Al menos 66 personas detenidas en relación con las protestas masivas en la región del Rif (norte de Marruecos) han denunciado haber sufrido tortura y otros malos tratos bajo custodia —sometidas a brutales palizas, asfixiadas, obligadas a desnudarse, amenazadas con ser violadas e insultadas por la policía—, en ocasiones para obligarlas a “confesar”, ha dicho Amnistía Internacional.

La organización pide a las autoridades de Marruecos que garanticen que se lleva a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial de estas denuncias, y que se excluye de las actuaciones judiciales toda “confesión” obtenida bajo coacción. Un manifestante está siendo investigado por “denunciar falsamente” que la policía lo ha torturado.

“Estos manifestantes, que se hicieron a la calle para exigir justicia social y mejores servicios, han sido torturados y sometidos a otros malos tratos, como brutales palizas amenazas de violación, insultos y otros abusos. Es fundamental que las autoridades investiguen exhaustivamente estas denuncias y que quienes están detrás de estos inadmisibles abusos sean puestos a disposición judicial”, ha manifestado Heba Morayef, directora de Investigación de Amnistía Internacional para el Norte de África.

Desde mayo de 2017, la policía ha detenido a más de 270 personas por las protestas del Rif, en muchos casos arbitrariamente, incluidos activistas pacíficos y algunos periodistas. La inmensa mayoría de estas personas están detenidas, y muchas ya han sido condenadas a prisión por cargos relacionados con las protestas. Al menos 50 están siendo investigadas por cargos relativos a la seguridad del Estado, y una por cargos de terrorismo. Algunas podrían ser condenadas hasta a cadena perpetua.

El 7 de agosto, las autoridades anunciaron el fallecimiento del manifestante Imad el-Attabi, que había resultado gravemente herido en la cabeza el 20 de julio durante las manifestaciones en Alhucemas y estaba en coma. Las autoridades han anunciado que están investigando las circunstancias en las que resultó herido.

Algunos detenidos presentaban lesiones visibles cuando y aparecieron por primera vez ante los fiscales tras haber estado bajo custodia policial, según afirmaron cinco abogados que estaban presentes. Los abogados señalaron que al menos 28 de sus clientes habían dicho a fiscales y jueces que los habían torturado, y en ocasiones los habían obligado a firmar documentos que no habían podido leer previamente.

El 3 de julio, Omar Bouhrass, manifestante detenido, dijo al juez de instrucción del Tribunal de Apelaciones de Casablanca que lo habían torturado. Según su abogado, Bouhrass dijo que la policía lo había golpeado mientras le obligaban a gritar vivas al rey, lo habían dejado en ropa interior, le habían roto dos dientes y lo habían amenazado e insultado tras detenerlo en Alhucemas. El tribunal ordenó que se le practicara un examen médico, pero su abogado no ha recibido información de ninguna investigación oficial. Por el contrario, ahora se ha presentado otro cargo más contra él, por el que podría ser condenado a prisión, pues las autoridades judiciales lo están investigando por “denunciar falsamente” a la policía.

“Nadie debería ir a prisión por haber tenido el valor de decirle a un juez que la policía lo ha golpeado y humillado bajo custodia”, ha afirmado Heba Morayef.

“Al procesar a quienes denuncian tales abusos en vez de protegerlos e investigar adecuadamente sus denuncias, las autoridades de Marruecos se arriesgan a silenciar a decenas de sobrevivientes de la tortura.”

No es la primera vez que los tribunales marroquíes encarcelan a activistas por denunciar torturas, considerando que tales informes eran ofensivos para la policía. El artículo 264 del Código Penal castiga las “denuncias falsas” con hasta un año de cárcel y multa de 5.000 dirhams (unos 530 dólares estadounidenses).

El activista detenido Rabie Lablak dijo a dos abogados y a su hermano que la policía lo había torturado tras detenerlo el 28 de mayo. Según afirmó, lo asfixiaron metiéndole en la boca un trapo empapado de un líquido maloliente, luego lo desnudaron y trajeron a unos enmascarados que amenazaron con violarlo y luego violarlo con una botella si no firmaba los informes del interrogatorio. Su salud se deterioró tras una huelga de hambre de 36 días que emprendió en protesta por la detención y los malos tratos.

Nasser Zefzafi uno de los líderes de las protestas, también dijo al Tribunal de Apelaciones de Casablanca que unos agentes de policía lo habían golpeado bajo custodia y habían amenazado con violar a su anciana madre delante de él, según afirma su abogado. Tanto él como otros líderes de las protestas siguen detenidos en régimen de aislamiento prolongado mientras se les investiga por cargos relacionados con la seguridad del Estado, lo cual está teniendo una gran repercusión en su salud psíquica. La reclusión prolongada en régimen de aislamiento (más de 15 días consecutivos) está prohibida por las normas internacionales sobre detención porque constituye tortura u otros malos tratos.

A comienzos de julio se filtraron a los medios de comunicación fragmentos de un informe confidencial del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos que revelaban que el Consejo había investigado 36 casos de denuncias de tortura u otros malos tratos y recomendaba que se realizaran investigaciones judiciales exhaustivas. El 12 de julio, el ministro de Justicia y Libertades reveló que se habían ordenado 66 exámenes médicos.

Cinco abogados dijeron a Amnistía Internacional que los exámenes médicos se habían practicado varios días después de haber sido ordenados, y que para entonces las lesiones habían comenzado a sanar. Algunos también se mostraron preocupados porque los exámenes no empleaban rayos X u otras técnicas médicas de diagnóstico por imagen, y porque no se habían llevado a cabo exámenes psicológicos.

Un abogado dijo a Amnistía Internacional que, desde entonces, el fiscal general de la Corona del Tribunal de Apelaciones de Alhucemas ha abierto investigaciones en al menos 28 casos de presuntas torturas. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones de Alhucemas han dictado sentencias condenatorias contra manifestantes del Rif sin esperar a las conclusiones de estas investigaciones y sin excluir las declaraciones que pudieran haber sido obtenidas bajo tortura u otros malos tratos, han dicho los abogados.

Marruecos es Estado Parte en tratados internacionales que prohíben la tortura y otros malos tratos y está obligado jurídicamente a investigar de manera imparcial todas las denuncias de este tipo, hacer rendir cuentas a los responsables y proporcionar reparación a las víctimas. Ninguna declaración efectuada bajo coacción debe ser admitida como prueba ante los tribunales.

El movimiento popular del Rif pide justicia social y la mejora de los servicios públicos en esta región del norte del país, tradicionalmente marginada. Los abogados defensores afirman que muchos de sus clientes se enfrentan a cargos falsos por protestar pacíficamente, ser disidentes o informar en Internet de las manifestaciones.

Al menos 41 personas fueron indultadas el 29 de julio, aniversario de la subida al trono del rey Mohammed VI. Sin embargo, la mayoría de las que se enfrentan juicio, incluidos siete periodistas, siguen encarceladas.

“Los indultos reales fueron una medida positiva, pero no suficiente. Las autoridades de Marruecos deben poner en libertad ya a todas las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos de reunión pacífica y libertad de expresión, tanto dentro como fuera de Internet”, ha dicho Heba Morayef.