El legado de 50 años de ocupación israelí de los territorios palestinos ha sido violaciones sistemáticas de derechos humanos en gran escala. Una de las consecuencias más devastadoras es el impacto de las políticas discriminatorias de Israel en el acceso de la población palestina a suministros adecuados de agua limpia y segura.
Poco después de la ocupación israelí de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, en junio de 1967, las autoridades militares israelíes consolidaron el poder absoluto sobre todos los recursos hídricos y las infraestructuras relacionadas con el agua en los Territorios Palestinos Ocupados. Transcurridos 50 años, Israel sigue controlando y restringiendo el acceso de la población palestina al agua en los Territorios Palestinos Ocupados en un grado que no le permite satisfacer sus necesidades ni constituye una distribución equitativa de los recursos hídricos compartidos.
En noviembre 1967, las autoridades israelíes promulgaron la Orden Militar 158, que establecía que la población palestina no podía construir ninguna nueva instalación para el abastecimiento de agua sin obtener previamente el permiso de las fuerzas armadas israelíes. Desde entonces, la extracción de agua de cualquier nueva fuente o el desarrollo de cualquier nueva infraestructura hídrica requiere el permiso de Israel, cuya obtención es poco menos que imposible. La población palestina que vive bajo la ocupación militar israelí ha seguido sufriendo hasta nuestros días las devastadoras consecuencias de esta orden. No puede perforar nuevos pozos, instalar bombas ni ahondar pozos ya existentes, y además se le niega el acceso al río Jordán y a los manantiales de agua dulce. Israel controla incluso la acumulación de agua de lluvia en la mayor parte de Cisjordania, y es frecuente que el ejército israelí destruya las cisternas que para este fin poseen las comunidades palestinas. En consecuencia, unas 180 comunidades palestinas en zonas rurales de la Cisjordania ocupada no tienen acceso alguno a agua corriente, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH). Incluso en ciudades y pueblos conectados a la red de suministro de agua, a menudo las cañerías están secas.
Al tiempo que restringe el acceso de la población palestina al agua, Israel ha desarrollado de hecho sus propias infraestructuras hídricas y su red de abastecimiento de agua en Cisjordania para uso de sus propios ciudadanos en Israel y en los asentamientos, que son ilegales en virtud del derecho internacional. Mekorot, la empresa estatal israelí de abastecimiento de agua, ha perforado sistemáticamente pozos y ha explotado manantiales en la Cisjordania ocupada para abastecer de agua a su población, incluida la que vive en asentamientos ilegales, para uso doméstico, agrícola e industrial. Si bien Mekorot vende parte del agua a empresas de suministro de agua palestinas, son las autoridades israelíes las que deciden el volumen. Como consecuencia de las continuas restricciones, muchas comunidades palestinas de Cisjordania se ven obligadas a comprar agua que se transporta en camiones a precios mucho más elevados, entre 4 y 10 dólares de EE. UU. por metro cúbico. En algunas de las comunidades más pobres, el gasto en agua puede representar en ocasiones la mitad de los ingresos mensuales de una familia.
Las autoridades israelíes también limitan el acceso de la población palestina al agua impidiendo o restringiendo su acceso a extensas zonas de Cisjordania. Muchas partes de Cisjordania han sido declaradas “zonas militares cerradas”, donde los palestinos no pueden entrar, por estar cerca de asentamientos israelíes, por discurrir en sus proximidades carreteras utilizadas por colonos israelíes, por utilizarse para la instrucción de las fuerzas armadas israelíes, o por ser reservas naturales protegidas.
Los colonos israelíes que viven junto a palestinos en Cisjordania —en algunos casos, separados por sólo unos cientos de metros— no sufren esas restricciones ni escasez de agua, y pueden gozar y sacar provecho de explotaciones agrícolas bien regadas y piscinas.
En Gaza, entre el 90% y el 95%, aproximadamente, del suministro de agua está contaminado y no es apto para el consumo humano. Israel no permite el traslado de agua de Cisjordania a Gaza, y el único recurso de agua dulce de Gaza, el acuífero costero, es insuficiente para satisfacer las necesidades de la población y se está agotando gradualmente debido a la extracción excesiva y está contaminado por aguas residuales y por la infiltración de agua del mar.
La desigualdad resultante en el acceso al agua entre israelíes y palestinos es realmente asombrosa. El consumo de agua de los israelíes es al menos cuatro veces mayor que el de los palestinos que viven en los Territorios Palestinos Ocupados. La población palestina consume por término medio 73 litros de agua al día por persona, cantidad muy inferior al mínimo diario de 100 litros per cápita recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En muchas comunidades ganaderas de Cisjordania, el consumo de agua es de sólo 20 litros por persona y día para miles de palestinos, según la OCAH. En cambio, cada israelí consume un promedio de 300 litros de agua al día, aproximadamente.
Cuando han pasado 50 años, es hora de que las autoridades israelíes pongan fin a las políticas y prácticas que discriminan a la población palestina en los Territorios Palestinos Ocupados y aborden su acuciante necesidad de seguridad hídrica. Las autoridades israelíes deben levantar las restricciones actualmente en vigor, que niegan a millones de palestinos el acceso a agua suficiente para satisfacer sus necesidades personales y domésticas y para disfrutar de su derecho al agua, a la alimentación, a la salud y a un nivel de vida adecuado.
Efectos devastadores para las comunidades del valle del Jordán
En septiembre de 2017, un equipo de investigación de Amnistía Internacional se entrevistó con personas residentes en el valle del Jordán y fue testigo directo del catastrófico impacto que las restricciones de agua tienen en la vida diaria de la gente.
Ihab Saleh, cultivador de calabazas y pepinos que vive en Ein al Beida, población palestina de unos 1.600 habitantes situada en la parte septentrional de Cisjordania, es uno de los cientos de miles de personas cuya vida y medios de sustento han sido destruidos por las restricciones de agua israelíes. En los últimos 25 años, Ihab ha visto cómo se secaba gradualmente el manantial local tras perforar la empresa israelí Mekorot dos pozos cerca de la vecina comunidad palestina de Bardala, para abastecer al asentamiento israelí de Mehola. El volumen de agua que las autoridades israelíes asignan al pueblo ha ido disminuyendo con los años, dice, y en numerosas ocasiones se ha cortado totalmente el suministro. A pesar de un acuerdo para compensar a las poblaciones palestinas de Bardala y Ein al Beida, desde mediados de la década de 1970 Israel ha reducido de forma considerable el volumen de agua disponible para estas dos comunidades.