En pocos días, la Sala Penal Especial de la Suprema Corte del Perú emitirá su sentencia en el caso judicial que se le sigue al expresidente Alberto Fujimori. Cualquiera sea el contenido del fallo, sus repercusiones jurídicas y políticas llegarán no sólo al continente americano sino también a todos los rincones del planeta. El resultado de las apelaciones, si las hay, también será objeto de un detenido escrutinio y será motivo de esperanza o desilusión para las incontables víctimas de violaciones de derechos humanos en todo el mundo.Es que el juzgamiento de un expresidente por graves violaciones a los derechos humanos es mas bien la excepción que la regla. El antiguo principio de la inmunidad absoluta de los gobernantes ha ido cediendo paso progresivamente a una inmunidad limitada a los actos de gobierno. Asesinar, hacer desaparecer o torturar no constituyen actos de gobierno de carácter lícito. Nadie está por encima de la ley.

Asimismo, debe quedar claro que no se están juzgando los aciertos o desaciertos de la gestión gubernamental de Alberto Fujimori. Ellos no agravan ni mitigan su responsabilidad penal frente a un crimen. La política debe ser dejada al margen del proceso judicial, para que éste pueda alcanzar la Justicia con toda serenidad.

Los casos de Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos SIE, que son sólo una muestra entre otros muchísimos acaecidos en el Perú desde la década de los ochenta, constituyen sin duda crímenes que afectan al género humano en su conjunto y no sólo a la sociedad peruana. Los autores materiales de tales crímenes han sido o están siendo juzgados en el Perú, pero cualquier otro estado podría hacerlo también en ejercicio del principio de jurisdicción universal. Y eso mismo vale para quienes puedan haber ordenado, sido cómplices, tolerado, o encubierto tales crímenes.

Es un imperativo que todas las personas sospechadas de haber cometido en el Perú graves actos de violencia, o los hayan ordenado a sus subordinados o consentido su comisión, respondan ante la justicia, sin excepción alguna. La amnistía o el indulto a tales personas es una burla a la Justicia que el Perú debe rechazar.

Los procesos judiciales contra Milosevic, Taylor, Videla y Pinochet han mostrado la fuerza y la madurez de la justicia internacional o nacional de otros países. La justicia peruana debe demostrar que es posible juzgar dentro del respeto al derecho nacional e internacional a un ex jefe estado en su propio país, dando así un ejemplo al mundo y una dirección a los peruanos hacia el goce cabal de sus derechos humanos. De no hacerlo, se habrá desperdiciado una oportunidad histórica que puede no regresar por mucho tiempo y constituiría, sin dudas, un estigma difícil de borrar para el estado de derecho.

La sociedad peruana y la comunidad internacional esperan que se haga historia y justicia.

Javier ZúñigaAsesor Especial, Amnistía Internacional