El día de hoy, 15 de abril, en Lima, Perú, se celebrará la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la demanda contra el Estado mexicano por parte de Inés Fernández, una mujer indígena Me'phaa, violada y torturada por miembros del ejército mexicano el 22 de marzo de 2002. Esta audiencia tiene lugar en el marco del periodo extraordinario de sesiones de la Corte que también estudia una demanda contra Paraguay y otra contra Bolivia.Durante 8 años, Inés Fernández ha revindicado la justicia y la reparación del daño, algo que le ha sido negado sistemáticamente por el Estado mexicano. Ante la imposibilidad de conseguir justicia en México y la reparación del daño que le son debidos, Inés Fernández y sus familiares no tuvieron más opción que elevar su reclamo ante el tribunal regional.Este caso, que Amnistía Internacional ha documentado y seguido de cerca desde hace muchos años, refleja una serie de faltas en la actuación de las instituciones civiles y militares que han resultado en la violación grave a los derechos humanos de Inés Fernández y en una negativa a realizar una investigación independiente e imparcial para llevar a los responsables ante la justicia y reparar el daño. El trato discriminatorio que ha recibido Inés Fernández, como mujer indígena, ha sido un factor fundamental en la impunidad.El caso destaca nuevamente el papel de la jurisdicción militar en obstaculizar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En diciembre de 2009, la Corte Interamericana falló en contra de México en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla y ordenó la reforma del código penal militar para asegurar que los casos en que militares están implicados en abusos contra civiles sean de competencia de la justicia civil.El caso de Inés Fernández demuestra otra vez la forma en que la jurisdicción militar viola los derechos de las víctimas y garantiza la impunidad. Es de destacar el papel fundamental que sigue desempeñando la jurisdicción militar en obstaculizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares por abusos cometidos por el ejército mexicano durante las tareas que realiza hoy en día en México.A la vez, este caso forma parte del patrón de hostigamiento y abusos cometidos contra miembros de la comunidad Me'phaa en Guerrero, quienes han sufrido discriminación, abusos e injusticia durante muchos años. Amnistía Internacional ha documentado la forma continua en que defensores de derechos humanos de esa comunidad enfrentan amenazas, ataques y fabricación de delitos. Los responsables siempre se mantienen impunes a pesar de las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana.Amnistía Internacional seguirá acompañando a Inés Fernández en su búsqueda de justicia y para que México cumpla con sus obligaciones internacionales en este caso. Además, Amnistía Internacional considera que es imprescindible que México tome las medidas a nivel doméstico para garantizar que este tipo de abuso no vuelva a ocurrir y que asegure la debida diligencia en la investigación de casos de violencia contra las mujeres para que los responsables rindan cuentas.Información complementariaEn 2004 Amnistía Internacional publicó el informe, "Mujeres indígenas e injusticia militar". El informe documenta los casos de Inés Fernández, Valentina Rosendo y otras mujeres indígenas presuntamente víctimas de violación por miembros del ejército mexicano. Hasta ahora todos los casos han quedado en la impunidad.En mayo de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebra la audiencia de la demanda de Valentina Rosendo, otra mujer indígena violada y torturada por miembros del ejército en el estado de Guerrero, en 2002.La situación de hostigamiento contra defensores de derechos humanos de la comunidad indígena Me'phaa está documentado en el informe de "Exigiendo justicia y dignidad. Defensores y defensoras de los derechos humanos en México", publicado en enero de 2010.En otra audiencia publica, la Corte Interamericana aborda hoy la demanda contra Paraguay en el caso de los reclamos de la comunidad indígena Xákmok Kásek por sus tierras ancestrales. Amnistía Internacional se dirigió ayer a las autoridades paraguayas para que cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. Los casos de Inés Fernández y de los Xákmok Kásek ponen de manifiesto la marginación y discriminación que sufren los pueblos indígenas de América desde tiempos inmemoriales.