El 18 de julio de 1992, un destacamento de asesinos, integrados por agentes de Inteligencia del Ejército, comandados por Santiago Martín Rivas y con la protección de la dictadura de Alberto Fujimori; ingresaron a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta (bajo protección militar desde mayo de 1991); para secuestrar, asesinar y desaparecer a nueve estudiantes y un maestro quienes estaban descansando en las viviendas universitarias.Algunos de nuestros familiares estuvieron desaparecidos hasta julio de 1993, cuando desde la tierra donde los enterraron por tercera vez, después de quemarlos; aparecieron para señalar a sus asesinos, negándose a ser olvidados. Otros siguen desaparecidos hasta hoy; aunque los asesinos ya buscan maneras de librarse de la justicia pero no son capaces de decir en dónde los escondieron. La historia del largo trajinar de los familiares para conocer la verdad de los hechos y la ansiada justicia ha sido difícil, llena de incomprensiones, de estigmatizaciones, de abandono por parte de un Estado que, hasta hoy, decidió proteger a los asesinos para no reconocer su propia responsabilidad. Hemos sido capaces de mantenernos unidos y de contagiar nuestra necesidad de justicia a otros jóvenes, a otras organizaciones que supieron asumirla para ganarle a la prepotencia, a la impunidad, a la muerte hasta hacer respetar nuestro derecho a la justicia.El 07 de abril del 2009, la Sala Especial de la Corte Suprema presidida por el doctor César San Martín sentenció a Alberto Fujimori a 25 años de prisión por la responsabilidad como autor mediato en la comisión de los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado; y que constituyen crímenes contra la humanidad; demostrando que la voluntad de hacer justicia para las víctimas de esta violencia pasa por la independencia, el respeto y el atrevimiento de los magistrados a asumir esta responsabilidad. Esta sentencia debe ser considerada como un documento clave para arreglar las cuentas con el pasado y afirmar el espacio democrático de verdad y justicia que el Perú necesita con urgencia. A inicios del 2010, la Corte Suprema ratificó esta condena, cerrando así largos años de impunidad.Hoy, 19 años después de este horrendo crimen, el principal responsable Alberto Fujimori, busca ya no sólo los privilegios de una cárcel dorada mandada a construir por su cómplice el gobierno aprista; mantenida con el impuesto de todos los peruanos, incluyendo los familiares; terminar sus días en su casa, gozando de su familia, en libertad; sin asumir la responsabilidad de los crímenes por los que fue sentenciado y manipulando la humanidad que hemos demostrado tener siempre.Como familiares seguimos tercos en la lucha contra toda forma de protección a los asesinos, violadores de DDHH; nuestra perseverancia es también un aporte a la construcción de nuestra democracia, del país diferente con el que todos soñamos; con respeto, con igualdad y sin impunidad. Convocamos a todos a ser parte de esta lucha, el país necesita de nuestra memoria. EL DERECHO A LA JUSTICIACuando, el 18 de julio de 1992; el grupo Colina, secuestra, desaparece y asesina a nuestros seres queridos; víctimas de la Universidad La Cantuta; los familiares nos organizamos de inmediato para buscarlos, para encontrarlos con vida, para que nos dijeran quién los había detenido, a dónde los habían llevado y porqué.Recurrimos a la justicia a través de acciones de Hábeas Corpus para garantizar la integridad física de nuestros familiares. No obtuvimos respuestas concretas sino contradicciones de una dictadura que ya manipulaba el Poder Judicial, los medios de comunicación y al ejército en pleno.No nos dimos por vencidos esperamos que, en 1993, se abriera el Congreso Constituyente Democrático-CCD cerrado por Fujimori, para volver a denunciar lo ocurrido ante la Comisión de DDHH. Desde entonces, casi 20 años después, hemos recorrido todas las instancias de justicia de nuestro país y del sistema interamericano; no para vengarnos, no para pedir pena de muerte, no para organizar escuadrones de la muerte, no para secuestrar o desaparecer; sino para alcanzar justicia. JUSTICIA que sancione el daño que nos causaron, la desarticulación de nuestras familias, la pérdida de proyectos de vida, el daño moral, el daño sicológico. JUSTICIA que repare cada uno de los aspectos en lo que nos hirieron. JUSTICIA que demuestre que todos los ciudadanos peruanos somos iguales ante la ley, que no hay privilegios por cargo, función o apellido. Esa JUSTICIA entendida como un DERECHO que está respaldada en nuestra Constitución y los pactos internacionales y que pudiera garantizar la NO repetición de estos hechos dolorosos en ninguna familia peruana, NUNCA MÁS. Esa es la única manera de recuperar la tranquilidad arrebatada, de retomar nuestras vidas y que nuestros seres queridos puedan descansar en PAZ.