Las autoridades de Líbano deben revelar todas las conclusiones de su investigación sobre la muerte de cuatro refugiados sirios, ha declarado Amnistía Internacional después de que el fiscal militar de este país diese a conocer ayer que un informe forense había concluido que habían fallecido por “causas naturales”. Los hombres murieron tras ser detenidos en una incursión militar realizada contra la localidad de Arsal el 30 de junio de 2017.

El análisis forense de varias fotografías que muestran los cadáveres de tres de los cuatro fallecidos, encargado por Amnistía Internacional, revela señales de palizas recientes y traumatismos en la cabeza, las piernas y los brazos que indican que podrían haber sido torturados.

“Es de enorme importancia que todas las conclusiones del informe forense encargado por el fiscal militar se hagan públicas y accesibles a los abogados y a las familias de las víctimas”, ha dicho Lynn Maalouf, directora de Investigación para Oriente Medio de Amnistía Internacional.

“El análisis forense independiente de las fotos de los cadáveres obtenidas por Amnistía Internacional suscita serios interrogantes sobre si estos hombres sufrieron tortura o malos tratos bajo custodia. Las normas internacionales exigen que se revelen todos los detalles del informe forense oficial. Si se considera que la tortura fue la causa de la muerte, las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF) deben tomar todas las medidas necesarias para que los responsables respondan de sus actos ante la justicia en un juicio justo.”

Antes del anuncio de ayer, el 4 de julio, las LAF emitieron una declaración en la que afirmaban que los cuatro hombres —Anas Hussein al Hasiki, Mustafa Abdulkarim Abse, Khaled Hussein el Mleis y Othman Merhi el Mleishad— habían muerto debido a “enfermedades crónicas” y a las “condiciones climáticas”. Amnistía Internacional ha visto los informes de un médico forense del hospital de Riyak fechados el 1 y el 2 de julio de 2017, en los que se afirmaba que los dos hombres murieron de un ataque al corazón y un tercero de un infarto cerebral, y que sus cuerpos no tenían señales de violencia física.

Tanto estos dos informes como la declaración del fiscal militar de que los hombres habían fallecido por “causas naturales” contradicen las conclusiones de Amnistía Internacional.

Según los datos recabados por Amnistía Internacional, uno de los sirios fallecidos, Anas Hussein al Hasiki, fue detenido en su apartamento, fuera del campo de Al Qariya, durante las incursiones, y llevado al centro de detención de Riyak, donde los soldados lo golpearon reiteradamente delante de otros detenidos. Según testigos oculares, le infligieron palizas brutales en tres ocasiones, en todas las cuales perdió el conocimiento. La última vez, los soldados que lo golpeaban intentaron despertarlo introduciéndole agua por la fuerza en la boca sin lograr reanimarlo. El detenido murió un par de horas después.

Los esfuerzos de los abogados que representan a las familias de tres de los fallecidos por averiguar la causa de su muerte fueron sofocados por funcionarios militares. A pesar de que los abogados recibieron una orden judicial para que otro médico forense examinara los cuerpos y analizara muestras médicas, el servicio de Seguridad Militar confiscó las muestras al abogado el 6 de julio. Posteriormente la fiscalía militar anunció que había abierto su propia investigación y que había asignado el examen de los cuerpos a tres médicos forenses. Sin embargo, nunca se informó a los abogados de las familias de los resultados de estos exámenes: ni ellos ni las familias han recibido copia del informe forense realizado por estos tres médicos.

Amnistía Internacional insta a las autoridades libanesas a que garanticen una investigación imparcial sobre la muerte bajo custodia de los cuatro hombres, además de sobre las acusaciones de arresto y detención arbitrarios, y tortura y otros malos tratos. Los presuntos perpetradores deben ser suspendidos inmediatamente de la participación en operaciones militares hasta que concluyan estas investigaciones.

Aunque entendemos que las autoridades libanesas tienen la obligación de hacer frente a las amenazas para la seguridad y proteger a la población de ataques mortales, deben hacerlo respetando al mismo tiempo las garantías de derechos humanos previstas en el derecho internacional, así como asegurando la rendición de cuentas por cualquier violación de estos derechos que cometan los miembros del ejército o de las fuerzas de seguridad.”

Según la información recibida por Amnistía Internacional, hacia las 5 de la mañana del 30 de junio de 2017 entraron en los campos de Al Nour y Al Qariya de Arsal un grupo de miembros de las LAF para llevar a cabo lo que calificaron de incursiones “preventivas”. Los residentes afirman que poco después oyeron una explosión seguida de disparos. El ejército envió entonces refuerzos, incluidos vehículos blindados que destruyeron varias tiendas al entrar en el campo de Al Nour. Según testigos presenciales, los soldados reunieron en las tiendas a todos los hombres y niños varones —entre los que había menores de 18 años y mayores de 60—, los ataron y los obligaron a tumbarse en el suelo. Amnistía Internacional ha visto fotos que supuestamente muestran a un gran número de hombres tumbados en el suelo con las manos atadas a la espalda durante los incursiones.

Durante estos incursiones a los campos de Al Nour y Al Qariya de Arsal, las LAF arrestaron y detuvieron a más de 350 varones, menores y ancianos entre ellos. Amnistía Internacional habló con varias fuentes de la zona que dijeron que no se comunicó a los detenidos la razón de su arresto y que se les negó el acceso a sus familias, a las que no informaron de su paradero. También afirmaron que los detenidos fueron objeto de insultos y palizas reiteradas con diversos objetos, y que les privaron de agua y de instalaciones higiénicas. Algunos de los detenidos recibieron reiterados golpes con una manguera de goma en la espalda, la cabeza, los brazos y las piernas, además de puntapiés y pisotones en las costillas infligidos con botas pesadas.

Los testigos presenciales también dijeron que los soldados obligaron a las mujeres a entregar sus teléfonos móviles mientras las insultaban. Según informes, destruyeron algunos de los teléfonos y arrancaron la ropa a mujeres que se habían negado a entregar el teléfono o habían tratado de esconderlo. La información recibida por Amnistía Internacional indica que se cometió una constante de abusos similar en el campo de Al Qariya. También fueron detenidos refugiados sirios que vivían en apartamentos alquilados en un edificio próximo al campo conocido como el Mujama. Aunque Amnistía Internacional desconoce la razón de estas amplias detenciones y redadas, éstas se han producido en medio de un aumento de la tensión y la xenofobia hacia la población refugiada de Siria, y de peticiones de que sea devuelta a este país.

El 15 de julio, las LAF anunciaron que habían detenido a 356 hombres durante las incursiones, de los que había puesto en libertad a 43 y remitido a 257 a la Oficina de Seguridad General por razones relacionadas con la carencia de estatuto legal en Líbano. Asimismo, anunciaron que habían remitido a 56 hombres a la fiscalía militar por cargos relativos a “cometer diferentes clases de actos terroristas”, como la participación en el ataque de 2014 contra centros militares de Arsal y la pertenencia o colaboración con grupos armados como el autodenominado Estado Islámico, Jabhat al Nusra y otras “organizaciones terroristas similares”.

Las incursiones se produjeron dos semanas antes del lanzamiento de una operación de seguridad en Arsal contra grupos armados en la frontera siria próxima a esta población. Amnistía Internacional ha pedido a las partes implicadas en los combates que den prioridad a la protección de los residentes libaneses y de la población refugiada siria de la zona.