(Lima, 12 de octubre del 2021). La comunidad internacional debe condenar enérgicamente las graves violaciones de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (Xinjiang) en China y allanar el camino para la justicia y la rendición de cuentas, dijo ayer Amnistía Internacional en una carta abierta a los Estados miembros de la ONU.
El llamado se produce después de que 323,832 personas de 184 países y territorios firmaron la petición de Amnistía Internacional pidiendo a las autoridades chinas que liberen a los cientos de miles de hombres y mujeres de minorías musulmanas detenidos arbitrariamente y sometidos a internamiento masivo, tortura y persecución en Xinjiang.
"El gobierno chino debe liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente en los campos y en las cárceles, desmantelar el sistema de campos de internamiento y poner fin a los ataques sistemáticos contra los grupos étnicos predominantemente musulmanes en Xinjiang", dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
El 7 de octubre del 2021, simpatizantes de Amnistía Internacional de 10 países realizaron actos públicos para entregar las firmas de la petición de libertad para los detenidos en Xinjiang. Las reuniones tuvieron lugar en las embajadas de China en Londres, Reino Unido; Dakar, Senegal; Helsinki, Finlandia; Lisboa, Portugal; Madrid, España; París, Francia; La Haya, Holanda; Washington DC, EE. UU; y Lima, Perú.
Esta petición global forma parte de una campaña en curso de Amnistía Internacional, lanzada en junio de 2021, para exigir el fin de la detención arbitraria y otras graves violaciones de derechos humanos que sufren los grupos étnicos predominantemente musulmanes en Xinjiang.
La campaña destaca más de 60 casos de personas detenidas arbitrariamente en centros de "transformación a través de la educación" -en realidad, campos de internamiento- o condenadas a prisión durante años. Estos casos representan solo una pequeña fracción de los cientos de miles de hombres y mujeres, posiblemente hasta un millón o más, a quienes las autoridades chinas han detenido con el pretexto de luchar contra el "terrorismo".
En junio de 2021, Amnistía Internacional publicó un informe en el que documentaba cómo los uigures, los kazajos y otras minorías étnicas predominantemente musulmanas en Xinjiang se enfrentan al encarcelamiento masivo sistemático organizado por el Estado, a la tortura y la persecución que equivalen a crímenes de lesa humanidad.
El gobierno chino ha mostrado una total falta de voluntad para reconocer la realidad de la situación en Xinjiang, detener las violaciones de derechos humanos o llevar a cabo investigaciones imparciales y exhaustivas, y enjuiciar a los sospechosos de ser responsables en juicios justos, sin recurrir a la pena de muerte.
“La comunidad internacional debe dejar de fingir que la realidad distópica de los musulmanes en Xinjiang se remediará de alguna manera. Ya se ha perdido demasiado tiempo. Ahora más que nunca, los estados miembros de la ONU tienen el deber de proteger los derechos humanos de todas las personas en Xinjiang, iniciar una investigación sobre los presuntos crímenes según el derecho internacional y garantizar la rendición de cuentas”, dijo Agnès Callamard.