se han perdido como consecuencia de los asentamientos y ya no generan ingresos. Según el Banco Mundial, estas restricciones y estos obstáculos están paralizando el desarrollo económico.Las políticas de aguas y las prácticas discriminatorias niegan a la población palestina su derecho al agua. De un modo similar, la construcción de asentamientos destruye las viviendas, los cultivos, las tierras agrícolas y los medios de subsistencia de los palestinos, que también sufren de forma habitual actos de vandalismo y acoso violento por parte de los colonos, a quienes las autoridades israelíes raramente obligan a rendir cuentas de sus actos.La ilegalidad de los asentamientos no justifica en modo alguno los ataques deliberados contra los colonos por parte de grupos armados palestinos. Amnistía Internacional condenó sin reservas el secuestro y asesinato en junio de Eyal Yifrah, 19, Gilad Shaar, 16, y Naftali Fraenkel, 16, todos ellos alumnos de yeshivas (escuelas religiosas) de los asentamientos israelíes de la Cisjordania ocupada. Pero estos crímenes deplorables no justifican el castigo colectivo ni las medidas desproporcionadas, como la demolición punitiva de viviendas, la confiscación de tierra o las clausuras generalizadas y prolongadas, los toques de queda y otras restricciones a los desplazamientos a los que se somete constantemente a la población palestina.Suspender de verdad los asentamientos sería un primer paso positivo hacia el fin del proyecto de asentamiento. Pero las violaciones de derechos humanos continuarán hasta que no se cumpla plenamente el derecho internacional, lo que supone poner fin de forma permanente a la construcción o a la expansión de los asentamientos israelíes, el desmantelamiento de la valla/muro en Cisjordania y la evacuación de los colonos civiles de los territorios ocupados.El gobierno de Estados Unidos mantiene que resolver el conflicto israelí-palestino es una prioridad máxima. Para lograrlo, debe reconocer que, si se quiere alcanzar un resultado duradero, el actual gobierno de Estados Unidos debe aprender de sus propios errores y de los de gobiernos anteriores y dejar de abordar el proceso de paz como una zona sin derechos humanos.La inclusión de los derechos humanos y del derecho internacional -lo cual también implica reconocer que los asentamientos deben desaparecer- podría ayudar a cimentar una paz justa y duradera. El elevado número de víctimas de los últimos enfrentamientos en Gaza e Israel dejan claro que se trata de un desafío que Estados Unidos y las demás partes involucradas en el proceso de paz ya no se pueden permitir eludir.Este artículo de opinión fue originalmente publicado en
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