El 25 de enero el Perú será examinado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), que cada cuatro años evalúa la situación de los derechos humanos de los Estados miembros. Amnistía Internacional ha evaluado la aplicación de las recomendaciones formuladas a Perú en el EPU anterior (2017) y ha registrado un bajo cumplimiento, e incluso retrocesos en materia de derechos humanos. Desde este análisis, la organización ha formulado un conjunto de recomendaciones al Estado peruano.

Amnistía Internacional rechaza la decisión del Tribunal Constitucional que declara fundado el hábeas corpus que reestablece el indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori, otorgado en 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

Las ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, dijo Amnistía Internacional hoy en su nuevo informe Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela sobre los hechos ocurridos en Venezuela en finales de enero de 2019.

Amnistía Internacional y Airwars presentan un sitio web interactivo que documenta centenares de muertes de civiles La investigación más exhaustiva sobre las muertes de civiles en la guerra moderna Las fuerzas estadounidenses, británicas y francesas siguen negando su responsabilidad y admiten sólo el 10% de los homicidios La coalición militar dirigida por Estados Unidos debe poner fin a casi dos años de negación de las muertes de civiles y la destrucción en gran escala que causó en la ciudad siria de Raqqa, han manifestado Amnistía Internacional y Airwars hoy, con motivo de la presentación de un nuevo proyecto de recopilación de datos sobre la ofensiva lanzada para expulsar al grupo armado autodenominado “Estado Islámico. El sitio web interactivo Rhetoric versus Reality: How the ‘most precise air campaign in history’ left Raqqa the most destroyed city in modern times  (Retórica contra realidad: cómo la “campaña aérea más precisa de la historia” convirtió Raqqa en la ciudad más destruida de los tiempos modernos) es la investigación más exhaustiva que se ha realizado sobre las muertes de civiles en un conflicto moderno. Basado en caso dos años de investigación, ofrece un relato brutalmente vívido de la pérdida de más de 1.600 vidas civiles como consecuencia directa de miles de ataques aéreos estadounidenses, británicos y franceses y decenas de ataques de artillería estadounidenses, efectuados en la campaña militar de la coalición contra Raqqa de junio a octubre de 2017.

Cifras globales En 2018, Amnistía Internacional registró, al menos, 690 ejecuciones repartidas en 20 países, lo que supuso un descenso del 31% con respecto al año 2017, en que se registraron, al menos, 993 ejecuciones. Se trata del número más bajo de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional durante los últimos 10 años.

Esta decisión representa un cierre esperado para las víctimas de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, por las cuales el ex Presidente Fujimori fue condenado a 25 años de prisión. Ello, tras las heridas que innecesariamente reabrió el indulto que le fue otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017. Asimismo, la decisión reconoce la lucha histórica de dichas familias, quienes llevan décadas defendiendo sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación

El 17 de diciembre se llevará a cabo ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú una audiencia pública sobre el indulto concedido a Alberto Fujimori. En ese contexto, Amnistía Internacional señala que dicho tribunal tiene la oportunidad de hacer prevalecer las obligaciones internacionales del estado peruano con relación al indulto concedido a Alberto Fujimori. Asimismo, recordó al estado peruano que los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación deben estar por encima de consideraciones políticas. La Sala Penal Especial debe decidir en segunda instancia si confirma o no la resolución dictada el 3 de octubre de 2018 por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, la cual dio la razón a los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta y declaró que el indulto que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le había otorgado el día 24 de diciembre de 2017 al expresidente Alberto Fujimori, condenado por delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad, es inaplicable en el caso

Reaccionando a la decisión del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de declarar que el indulto otorgado al ex Presidente Alberto Fujimori el 24 de diciembre de 2017 no tiene efectos jurídicos, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado: “El fallo del tribunal es una victoria para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, por las cuales el ex Presidente Fujimori fue condenado a 25 años de prisión. Asimismo, reconoce la lucha histórica de las familias de las víctimas, quienes llevan décadas defendiendo sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Esta decisión manda un mensaje claro de que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes”.

Mañana, 8 de mayo, la Sala de Apelaciones de Ica decidirá si rectifica la absolución de los defensores ambientales Oscar Mollohuanca Cruz, exalcalde de Espinar, Herbert Huamán y Sergio Huamaní Hilario, expresidente y exvicepresidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE). Ellos fueron absueltos en primera instancia en julio de 2017 por el Primer Juzgado Unipersonal de Ica al considerar que la Fiscalía se limitó a realizar la acusación con ausencias para determinar la acreditación de la causa probable de un delito.

Durante 2017, Amnistía Internacional registró un mínimo de 993 ejecuciones en 23 países: una reducción del 4% respecto a 2016 (con 1.032 ejecuciones) y del 39% respecto a 2015 (cuando la organización informó de 1.634 ejecuciones, la cifra más cuantiosa desde 1989).

