El cierre del espacio cívico en las Américas ha llegado a un punto de inflexión, que requiere medidas urgentes por parte de los Estados que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo Amnistía Internacional hoy, en una carta abierta dirigida a los y las jefas de Estado que asisten a la 54° Sesión Ordinaria de la Asamblea General del foro multilateral estos 26, 27 y 28 de junio de 2024 en Asunción, Paraguay.
“Las y los jefes de Estado reunidos en esta Asamblea, deben adoptar de inmediato medidas concretas y urgentes para asegurar que la libertad de expresión, el derecho a la protesta, y la participación en los asuntos públicos, entre otros, se conviertan en derechos plenamente garantizados y no en meras promesas vacías”, dijo Ana Piquer directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La reducción del espacio cívico en las Américas ha afectado particularmente a quienes defienden derechos humanos, incluidos colectivos y organizaciones de base, a quienes ejercen el periodismo, y a las personas percibidas como opositoras políticas. Las Américas continúa siendo un lugar peligroso para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes frecuentemente identifican a autoridades como fuente del riesgo o que actúan en contubernio con terceros actores. Por otra parte, en diversos países del continente, los Estados hacen uso excesivo e innecesario de la fuerza, incluidos medios letales, para reprimir a quienes se manifiestan. A la vez, las crisis políticas, humanitarias y económicas de varios países de la región hacen que la ciudadanía huya en busca de protección internacional fuera de sus países de origen.
Dentro de este marco, la Asamblea General de la OEA tomará una decisión clave para la protección y garantía de los derechos humanos en la región con la elección de tres personas que integrarán la Corte Interamericana de Derechos Humanos: máximo tribunal en la materia. Esta Corte ha sido pilar fundamental para la protección, respeto y garantía de los derechos humanos en el continente, especialmente cuando los sistemas nacionales de impartición de justicia fallan en su labor.
“Los avances en derechos humanos impulsados por la Corte Interamericana son invaluables. Sus fallos han llevado a muchos Estados a desarrollar políticas públicas y legislación nacional que fortalecen, promueven y protegen los derechos humanos en la región”, dijo Belissa Guerrero Rivas, coordinadora de incidencia para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional exhorta a los Estados Miembros de la OEA a elegir a las personas con las más altas credenciales en derechos humanos, basándose en los principios de idoneidad, imparcialidad e independencia. El Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos, del cual es parte la Corte Interamericana constituye un legado que debe salvaguardarse, pues es con frecuencia la única esperanza de justicia para muchas víctimas de violaciones de derechos humanos.