Por Jaime Todd-Gher, de Amnistía Internacional, y Uma Mishra-Newbery, de Women’s March Global
Cuando los gobiernos prohíben los abortos, no ayudan mucho a reducir realmente el número de embarazos interrumpidos. De hecho, a pesar de las leyes restrictivas, continúan practicándose más o menos la misma cantidad de abortos, según la Organización Mundial de la Salud. Pero cuando se niegan o limitan los servicios de aborto seguro, se recurre en su lugar al uso de perchas, medicinas elaboradas con hierbas tóxicas y personas sin la formación necesaria para practicar abortos, mientras que al personal médico capaz de prestar los debidos cuidados se lo criminaliza.
La prohibición total o la legislación restrictiva sobre del aborto de países como El Salvador y Polonia y, más recientemente, de varios estados de Estados Unidos (entre ellos Luisiana, Ohio, Kentucky, Misisipi, Georgia, Alabama y Misuri) tienen por objeto controlar a las mujeres y las niñas y obligarlas a ajustarse a los papeles estereotipados que se les asignan en razón de su género. Son una afrenta a sus derechos humanos y su dignidad y constituyen discriminación por motivos de género. Para las personas transgénero y queer que necesitan someterse a un aborto, estas restrictivas leyes son el último de una larga sucesión de ataques a sus derechos y libertades.
Uno de los casos más terribles es el de la “Sra. Y”, mujer a la que se concedió asilo en Irlanda tras haber sido golpeada y violada por paramilitares en su país. La Sra. Y intentó suicidarse en varias ocasiones cuando le dijeron que no podía poner fin a su embarazo, resultado de la violación. Al final la obligaron a dar a luz por cesárea. En cada etapa del proceso, la preocupación de las autoridades irlandesas por la protección del feto estuvo por encima de toda consideración de la salud física y mental de ella.
El año pasado, Irlanda ingresó en la lista de casi 50 países que han ampliado el acceso al aborto legal a lo largo de los últimos decenios. Fue una decisión histórica, que llegó demasiado tarde para la Sra. Y, pero que impedirá que otras mujeres sufran el mismo trauma.
También hemos visto los horribles efectos de la aplicación de legislación penal sobre el aborto para sancionar a mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo. En El Salvador es habitual acusar de homicidio a las mujeres que sufren un aborto espontáneo o una emergencia obstétrica por ser sospechosas de haber abortado intencionadamente.
Evelyn Hernández, salvadoreña de 21 años, sufrió en casa una emergencia obstétrica que le produjo un aborto. Fue detenida, juzgada y condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado. Un tribunal de segunda instancia anuló la sentencia y ordenó celebrar un nuevo juicio, en el que Evelyn fue declarada inocente. Sin embargo, el 6 de septiembre de 2019, la Fiscalía salvadoreña anunció que iba interponer un recurso contra la decisión, lo que puso de manifiesto la determinación obsesiva de las autoridades de imputar a la mujer en aplicación de la draconiana legislación del país.
Debemos continuar oponiéndonos a los intentos de los gobiernos de controlar los cuerpos de las mujeres y las niñas. Según el último informe del Instituto Guttmacher, en 2017, el 42% por ciento de las mujeres en edad reproductiva vivían en los 125 donde el aborto estaba sumamente restringido (prohibido totalmente o permitido sólo para salvar la vida o proteger la salud de la mujer). Los extremos a los que llegan las jurisdicciones del mundo para restringir el acceso al aborto privan a las mujeres y las niñas, así como a otras personas que pueden quedarse embarazadas, de sus derechos humanos y su autonomía física.
Una persona que no tenga el control de su cuerpo no puede ser libre. El debate sobre el aborto debe ir más allá de la cuestión de si la vida de la persona corre peligro a causa del embarazo. El aspecto esencial es la libertad reproductiva y el derecho de la persona a tomar decisiones sobre su cuerpo. Este derecho es fundamental para que todas las personas que pueden quedarse embarazadas ejerzan plenamente sus derechos humanos y vivan con dignidad. Los gobiernos deben, no sólo despenalizar el aborto y garantizar el acceso al aborto seguro en la práctica, sino también crear unas condiciones sociales en las que las personas puedan tomar decisiones sobre el embarazo sin sufrir opresión, discriminación, estigma, coacción, violencia, falta de oportunidades ni sanciones.
Cada vez son más los países conscientes de ese hecho, a pesar de la alarmante reducción de los derechos reproductivos que se está produciendo en algunos, como Estados Unidos o Polonia, a instancias de grupos antiabortistas y con el apoyo de políticos populistas. En los últimos 25 años, alrededor de 50 países han reformado su legislación para ampliar el acceso al aborto. Aunque los contextos nacionales varían, todas las campañas con las que se ha conseguido reformar las leyes sobre el aborto han tenido algo en común: mujeres que han hecho oír su voz. De Irlanda a Corea del Sur, las activistas han ayudado a disipar el estigma y el secreto existentes en torno al aborto contando sus casos. En Argentina y Polonia, más de un millón de mujeres se han manifestado para exigir que se escuchen sus voces.
Las personas que necesitan abortar o que lo han hecho merecen nuestro apoyo y solidaridad. Sea dedicando tiempo y recursos a las redes nacionales de aborto, saliendo a la calle para protestar o explicando a quienes nos rodean que el aborto seguro es necesario, todas y todos tenemos una función que desempeñar en la reivindicación de nuestros derechos.
Al mismo tiempo, los gobiernos deben ampliar el acceso de todas las personas al aborto y los métodos anticonceptivos seguros, legales y asequibles. No sólo es humano hacerlo, sino también una obligación del Estado, según el derecho internacional. Impedirá incontables muertes, traumas insuperables y lesiones capaces de cambiar la vida.