Tres agentes de policía han sido acusados formalmente de tortura en el estado norteño de Baja California tras una campaña incesante que la víctima, Adrián Vázquez Lagunes, su familia y su abogado han llevado a cabo, con el apoyo de Amnistía Internacional. Es la primera vez que se presentan cargos por tortura en este estado, notorio por las denuncias de tal práctica.
Tras su detención, en 2012, Adrián Vázquez Lagunes fue amenazado, golpeado y sometido a asfixia durante 12 horas bajo custodia estatal. La Procuraduría General de la República lo acusó después de portar armas ilegalmente y de ser un conocido narcotraficante, a la vez que hacía caso omiso de sus denuncias de detención arbitraria, tortura y fabricación de pruebas. Continúa privado de libertad mientras se celebra su juicio, a pesar de que las únicas pruebas pertinentes contra él son las que colocó, presuntamente, la policía para incriminarlo.
"Es un momento histórico para la justicia en Baja California, pero hay aún un largo camino que recorrer -ha señalado Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación para América de Amnistía Internacional-. Las autoridades mexicanas deben retirar todos los cargos contra Adrián Vázquez y dejarlo en libertad de inmediato. Al mismo tiempo, las autoridades tienen que continuar con sus investigaciones sobre este terrible caso, poner a todos los responsables a disposición judicial y garantizar que nunca vuelva a suceder esto."
"La detención e imputación de Adrián Vázquez es un ejemplo más de cómo las autoridades mexicanas pisotean la justicia en sus prisas por acometer la denominada 'guerra contra las drogas' del país. La policía y las fuerzas de seguridad siguen utilizando la tortura y otros malos tratos contra presuntos delincuentes para intentar que se abran procesamientos apresuradamente, y al hacerlo violan ellas mismas el derecho internacional. Esta situación no puede continuar".
Presentar cargos por tortura contra autoridades es algo sumamente inusitado en México. En el ámbito federal sólo se han dictado siete sentencias condenatorias por tortura desde 1991, cuando se tipificó la tortura como delito en el país.
Tras su detención y ya bajo custodia de la Procuraduría General de la República, Adrián Vázquez fue examinado por un médico de oficio, quien determinó que las lesiones que había sufrido bajo custodia policial no ponían en peligro su vida y se curarían en 15 días. Tras este examen, Adrián sufrió un colapso y fue trasladado de urgencia al hospital, donde lo intervinieron quirúrgicamente para salvarle la vida. En el informe hospitalario se identificaron múltiples lesiones causadas por golpes, entre ellas lesiones de pulmón y vejiga y trauma abdominal.
Las autoridades tardaron dos años en practicar a Adrián exámenes médico-forenses, y el consiguiente informe pericial no cumplió las normas internacionales básicas, como las establecidas en el Protocolo de Estambul. Esto es un problema generalizado en México. Amnistía Internacional pide a las autoridades que tomen medidas efectivas para garantizar que todas las víctimas de tortura tienen acceso a exámenes médico-forenses adecuados.
"México debe garantizar que los peritos forenses oficiales son independientes del ministerio público y que todas las víctimas de tortura tienen acceso oportuno a exámenes médico-forenses adecuados -ha añadido Carolina Jiménez-. Asimismo, en los procesos penales deben admitirse totalmente los exámenes forenses realizados por peritos independientes si cumplen el Protocolo de Estambul."