El día de hoy, martes 6 de marzo, ha tenido lugar en el municipio de Ayutla de los Libres el acto oficial de reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de la indígena Me'Phaa Inés Fernández. Este acto se da en cumplimiento de una sentencia en contra del Estado mexicano emitida en 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte).Con este acto el Estado mexicano salda una parte de su deuda con Inés Fernández, quien fuera víctima de violencia sexual por parte de integrantes de las fuerzas armadas en 2002. Sin embargo, la sentencia de La Corte ordenaba al gobierno mexicano garantizar que los responsables rindiesen cuentas de sus actos, ofrecer reparación adecuada y tomar medidas para garantizar que estas violaciones no se vuelven a repetir.Amnistía Internacional (AI) hace un enérgico llamado a las autoridades mexicanas para que den cabal cumplimiento a todas los elementos de la sentencia, que incluye una investigación imparcial y exhaustiva de la justicia civil así como a llevar a cabo las reformas necesarias para asegurar que todo abuso a los derechos humanos en contra de civiles por parte de integrantes de las fuerzas armadas sea investigado y procesado por la justicia civil, no militar.La sentencia de la Corte se sumó a la emitida con relación a Valentina Rosendo Cantú, quien al igual que Inés fuera víctima de violencia sexual por parte de integrantes de las fuerzas armadas que operaban en la zona de la montaña, en el estado de Guerrero en 2002.Desde entonces, el Estado se había negado a reconocer que las dos mujeres sufrieron violación sexual por parte de integrantes de las fuerzas armadas. Sin embargo, las decisiones de la Corte en ambos casos son contundentes en señalar que las mujeres sufrieron violación sexual por parte de militares y la negación de una investigación imparcial de los hechos.Las dos sentencias de la Corte señalan graves violaciones de derechos humanos contra ambas mujeres y sus familiares que han resultado, entre otras cosas, en impunidad por los responsables y el hostigamiento de las mujeres y las organizaciones que han apoyado a las mujeres en su lucha por la justicia.La Corte reiteró en las sentencias la obligación de México de terminar con la aplicación de la justicia militar en la investigación y procesamiento de miembros del Ejército en casos de violaciones de derechos humanos.AI considera que el fuero militar en su actual forma, es un obstáculo para llevar verdad, justicia y reparaciones a quienes han sido víctimas de abusos por parte de integrantes de las fuerzas armadas.Información generalPese a las sentencias emitidas en agosto de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, sus agresores continúan en libertad. Entre tanto, las mujeres y sus familias han sido blanco de amenazas durante sus 10 años de lucha por la justicia.En 2009, la Corte emitió una sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano sobre el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974 por integrantes del Ejército. Esta fue la primera de varias sentencias contra el Estado mexicano por violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes Ejército y la primera sentencia internacional en contra del Estado mexicano por desaparición forzada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la obligación del Estado de cumplir con estas sentencias.En 2010, el presidente Calderón presentó una iniciativa de reforma del Código de Justicia Militar. Su propuesta excluiría del ámbito de la justicia militar sólo 3 delitos: desaparición forzada, violación y tortura. AI considera que para que sea una norma que efectivamente contribuya a la defensa de los derechos humanos y cumpla con los estándares de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben excluirse del fuero militar la investigación y procesamiento de todas las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por militares. En diciembre 2011, el presidente Calderón reitero el compromiso reformar la justicia militar de conformidad con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hasta ahora no se ha promovido una iniciativa con tales características.