En la madrugada del 17 de julio, Bryan Murillo López murió a consecuencia de los disparos efectuados por elementos de la policía nacional nicaragüense. Dos familiares de la víctima, su hermano Kener Murillo López y su cuñado Javier Cortez, resultaron también gravemente heridos.

Según un comunicado de la policía, los oficiales habrían disparado en defensa propia; sin embargo, la información analizada hasta el momento indicaría que la policía estaba realizando un operativo ilegal durante el cual hizo uso de armamento militar. De acuerdo a información recibida por Amnistía Internacional, las víctimas, que se encontraban desarmadas en el momento de los hechos, pertenecen a una familia abiertamente opositora al gobierno de Daniel Ortega en un contexto de sostenida violencia política contra quienes disienten del gobierno.

“La muerte del joven Bryan Murillo López, así como las graves lesiones contra Kener Murillo López y Javier Cortez, demuestran una vez más la brutalidad del gobierno de Daniel Ortega. Las circunstancias del operativo, así como el perfil de las víctimas, apuntan a que podría tratarse de un nuevo hecho de represión letal contra la disidencia”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Las autoridades nicaragüenses, lejos de dar una explicación plausible, han presentado a las víctimas como delincuentes. Exigimos la realización de una investigación exhaustiva, pronta e imparcial de estos hechos y de otras posibles violaciones graves de derechos humanos, de manera que haya acceso a la justicia para las víctimas y garantías de no repetición”.