El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no debe perder de vista el derecho de las víctimas a obtener justicia por los horrendos crímenes que se cometieron en Kenia durante el periodo postelectoral, hace casi seis años. Esa es la advertencia que ha lanzado Amnistía Internacional en vísperas de las conversaciones que se celebrarán el jueves.Está previsto que el Consejo de Seguridad mantenga un diálogo informal sobre el tema con representantes de Kenia y de la Unión Africana (UA). Este diálogo tendrá lugar después de que, este mismo mes, la UA pidiera un aplazamiento de los juicios a los que está sometiendo la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente keniano Uhuru Kenyatta y al vicepresidente William Ruto por su presunta implicación en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la violencia postelectoral de 2007/2008."Un aplazamiento de los juicios en curso ante la CPI contra los dirigentes de Kenia transmitiría el peligroso mensaje de que la comunidad internacional no apoya la justicia para las víctimas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", ha manifestado Netsanet Belay, director del Programa para África de Amnistía Internacional."Los miembros del Consejo de Seguridad no deben echarse atrás respecto al principio de que las víctimas de los delitos más graves del mundo tienen derecho a obtener justicia. Las autoridades de Kenia han demostrado repetidamente que no pueden o no quieren administrar justicia en estos casos. Por lo tanto, debe permitirse que los juicios ante la CPI procedan sin más impedimentos."La carta enviada el 12 de octubre por la UA para pedir un aplazamiento alega que la demora proporcionaría "[ …] el tiempo requerido para mejorar el esfuerzo dirigido a combatir el terrorismo y otras formas de inseguridad en el país y en la región."La carta se refería al violento ataque que tuvo lugar contra el centro comercial Westgate en la capital de Kenia, Nairobi, entre el 21 y el 24 de septiembre. El ataque, presuntamente perpetrado por el grupo armado de islamistas somalíes Al Shabab, se cobró al menos 68 vidas y dejó más de 175 heridos.Inmediatamente después de este ataque, la CPI concedió al vicepresidente Ruto un aplazamiento temporal de su juicio para que desempeñara sus deberes oficiales en Kenia. La Corte ha declarado también que permitirá que los acusados estén ausentes del tribunal en circunstancias excepcionales."Estas decisiones reflejan que la CPI está manteniendo el equilibrio en cuanto a la necesidad de celebrar un juicio rápido y justo, teniendo en cuenta los intereses de víctimas y testigos, por un lado, y los derechos y deberes de los dos acusados, por el otro", ha manifestado Netsanet Belay.Amnistía Internacional considera que el aplazamiento del juicio de los dirigentes kenianos sentaría un peligroso precedente para la justicia internacional."El aplazar o demorar de cualquier otra manera los juicios de Kenyatta y Ruto supondría un desastroso revés para las víctimas. Transmitiría el peligroso mensaje de que los juicios futuros pueden alterarse por intereses políticos", ha declarado Netsanet Belay."Un aplazamiento ahora alimentaría la impunidad e incentivaría a los altos cargos políticos a no dejar nunca su cargo si son sospechosos de delitos de derecho internacional. Haría peligrar los cimientos mismos del sistema de justicia internacional creado cuando se estableció la CPI."La organización ha instado a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a animar al gobierno de Kenia a seguir colaborando y cooperando plenamente con la CPI, y a garantizar que los juicios siguen adelante sin demoras indebidas.
Información complementariaEl Consejo de Seguridad de la ONU puede aplazar los procedimientos de la CPI durante un año, de acuerdo con el artículo 16 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.Kenia pidió en mayo de 2013 al Consejo de Seguridad que aplazara los casos contra el presidente Kenyatta y el vicepresidente Ruto, y el 12 de octubre de 2013 la Unión Africana presentó una nueva petición a ese respecto.Más de un millar de personas murieron y unas 600.000 se vieron obligadas a desplazarse por el estallido de violencia que azotó Kenia tras las elecciones presidenciales y parlamentarias del país, a finales de 2007.La violencia estalló entre los grupos que apoyaban a Mwai Kibaki, del Partido de Unidad Nacional (PNU), declarado vencedor de las elecciones presidenciales, y los que apoyaban a su principal rival, Raila Odinga, líder del Movimiento Democrático Naranja, y se concentró especialmente en la zona keniana del valle del Rift y en el oeste del país.El presidente Kenyatta y el vicepresidente Ruto, ambos figuras políticas destacadas durante la violencia postelectoral, están acusados de crímenes de lesa humanidad tales como asesinato, traslado forzoso de población y persecución. El presidente Kenyatta está acusado también de responsabilidad en violación y otros actos inhumanos -como circuncisión forzada y amputación del pene- perpetrados por Mungiki, una banda delictiva presuntamente bajo el control del presidente.Para más información, consulten la carta abierta de Amnistía Internacional al Consejo de Seguridad:
http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR32/010/2013/en