Miles de presos condenados a muerte en Pakistán están hoy un paso más cerca de la horca, al confirmar el gobierno paquistaní el cambio en su política sobre la pena capital con el anuncio de la reanudación de las ejecuciones para todos los delitos castigados con esta pena, ha declarado Amnistía Internacional.

"Este vergonzoso retroceso a la horca no resuelve en absoluto los acuciantes problemas de seguridad y orden público de Pakistán", afirmó Rupert Abbott, director adjunto del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional."Ya han sido ejecutadas tres personas este año por delitos no relacionados con el terrorismo. El anuncio de hoy es la terrible confirmación del alcance de los planes de ejecución del gobierno."El pasado mes de diciembre, las autoridades paquistaníes levantaron parcialmente la moratoria sobre la pena de muerte en vigor desde 2008. Tras la masacre de Peshawar, la mayoría de cuyas víctimas fueron niños en edad escolar, esta relajación de la prohibición permitía el uso de la pena capital sólo en casos de terrorismo.Sin embargo, entre las 24 personas ejecutadas en Pakistán desde entonces ha habido al menos tres cuyos presuntos delitos no tenían ninguna relación con el terrorismo. La decisión de hoy permitiría que, una vez más, se llevasen a cabo ejecuciones para todos los delitos castigados con la pena de muerte.Se cree que en Pakistán hay varios miles de presos condenados a muerte por diversos delitos. Muchas condenas a esta pena son impuestas en juicios injustos caracterizados por la falta de acceso a un abogado y la aceptación de pruebas inadmisibles según el derecho internacional."Pakistán está nadando contra la corriente global, pues la inmensa mayoría de los países han rechazado ya la pena de muerte en la ley o en la práctica. Esta pena es el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia y no se ha demostrado que tenga efectos disuasorios. El uso de la pena de muerte es siempre abominable, pero plantea motivos de preocupación adicionales en un país como Pakistán, donde los juicios son habitualmente injustos", concluyó Rupert Abbott.A fecha de hoy, 140 países son abolicionistas en la ley o en la práctica. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito, de la culpabilidad o inocencia de la persona y del método de ejecución.