Un día más en prisión, un día más de injusticia El 5 de abril de 2018 se conmemora un triste acontecimiento. El presidente honorario de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, lleva 300 días encarcelado injustamente. Pero nuestra lucha por conseguir su libertad continúa.  

Carolina Jiménez es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Alicia Moncada es la responsable del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.   SAN JOSÉ DE LA COSTA, Venezuela — La última vez que Génesis Vasquez oyó la voz de su esposo, éste estaba a punto de subir al pequeño bote de madera que iba a llevarlo desde Venezuela a la vecina isla de Curaçao. Incapaz de encontrar un trabajo fijo en Venezuela y con problemas para mantener a su familia, Jóvito Gutiérrez Yance confiaba en encontrar nuevas oportunidades fuera del país.   “Reza por mí y enciende una vela”, le dijo a Génesis antes de despedirse de ella y sumarse a los 30 pasajeros que abarrotaban la frágil embarcación. Salieron del puerto de San José de la Costa poco antes del amanecer.   El barco nunca llegó a Curaçao. Volcó cerca de la costa suroriental de la isla el 10 de enero. Las operaciones de búsqueda y salvamento dirigidas sobre todo por las autoridades de Curaçao se vieron dificultadas porque, unos días antes, el gobierno venezolano había ordenado el cierre temporal del tráfico aéreo y marítimo con Curaçao y dos islas vecinas. Los equipos de salvamento recuperaron sólo cinco cuerpos. El resto de los pasajeros, incluido Jóvito, sigue en paradero desconocido.   “Fue por nosotros, por nuestros sueños”, dice Génesis un día de calor sofocante en su casa del noroeste de Venezuela. La pareja no podía permitirse tener los hijos que deseaban, explica. Lo único que puede hacer ahora Génesis es esperar noticias, sus sueños de una familia hechos añicos.   Venezuela está en medio de una crisis de derechos humanos que está obligando a las personas a hacer el desesperado y peligroso viaje de 60 millas a la isla caribeña neerlandesa de Curaçao en busca de seguridad y subsistencia. Muchas huyen de la persecución política tras la represión del gobierno a la disidencia que ha causado la muerte de al menos 120 manifestantes.   Algunas se marchan porque ya no pueden alimentar a su familia debido a la hiperinflación y la escasez crónica de comida. Otras han partido en busca de un sistema de salud que funcione y de medicamentos que ya no pueden encontrar en Venezuela. El naufragio de enero fue un indicio de hasta qué punto es desesperada la situación. La esposa de Jóvito está atrapada ahora en un tortuoso limbo, sin noticias de su esposo. Los padres de Jeanaury Jiménez, de 18 años, cuyo cuerpo fue recuperado tras el hundimiento del barco, alternan la pena con la preocupación por el futuro.   Jeanaury ya había sido expulsada una vez de Curaçao y había prometido a sus padres que nunca repetiría el peligroso trayecto. Pero cuando sus hermanas gemelas nacieron prematuras, la familia pasó apuros para alimentarlas y Jeanaury decidió volver a Curaçao con la esperanza de encontrar trabajo.   Unos días después de que se encontrase el cuerpo de Jeanaury, su madre pasea por la casa familiar, en la localidad costera de La Vela de Coro, con las bebés gemelas en brazos. No encuentra leche ni leche maternizada para ellas. Su padre mira fijamente al suelo mientras explica que su salario como chofer de camión ya no es suficiente para cubrir las necesidades de la familia. Hay fotos de Jeanaury en las paredes de la sala.   Mientras familias como la de Jeanaury se preguntan de dónde vendrá su próxima comida, las vías de salida de Venezuela son cada vez más inaccesibles. El precio de un vuelo o incluso el viaje por tierra es demasiado caro para la mayoría de la gente, y el cierre intermitente de las fronteras ha propiciado la aparición de peligrosas rutas clandestinas controladas por pasadores. Mujeres, niños y niñas, adolescentes y comunidades indígenas son especialmente vulnerables a los problemas relacionados con la salud y la seguridad.   Muchos países vecinos carecen de un sistema de asilo para ayudar a las personas venezolanas cuando llegan, y en los últimos años, varios han endurecido los controles migratorios destinados a esta población. En 2016, la gobernadora de Curaçao, Lucille George-Wout, pronunció un discurso incendiario en el que afirmó que “casi todas las personas que llegan proceden exclusivamente de las áreas de la delincuencia, los empleos ilegales y la prostitución”.   La gente sigue marchándose, dispuesta a arriesgarse a sufrir discriminación y a hacer el peligroso trayecto para intentar tener una existencia más segura. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde 2014, al menos 145.000 personas procedentes de Venezuela han pedido asilo en otros países. Otras 444.000 han solicitado acogerse a otros programas fuera del sistema de asilo que les permitan vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado.   La familia Razz, de La Vela de Coro, en la costa noroccidental de Venezuela, sabe mejor que la mayoría lo peligroso que puede ser el viaje para salir del país. Normelys, de 34 años, perdió a su esposo Danny en el hundimiento fatal del 10 de enero. Su hermana menor Nereida sigue esperando noticias de su esposo, Oliver, en paradero desconocido. Ambos hombres viajaban a Curaçao en busca de trabajo, y la doble tragedia ha dejado a la familia en circunstancias aún más precarias. Normelys recuerda la última llamada de teléfono de su esposo Danny antes de que zarpara. “Me dijo: ‘Dile a mis hijas que las quiero; estaré bien adonde vaya. No estés triste’”, dijo. “Tenía la voz de quien se está despidiendo”. Es habitual que quienes consiguen llegar a Curaçao sean detenidos y expulsados y que intenten una y otra vez llegar de nuevo allí. Danny ya había estado dos veces en Curaçao e incluso había ahorrado dinero suficiente para abrir un negocio de mototaxi en Venezuela, pero los problemas económicos continuos lo llevaron a huir de nuevo a la isla. Una tercera hermana Razz, Neyra, vivió dos meses en la isla sin documentos en 2017. De vez en cuando limpiaba casas por dinero, pero las batidas policiales eran una preocupación constante. Al final la detuvieron, la tuvieron recluida dos semanas y la enviaron de regreso a Venezuela.   Como muchas personas, Neyra había ido a Curaçao con la esperanza de comprar productos básicos como comida y medicamentos que ya no hay en Venezuela. Enseguida descubrió que las cosas no eran tan fáciles para quienes no tenían documentos de viaje válidos.   “Mi vida allí fue horrible”, dijo. “Quería traer medicinas, comida, pero no te dejan comprar medicinas ni siquiera con un historial médico. Me sentí totalmente impotente”.   Venezuela ignora los llamamientos internacionales para que aborde las causas de la crisis de derechos humanos que está obligando a la gente a marcharse y se ha negado a aceptar la cooperación internacional para garantizar el acceso a alimentos y medicinas. Por el contrario, el gobierno redobla sus medidas represivas, haciendo insoportable la vida para quienes se quedan.   El Estado venezolano tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda la ciudadanía venezolana, y la comunidad internacional debe proporcionar a Venezuela ayuda para ello.   Los países vecinos comparten la responsabilidad de encontrar soluciones regionales. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a los Estados que implementen mecanismos para la protección y el trato humano de las personas migrantes y refugiadas. Perú, Brasil y Colombia han dado algunos pasos en este sentido, pero hacen falta muchas más medidas para prevenir nuevas tragedias. Dos meses después del naufragio, las familias de quienes siguen en paradero desconocido piden a las autoridades de Venezuela y Curaçao que continúen buscándolos y que hagan pruebas de ADN a los cuerpos que quedan por identificar. Dicen que sus ruegos han sido respondidos con el silencio. “Venezuela no está bien”, dice Nereida Razz. No ha sabido nada aún de su esposo. Pero afligida y todo, Nereida entiende por qué Oliver tuvo que marcharse. “Se fue en busca de algo mejor, porque vivir así te parte el corazón”.

