Amnistía Internacional expresa su enorme preocupación por una serie de homicidios brutales de dirigentes rurales cometidos la semana pasada.Desde el pasado martes 24 de mayo, cuatro personas han muerto por disparos en los estados de Pará y Rondônia en lo que parecen ser homicidios por encargo; en tres de los casos, las víctimas eran activistas que habían recibido amenazas de muerte. Mientras la cuestión de la deforestación y del desarrollo en gran escala en el Amazonas adquiere de nuevo protagonismo, decenas de activistas medioambientales de toda la región siguen estando en situación de riesgo.El martes 24 de mayo, dos hombres armados mataron a tiros a los activistas medioambientales José Cláudio Ribeiro da Silva y su esposa, Maria do Espírito Santo da Silva, tras tenderles una emboscada en el puente de Nova Ipixuna, estado de Pará. Según informes de las ONG locales, uno de los agresores le cortó una oreja a José Cláudio como prueba del asesinato. Los crímenes se produjeron dentro de una reserva extractiva en la que viven trescientas familias de la recolección de nueces del Brasil y el cultivo de frutas tropicales. José Cláudio, respetado dirigente de la comunidad, había denunciado con frecuencia incursiones en la reserva de madereros y ganaderos ilegales. Poco antes de su muerte había dicho que debido a su defensa del bosque, vivía con la amenaza de recibir "una bala en la cabeza en cualquier momento".El viernes 27 de mayo, el dirigente rural Adelino Ramos murió por disparos en Vista Alegre do Abunã, en el estado de Rondônia. Ramos era activista del Movimento Camponês Corumbiara, y también había denunciado talas ilegales y había recibido amenazas. En un acto celebrado en Manaus en julio de 2010, dijo al Defensor Agrario Nacional (Ouvidor Agrário Nacional) y a la Comisión para Combatir la Violencia y los Conflictos Rurales (Comissão de Combate à Violência e Conflitos no Campo) que temía por su vida y facilitó detalles de quienes le estaban amenazando.El sábado 28 de mayo, murió por disparos Erenilto Pereira dos Santos, agricultor de 25 años de la misma comunidad que José Cláudio Ribeiro da Silva y su esposa Maria do Espírito Santo da Silva, y posible testigo del asesinato de éstos. La policía está investigando si los tres asesinatos están relacionados.Estas muertes se han producido cuando el Congreso aprobaba enmiendas a las leyes de protección forestal del país, iniciativa que según muchos debilita los controles medioambientales vigentes. A las ONG locales les preocupa que estos cambios generen más conflictos y violencia rurales, pues los pequeños propietarios y las reservas extractivas sufren una presión creciente de los madereros y ganaderos ilegales.Amnistía Internacional acoge con satisfacción las medidas iniciales del gobierno de crear un grupo de trabajo interministerial para analizar una lista de 125 personas amenazadas elaborada por la Comisión Pastoral de la Tierra. Sin embargo, hace falta adoptar muchas más medidas para evitar nuevas tragedias.Hay que hacer frente al largo historial de impunidad y desorden de la región. Las autoridades, incluidos la agencia federal de medio ambiente (el IBAMA), la Policía Federal, el Defensor Agrario Nacional, el Programa Nacional para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y los servicios de seguridad públicos estatales, deben trabajar juntas, compartiendo información para investigar todas las amenazas y proteger a las personas en situación de riesgo. Las personas responsables de las muertes, incluidas quienes las ordenaron, deben comparecer ante la justicia.Información complementaria El sur del estado de Pará es desde hace tiempo un foco de violencia rural, aunque las zonas fronterizas donde actúan los madereros y ganaderos ilegales en los estados de Maranhão, Mato Grosso y Rondônia también tienen un historial de conflictos y violencia rurales. La ausencia de una presencia estatal efectiva en estas zonas y la falta de voluntad política de intervenir propicia que las élites rurales puedan usar la fuerza con impunidad contra los y las activistas medioambientales y agrarios.La impunidad sigue siendo un obstáculo fundamental. Según la Comisión Pastoral de la Tierra, más de 1.500 personas han perdido la vida en actos de violencia rural desde 1985, pero menos de 100 personas han sido declaradas culpables de este tipo de actos. Y sólo una persona que ordenó una muerte -Vitalmiro Bastos de Moura, que ordenó la muerte de la hermana Dorothy- está actualmente en prisión. Más de 1.800 activistas rurales han recibido amenazas de muerte en la última década, de los cuales 42 han sido asesinados, y otros 30 han sido víctimas de atentados.