México vivió tiempos muy duros hace tres meses, cuando se vio sacudido por un terremoto que, además de ser el segundo en un mes, fue el más letal que el país ha debido afrontar en 30 años. Los terremotos de septiembre de 2017 dejaron cientos de personas muertas y causaron graves daños en las comunidades más cercanas a los epicentros. Durante ese mes, la población mexicana salió a ayudar a sus compatriotas, orgullosa de su lado más humano, e incluso cosechó reconocimiento internacional por el altruismo y las acciones heroicas de sus civiles.

Ante el artículo del New York Times según el cual un informe inédito de la ONU revela que entre 2012 y 2017 Corea del Norte envió en secreto a Siria suministros que podían utilizarse para producir armas químicas prohibidas internacionalmente, Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio, ha declarado:

El preso de conciencia Villca Fernández finalmente recibió atención médica después de que se le hubiera negado el tratamiento médico que necesitaba urgentemente desde junio de 2017. Desde el 26 de enero de 2018, las autoridades penitenciarias han trasladado a Villca Fernández a un hospital militar en varias ocasiones para que recibiera un tratamiento continuado.

Los retuits de Donald Trump de comentarios islamófobos de un grupo marginal de extrema derecha británico fueron sólo la punta del iceberg. Desde Myanmar hasta Estados Unidos, en 2017 una avalancha de comentarios online controvertidos suscitaron un debate en gran escala sobre cómo pueden utilizarse las redes sociales para incitar al odio y la discriminación.